Radicales, juecistas y el PRO impulsan la intervención del denominado «8° piso» mientras el oficialismo intenta recuperar la iniciativa con una reforma integral del sistema de habilitaciones comerciales. La disputa excede el plano administrativo: detrás de los proyectos legislativos comienza a consolidarse una nueva batalla política con la mira puesta en el escenario electoral cordobés.

La crisis generada alrededor del sistema de habilitación de comercios de la Municipalidad de Córdoba dejó de ser únicamente un problema administrativo para transformarse en un conflicto de alto voltaje político. Mientras la gestión de Daniel Passerini procura retomar la iniciativa mediante una profunda reforma normativa del régimen de habilitaciones, la oposición decidió redoblar la ofensiva y colocar nuevamente bajo la lupa a una de las áreas más sensibles del municipio: la Oficina de Habilitaciones, conocida internamente como el «8° piso».

El nuevo capítulo de esta disputa comenzó con un proyecto impulsado por el concejal radical Javier Fabre, acompañado por la bancada de la UCR, el Frente Cívico y el PRO, que propone declarar la Emergencia Administrativa e Institucional del Área de Habilitación de Negocios durante 180 días, solicitar al intendente la intervención del organismo y ordenar una auditoría integral sobre los expedientes tramitados durante la última década.

Aunque la iniciativa se presenta bajo el argumento de garantizar mayor transparencia, control y legalidad, en términos políticos representa mucho más que una propuesta administrativa. Constituye el intento de la oposición de impedir que el oficialismo cierre rápidamente un episodio que continúa generando costos para la gestión municipal.

El caso «Wachitas» cambió el eje de la discusión

La controversia tomó fuerza después de que el denominado «caso Agostina» colocara en el centro de la escena al bar «Wachitas», establecimiento que quedó vinculado a cuestionamientos sobre sus condiciones de habilitación y donde, según denuncias anónimas que forman parte de distintas investigaciones, habrían ocurrido presuntas situaciones de explotación sexual de menores.

La difusión del caso abrió interrogantes sobre los mecanismos de control municipal y obligó al Ente de Fiscalización y Control a salir públicamente a explicar que el local había sido clausurado. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, el organismo atribuyó parte de las irregularidades a supuestas dificultades operativas originadas en la Oficina de Habilitaciones.

El Ente sostuvo que existía una resistencia de inspectores pertenecientes a la Subsecretaría de Fiscalización y Control para integrarse plenamente a la nueva estructura administrativa, denunciando un supuesto «boicot» proveniente del denominado «8° piso». Esa explicación, lejos de contener la crisis, abrió un nuevo frente político.

Una ofensiva opositora coordinada

Desde entonces, la oposición comenzó a desplegar distintas iniciativas parlamentarias sobre un mismo eje: cuestionar el funcionamiento del sistema de control municipal.

Cada bloque eligió una estrategia diferente, aunque todas confluyen en un mismo objetivo político.

Elisa Caffaratti propuso una auditoría externa del Ente de Fiscalización y Control a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba.

Javier Fabre impulsó la creación de una Comisión Investigadora dentro del Concejo Deliberante para revisar los procesos de habilitación.

Por su parte, la concejala Graciela Villata presentó un proyecto para derogar directamente el Ente de Fiscalización y Control.

Ahora, la nueva propuesta para intervenir el «8° piso» aparece como un punto de encuentro entre sectores opositores que, aun con diferencias respecto del futuro del Ente, coinciden en señalar que el problema institucional trasciende un organismo específico y alcanza al sistema completo de habilitaciones.

La estrategia radical para evitar contradicciones

Dentro de la propia Unión Cívica Radical también existe un debate político.

No todos los dirigentes consideran conveniente acompañar la propuesta del Frente Cívico para eliminar el Ente de Fiscalización y Control. El motivo es evidente: el radicalismo respaldó su creación a comienzos de 2024 como parte de la reorganización administrativa impulsada por el oficialismo.

Respaldar hoy su desaparición podría ser presentado por el peronismo como una contradicción política.

Sin embargo, otro sector del radicalismo sostiene exactamente lo contrario: argumenta que aquel acompañamiento representó una oportunidad para que el Ejecutivo corrigiera problemas históricos del sistema de habilitaciones y que, si esa expectativa fracasó, no existiría incoherencia en promover una nueva solución institucional.

En ese marco aparece la propuesta de intervenir la Oficina de Habilitaciones como una salida políticamente más cómoda. Si el Ente eventualmente desapareciera —hipótesis que hoy luce improbable por la falta de mayorías legislativas suficientes— las competencias regresarían a esa dependencia municipal. Desde esa lógica, la oposición considera necesario que llegue previamente una nueva conducción.

El oficialismo intenta cambiar la agenda

Mientras la oposición concentra sus esfuerzos en sostener el tema dentro del debate público, el oficialismo procura desplazar la discusión hacia una reforma estructural.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo propone unificar en un único cuerpo normativo toda la legislación vinculada con habilitaciones comerciales, reemplazando el conjunto de ordenanzas actualmente vigentes.

El proyecto pretende simplificar procedimientos, modernizar controles y establecer nuevas reglas para el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, la propuesta apenas comenzó su recorrido legislativo y ya enfrenta interrogantes políticos relevantes.

Uno de ellos pasa por determinar qué rol conservará la actual Oficina de Habilitaciones dentro del nuevo esquema institucional. Otro cuestionamiento apunta a la creación de un Registro Municipal de Gestores y Profesionales Responsables, mecanismo que el oficialismo presenta como una herramienta de mayor trazabilidad administrativa, pero que algunos sectores opositores observan con cautela al advertir que podría concentrar aún más los procesos administrativos.

Una disputa administrativa que ya es plenamente electoral

Más allá del destino legislativo de cada proyecto, la discusión ya adquirió una dimensión claramente política.

La oposición encontró en la crisis de las habilitaciones un tema capaz de instalar dudas sobre la capacidad de gestión municipal, mientras el oficialismo intenta demostrar que posee voluntad de reformar un sistema cuya complejidad atraviesa varias administraciones.

La decisión sobre si el proyecto de intervención será tratado inmediatamente sobre tablas o seguirá el recorrido habitual por comisiones marcará el ritmo de una discusión que promete extenderse durante las próximas semanas.

En ese escenario, el expediente dejó de ser únicamente una discusión sobre expedientes administrativos. Se convirtió en un nuevo terreno donde oficialismo y oposición medirán fuerzas, construirán discursos y buscarán instalar responsabilidades ante una ciudadanía que observa con creciente atención los mecanismos de control del Estado municipal.

En la antesala de un calendario electoral que comenzará a intensificarse, la pelea por el «8° piso» ya no representa solamente una disputa sobre habilitaciones comerciales. Es, cada vez más, un capítulo de la competencia política por el relato de la gestión y la transparencia en la ciudad de Córdoba.