La designación de Manuel Calvo como jefe de Gabinete y la llegada de Gabriel Frizza al gobierno no son sólo cambios administrativos: son piezas de una estrategia más grande con la que Martín Llaryora busca ordenar el poder, disciplinar internas y blindar el año electoral. El problema es que, en ese movimiento, también quedaron expuestas tensiones con el interior, con los intendentes fuertes y con una posible ampliación hacia Natalia de la Sota.

“Hay que ordenarnos, muchachos”. La frase, repetida en voz baja y también con fastidio en despachos del Panal, resume el clima que atraviesa al gobierno provincial. Lo que apareció como una simple reestructuración del gabinete es, en realidad, la admisión de que el oficialismo entró de lleno en modo campaña y necesita acelerar decisiones, achicar ruidos y volver a poner bajo una sola línea de mando a un esquema que había empezado a mostrar dispersiones.

Martín Llaryora tomó nota. Y esta semana empezó a mover piezas. Le dio a Manuel Calvo la coordinación política e institucional del gabinete, una función clave en una etapa en la que la velocidad de respuesta vale casi tanto como la gestión misma. Calvo no es un improvisado ni un nombre decorativo: es uno de los ministros con más experiencia y uno de los pocos que entienden, al mismo tiempo, el funcionamiento del Estado y el precio de cada decisión política.

Pero el mensaje más fuerte no fue ese. La verdadera señal llegó con la designación de Gabriel Frizza, dirigente del PRO y ex intendente de Jesús María, al frente del Ministerio de Cooperativas y Mutuales. El cargo, que ya había sido atravesado por distintas manos y por distintas internas, quedó ahora en manos de un ex Cambiemos. No es un dato menor. En Córdoba, cuando el peronismo abre la puerta a un extrapartidario, no lo hace por generosidad: lo hace porque necesita sumar volumen, ensanchar frontera y mostrar que todavía tiene capacidad de absorber dirigentes.

El problema es el costo político de esa jugada. En buena parte del peronismo cordobés, sobre todo en el interior, el recambio fue leído como una señal hacia afuera que no termina de ordenar hacia adentro. La ausencia de varios ministros en la jura de Frizza, más allá de las excusas protocolares, dejó una postal incómoda: el gobierno quiere exhibir amplitud, pero no siempre logra esconder los recelos que despierta esa amplitud dentro de su propia tropa.

La discusión de fondo es vieja, aunque ahora se volvió más urgente: quién conduce, quién representa, quién junta votos y quién aporta territorialidad. En el Panal distinguen con claridad a los funcionarios con ADN capitalino de los que tienen despliegue en el interior. No es una división inocente. Es la manera elegante de admitir que hay dos lógicas de poder conviviendo dentro del mismo gobierno, con objetivos que no siempre son idénticos.

Miguel Siciliano, Juan Pablo Quinteros y Guillermo Acosta son vistos como hombres que orbitan más cerca de la lógica de la Capital; Daniel Pastore, Fabián López, Marcos Torres, Busso, Julián López y ahora Frizza aparecen en la fila de los que deben trabajar la geografía más difícil, donde los votos no caen solos y los intendentes no se alinean por obediencia sino por conveniencia. En el llaryorismo saben que el interior no se conquista con discursos: se conquista con obra, recursos y supervivencia política.

Por eso también el armado provincial quedó puesto al servicio de una consigna concreta: hacer que la mayor cantidad de intendentes posible pegue sus elecciones locales con las provinciales. Esa es la madre de todas las batallas. Si el peronismo llega ordenado, con plata y con control territorial, puede administrar la elección. Si llega fragmentado, con cajas ajustadas y con jefes comunales mirando para otro lado, el escenario se complica rápido. Nadie quiere perder, pero tampoco todos están dispuestos a poner el cuerpo sin garantías.

En ese contexto, en el propio riñón del PJ aparecieron voces que advierten que la estrategia del gobierno envía señales equivocadas a quienes podrían ser socios más adelante, en especial a Natalia de la Sota. El diagnóstico que repiten algunos dirigentes es brutalmente simple: si realmente la quieren sumar, están haciendo todo lo contrario. Y esa lectura no surge sólo por diferencias ideológicas, sino por la sensación de que el poder provincial sigue administrando los vínculos desde la imposición y no desde la construcción.

La foto de Calvo con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y la llegada de Frizza al gabinete fueron interpretadas como movimientos que, lejos de acercar a ciertos sectores del peronismo tradicional, los empujan a mirar con desconfianza. Lo mismo ocurrió con la escasa sintonía que algunos sectores dicen haber visto hacia intendentes de peso. Eduardo Accastello, por caso, no estuvo en la jura y su ausencia no pasó inadvertida. En política, sobre todo en Córdoba, las ausencias también hablan.

Accastello no es un actor cualquiera. Tiene votos, estructura, territorio y capacidad de condicionar. En un departamento estratégico como General San Martín, donde economía y peso electoral se cruzan, su presencia o su distancia nunca son neutrales. El gobierno lo sabe. Y aun así, la foto política de estos días pareció hablar más de un reordenamiento interno que de una ampliación real del poder.

Llaryora, que suele consultar muchas voces antes de decidir, vuelve a mostrar su rasgo más conocido y también su mayor límite: escuchar demasiado, demorarse un poco más de lo que la coyuntura tolera y terminar corriendo detrás de la velocidad de los hechos. Ese método le sirvió como intendente. Como gobernador, empieza a exigirle otra musculatura. En el poder provincial ya no alcanza con administrar bien: hace falta mandar con precisión y, sobre todo, definir rápido.

A esa tensión se suma un frente que el gobierno no termina de cerrar: la crisis que dejó el femicidio de Agostina Vega. La revelación del subsidio otorgado por Desarrollo Social volvió a instalar preguntas incómodas sobre la reacción estatal y la comunicación oficial. Cuando la administración intenta mostrar orden, ese tipo de episodios le devuelve una imagen menos prolija: improvisación, daño controlado a medias y una estructura que llega tarde a los golpes más graves.

Mientras tanto, en el oficialismo también leen la campaña desde la oposición. Algunos operadores sostienen que una fractura en el frente antiperonista podría terminar favoreciendo al gobierno, especialmente si dirigentes con volumen propio terminan dividiendo el voto. En esa hipótesis, el llaryorismo apuesta a presentarse como la única fuerza capaz de ordenar la provincia, cerrar filas y sostener gestión. Pero la estrategia tiene una trampa: para vender orden, primero hay que demostrarlo puertas adentro.

La pregunta entonces no es sólo si el gabinete quedó más ágil. La pregunta real es otra: ¿alcanzan estos cambios para consolidar poder, o apenas revelan que el oficialismo entró en una etapa en la que necesita reacomodarse para no perder control? Y más todavía: ¿hay voluntad genuina de ampliar con Natalia de la Sota, o sólo un discurso de apertura mientras se refuerzan los cercos?

Por ahora, la respuesta parece incómoda. El gobierno habla de integración, pero expone fisuras. Habla de coordinación, pero muestra recelos. Habla de ampliar, pero sigue administrando el poder con demasiada lógica de exclusivo. Y en política, cuando las señales son tan contradictorias, la duda deja de ser un detalle: se vuelve el centro de la escena.