El oficialismo condicionó el funcionamiento del recinto a que la radical Alejandra Ferrero pida licencia por el caso Omar Ludueña. Hacemos Unidos por Córdoba se retiró de la sesión y dejó a la oposición denunciando una maniobra de disciplinamiento político y un “bloqueo a la democracia”.

La disputa política que atraviesa a la Legislatura de Córdoba volvió a impactar de lleno en el funcionamiento del recinto. Ayer, el oficialismo provincial decidió no garantizar el quórum si la radical Alejandra Ferrero no se aparta de su banca, una estrategia que terminó con el retiro de los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba y la caída de la sesión.

La definición dejó nuevamente en segundo plano la agenda parlamentaria y convirtió al quórum en la principal herramienta de presión entre oficialismo y oposición.

La advertencia fue formulada al comienzo de la sesión por la legisladora Julieta Rinaldi, quien planteó que el peronismo no acompañaría el número necesario para sesionar mientras Ferrero mantenga su lugar en el recinto. Luego, los integrantes del oficialismo abandonaron sus bancas y la Legislatura quedó sin posibilidad de continuar con el debate.

La decisión, según quedó expuesto, había sido previamente acordada entre los legisladores oficialistas y contó con el aval político del Panal.

El caso Ludueña, otra vez en el centro

El conflicto tiene como telón de fondo el caso de Omar Ludueña, empleado legislativo que se desempeñaba en el despacho de Ferrero y que se encuentra detenido e imputado en una causa por abuso sexual.

El peronismo volvió a colocar el episodio en el centro de la discusión política y reclamó que Ferrero solicite licencia mientras avance la investigación. El argumento del oficialismo es que la legisladora debe apartarse preventivamente, sin que eso implique una condena anticipada.

En un comunicado, los legisladores de Hacemos Unidos sostuvieron que desde el comienzo consideraron que Ferrero debía “solicitar licencia o dar un paso al costado” mientras se desarrolla la investigación, al entender que se trata de un gesto de respeto hacia la víctima y, al mismo tiempo, una manera de preservar institucionalmente a la Legislatura.

El planteo oficialista incorpora además una comparación con el caso de Cañito Flores, episodio en el que un legislador terminó dejando su banca luego de quedar involucrado en una causa judicial de extrema gravedad.

La consigna del oficialismo fue, una vez más, la de la “doble vara”. Desde el peronismo consideran que el radicalismo actuó con una vara distinta frente a la situación de Ferrero y cuestionan que el bloque opositor sostenga a la legisladora en su banca.

Una interna que también golpea a De Loredo

La ofensiva del PJ no quedó circunscripta a Ferrero. El blanco político también alcanzó al radical Rodrigo De Loredo, a quien el oficialismo intenta involucrar en la discusión y atribuirle responsabilidad política por el respaldo a la legisladora.

La disputa, de este modo, excede el caso judicial y se proyecta sobre la interna de la principal fuerza opositora, que se encuentra en pleno reordenamiento con vistas al escenario de 2027.

Ferrero, además, aparece como una figura relevante dentro de ese armado y su eventual llegada a la conducción del bloque radical vuelve todavía más sensible la pelea dentro del recinto.

El rechazo de los 35 opositores

Frente a la caída de la sesión, los 35 legisladores de los bloques opositores realizaron una conferencia de prensa improvisada en la que denunciaron una maniobra de “persecución política” y un intento de “bloqueo directo a la democracia”.

La UCR, el Frente Cívico, el PRO, Construyendo Córdoba, La Libertad Avanza, Encuentro Vecinal, Izquierda Socialista en el FITU, Juntos por el Interior, Partido Demócrata y Valores Republicanos coincidieron en cuestionar la decisión del oficialismo.

“Por segunda vez consecutiva dejan sin funcionamiento la Legislatura de Córdoba”, señalaron, al advertir que la parálisis impide abordar problemas que consideran urgentes, como la inseguridad, la pobreza, el empleo y la situación salarial de los sectores de educación y salud.

Los opositores también apuntaron directamente contra Martín Llaryora, al que acusaron de autoritarismo y advirtieron que no permitirán “el avasallamiento a las instituciones de la democracia”.

El argumento central de la oposición es que el oficialismo está utilizando una herramienta institucional —el quórum— para forzar una decisión política sobre una legisladora opositora. En esa lectura, la discusión deja de estar limitada al caso Ferrero y pasa a convertirse en una disputa por el funcionamiento mismo del Poder Legislativo.

Una excepción dentro del oficialismo

La estrategia del peronismo tampoco fue completamente uniforme. El legislador Bernardo Knipscheer, de extracción delasotista, informó que decidió no participar de la sesión desde el inicio porque no comparte la decisión de dejar a la Legislatura sin quórum.

Su argumento fue concreto: el conflicto entre bloques no debería impedir el tratamiento de temas que afectan directamente a los cordobeses.

La posición de Knipscheer expone una diferencia interna dentro del oficialismo sobre los límites de la estrategia parlamentaria elegida para presionar a Ferrero.

Cuando el conflicto reemplaza a la agenda

La escena de ayer se inscribe en una dinámica que comienza a repetirse con demasiada frecuencia en la Legislatura provincial. Una acusación política deriva en un contraataque, luego aparece una maniobra parlamentaria y el conflicto vuelve a escalar.

El resultado es una agenda legislativa que queda relegada mientras el quórum, las cuestiones de privilegio, los pedidos de apartamiento y hasta el uso de la palabra se transforman en instrumentos de disputa política.

El oficialismo sostiene que la situación de Ferrero afecta la credibilidad institucional y reclama una señal política. La oposición, en cambio, interpreta que condicionar el funcionamiento de la Legislatura a la salida de una de sus figuras constituye un mecanismo de disciplinamiento.

Entre ambas posiciones, el recinto vuelve a quedar atrapado en una pelea que trasciende el caso judicial y empieza a afectar la capacidad del propio Poder Legislativo para funcionar con normalidad.

El dato político más relevante de la jornada, en definitiva, no fue solo la nueva disputa entre peronistas y opositores, sino la consolidación de una modalidad en la que el funcionamiento de la Legislatura queda sujeto al resultado de la pulseada entre bloques. Y mientras esa lógica se profundiza, los proyectos que esperan tratamiento siguen acumulándose.