35 legisladores de distintos bloques opositores respaldaron a la radical Alejandra Ferrero y denunciaron una persecución política. También cuestionaron al oficialismo provincial por dejar nuevamente sin funcionamiento a la Legislatura.

La tensión política en Córdoba volvió a escalar. 35 legisladores de la oposición —entre ellos representantes de la UCR, Frente Cívico, PRO, La Libertad Avanza y otros espacios— salieron en defensa de Alejandra Ferrero y denunciaron una presunta persecución política contra la legisladora radical.

El reclamo tiene además un fuerte componente institucional: según señalaron, por segunda vez consecutiva la Legislatura quedó sin funcionar, impidiendo debatir problemas que consideran urgentes para los cordobeses, como la inseguridad, la pobreza, el empleo y la situación salarial de docentes y trabajadores de la salud.

El comunicado opositor apuntó directamente contra el peronismo cordobés. «Lo que no pueden colonizar, lo rompen», cuestionaron, al tiempo que acusaron al oficialismo de intentar disciplinar a quienes «se animan a denunciar al poder político de Córdoba».

El caso Ferrero, en el centro de la disputa

La dirigente radical se convirtió en el eje de una pelea que ya excede su situación personal. Para la oposición, el problema de fondo es si una mayoría política puede condicionar el funcionamiento de la Legislatura para apartar o silenciar a una voz crítica.

El planteo es contundente: si el Parlamento permanece paralizado hasta que Ferrero sea apartada, se estaría estableciendo un precedente institucional preocupante.

Desde la oposición sostienen que el conflicto debe resolverse dentro de las reglas democráticas y no mediante el bloqueo del funcionamiento de uno de los poderes del Estado.

La UCR, en particular, encontró en el episodio una bandera para defender el rol de la oposición y reforzar el perfil de Ferrero como una de las voces más críticas del oficialismo provincial.

La disputa queda ahora planteada en términos políticos e institucionales: el oficialismo deberá explicar las razones de la parálisis legislativa, mientras la oposición reclama que el Parlamento vuelva a funcionar y que Ferrero pueda ejercer plenamente su banca.

Porque más allá de las diferencias partidarias, una cosa debería quedar fuera de discusión: la Legislatura tiene que funcionar.