Los camaristas federales, que son pareja, quedaron bajo la lupa por un viaje valuado en unos 34 mil dólares. La pesquisa se suma a otra causa abierta en abril por presuntas maniobras irregulares en la integración de salas de la Cámara Federal de Córdoba.

La Justicia Federal de Córdoba atraviesa una de sus mayores crisis institucionales de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, pareja entre sí, quedaron involucrados en dos investigaciones penales que comprometen el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y reavivan sospechas sobre presuntos vínculos entre magistrados y sectores empresarios.

La ofensiva más reciente se conoció este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, impulsaron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

El expediente apunta a un vuelo privado a Punta del Este que la pareja habría realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024, en un avión matrícula LV-WTP. Según la reconstrucción fiscal, el traslado y el regreso habrían tenido un costo cercano a los 34 mil dólares.

La principal incógnita de la investigación es quién pagó el viaje. Por ahora, los allanamientos realizados no permitieron identificar al supuesto financista, aunque la fiscalía detectó vínculos societarios que conducen a dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

La aeronave pertenece a Airjet S.A., sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene, además, que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar la conducción formal de la compañía.

Ese dato cobró relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol. En varias oportunidades, la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar planteos de los vecinos, entre ellos la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori. De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una extensa disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba. Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse, pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces habrían aceptado una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

Pero el expediente por el vuelo privado no es el único frente que complica a los camaristas. En abril, Hairabedián y Turano ya habían impulsado otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

En esa causa se denunció que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, especialmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de alto impacto económico.

La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en causas sensibles. Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

En los tribunales federales de Córdoba nadie recuerda un escenario semejante. La Cámara Federal es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

Fuentes judiciales no descartan que en los próximos días se profundicen las medidas de prueba, con un eventual análisis patrimonial de ambos magistrados y nuevas pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

Las investigaciones también derrumbaron la estrategia de Sánchez Torres de proyectarse como eventual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio camarista, según trascendió, habría expuesto ese plan ante Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás, en busca de respaldo para destrabar resistencias en el círculo rojo.

La jugada coincidió con la caída de Ariel Lijo. Pero el nuevo frente judicial contra Sánchez Torres terminó de sepultar cualquier posibilidad de avanzar hacia el máximo tribunal.

En medio de ese cuadro, la Justicia Federal de Córdoba aparece atravesada por una crisis sin precedentes recientes, con dos camaristas bajo investigación y con la sospecha de fondo de un posible entramado de favores entre el poder judicial y el poder económico.