La Justicia de Córdoba hoy enfrenta la peor crisis salarial de las últimas tres décadas. Lo preocupante es que ya no se trata únicamente de un reclamo sindical. El conflicto escaló a un punto donde también jueces, fiscales y camaristas advierten que la pérdida del poder adquisitivo se volvió insostenible.

Cuando quienes integran todos los escalones del Poder Judicial coinciden en que el sistema está en crisis, el Gobierno debería comprender que el problema dejó de ser sectorial para transformarse en institucional.

No estamos frente a una discusión salarial más. Estamos frente a una política de ajuste que, una vez más, tiene como variable de equilibrio a los trabajadores del Estado y que ahora también golpea a uno de los poderes que sostienen el funcionamiento de la República.

La administración de Martín Llaryora insiste en exhibir orden fiscal, equilibrio de las cuentas públicas y capacidad de gestión. Sin embargo, detrás de esos números prolijos aparece una realidad que ya no puede ocultarse: cada vez son más los sectores del Estado provincial que ven deteriorados sus ingresos mientras la inflación, aunque desacelerada, continúa erosionando los salarios.

En el caso del Poder Judicial existe además un componente que agrava el conflicto: la ley previsional impulsada por el oficialismo provincial. La reforma no sólo modificó las condiciones jubilatorias de magistrados y empleados, sino que terminó profundizando el malestar en un ámbito que históricamente se caracterizó por la estabilidad.

El resultado está a la vista. Asambleas, medidas de fuerza, audiencias suspendidas, expedientes demorados y un clima interno que afecta inevitablemente el servicio que reciben miles de cordobeses.

Porque conviene decirlo con claridad: cuando la Justicia entra en conflicto, los principales perjudicados no son únicamente sus trabajadores. Son los ciudadanos que esperan durante meses —y muchas veces años— una resolución judicial. Son las víctimas que aguardan una sentencia, las familias que necesitan una respuesta y las empresas que dependen de decisiones judiciales para continuar produciendo.

La calidad institucional también se mide por la capacidad de un gobierno para garantizar el funcionamiento armónico de los poderes del Estado. Y hoy esa armonía está quebrada.

Lo más preocupante es la respuesta oficial. En lugar de abrir una instancia seria de negociación, el Gobierno parece apostar al desgaste. La estrategia de dejar correr el conflicto, administrar el malestar y ofrecer soluciones parciales ya fracasó con otros sectores de la administración pública. Persistir en ese camino sólo profundizará una crisis que amenaza con deteriorar aún más la confianza de los cordobeses en sus instituciones.

Gobernar no consiste únicamente en equilibrar planillas de Excel. También implica comprender que detrás de cada decisión presupuestaria existen personas, servicios esenciales e instituciones que sostienen la vida democrática.

Si hoy hasta jueces y camaristas —actores históricamente alejados de la protesta pública— consideran necesario levantar la voz, es porque el problema alcanzó una dimensión extraordinaria. Desestimar ese mensaje sería un error político de enorme magnitud.

Por eso considero indispensable que el Gobierno Provincial convoque de manera inmediata a una mesa de diálogo real, con propuestas concretas, voluntad de acuerdo y plazos ciertos. Córdoba no necesita más comunicados ni promesas. Necesita decisiones.

La Justicia no puede seguir funcionando bajo un esquema de conflicto permanente. Porque cuando el ajuste termina debilitando a uno de los poderes del Estado, lo que comienza a resquebrajarse no es solamente el salario de quienes trabajan allí. Lo que empieza a perderse es la calidad institucional que todos los cordobeses merecemos defender.