El pedido de informes impulsado por la concejal radical Fabiana Gutiérrez fue analizado en la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante. La edil advirtió sobre los costos que enfrentan comerciantes y gastronómicos alcanzados por el régimen de Grandes Generadores y reclamó controles sobre las empresas privadas, además de alternativas para facilitar la regularización de los negocios más pequeños.
La situación de los comercios y locales gastronómicos alcanzados por el sistema de Grandes Generadores de Residuos volvió al centro de la discusión en el Concejo Deliberante de Córdoba. Durante el tratamiento en la Comisión de Ambiente, la concejal Fabiana Gutiérrez (UCR) insistió en la necesidad de revisar un esquema que, según planteó, termina imponiendo una fuerte carga económica especialmente sobre los pequeños y medianos comerciantes.
En la reunión también intervino la concejal Elisa Caffaratti, y uno de los principales puntos de preocupación fue cómo facilitar el cumplimiento de la normativa sin convertirlo en una barrera económica para quienes sostienen actividades comerciales de menor escala.
El planteo de Gutiérrez parte de una contradicción que considera central: el régimen vigente excluye a los denominados Grandes Generadores del servicio público de recolección de residuos húmedos y secos y los obliga a contratar un operador privado. Sin embargo, el pedido de informes busca determinar si esos mismos contribuyentes continúan pagando dentro de sus obligaciones municipales conceptos vinculados con la recolección y la higiene urbana.
“No podemos permitir que la Municipalidad delegue su responsabilidad y deje a nuestros vecinos a merced de un mercado sin suficiente competencia”, cuestionó Gutiérrez, quien puso el foco en lo que definió como una posible “doble imposición”: pagar al Municipio y, al mismo tiempo, afrontar obligatoriamente el costo de una empresa privada.
Costos, competencia y controles
El expediente presentado por Gutiérrez solicita que el Departamento Ejecutivo informe cuáles son las empresas habilitadas para prestar el servicio privado, qué participación tiene la firma Greens, qué controles realiza el Municipio para evitar posiciones dominantes y si existen mecanismos para impedir que la falta de competencia derive en precios excesivos. También reclama conocer si los comercios excluidos de la recolección pública reciben alguna exención en las tasas municipales.
La preocupación no se limita al valor de la recolección. El proyecto también exige información sobre actas de infracción, multas y clausuras preventivas aplicadas durante los últimos doce meses a comercios gastronómicos por no contar con el servicio privado requerido.
Desde el entorno de la concejal remarcan que las denuncias recibidas apuntan a costos elevados, falta de opciones para elegir prestadores y dificultades para cumplir con todos los requisitos administrativos. El material analizado plantea incluso alternativas concretas para aliviar esa carga, como evaluar excepciones para comercios de hasta 50 metros cuadrados o permitir, bajo determinadas condiciones, que varios establecimientos cercanos compartan un sistema de disposición.
Actualmente, los establecimientos comprendidos en el régimen deben contratar un servicio privado habilitado, inscribirse en el Registro de Grandes Generadores, presentar un plan de gestión y cumplir diferentes exigencias vinculadas con el manejo y disposición de sus residuos.
Para Gutiérrez, la discusión no pasa por eliminar los controles ambientales, sino por hacerlos razonables y compatibles con la realidad económica de los pequeños comerciantes.
“El Estado tiene que controlar y garantizar una ciudad limpia, pero no puede transformar una obligación ambiental en una trampa económica para quienes generan trabajo”, es la línea que sostiene la concejal radical.
El pedido de informes busca ahora que el Ejecutivo municipal explique con datos concretos cómo funciona el sistema, cuánto pesa cada operador privado y qué mecanismos existen para garantizar competencia, transparencia y costos razonables. Para Gutiérrez, antes de profundizar sanciones o clausuras, el Municipio debe ofrecer reglas claras y condiciones que permitan a los comerciantes regularizarse sin quedar asfixiados por los costos.