Un exfuncionario policial lleva casi ocho meses detenido en Bouwer y permanece separado de sus hijos. Su familia asegura que existían antecedentes judiciales y evaluaciones profesionales que debían ser considerados antes de modificar la situación de los menores. El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando la Justicia actúa ante una denuncia, pero no investiga con la misma urgencia todo lo que existe detrás de ella?

Una denuncia debe ser escuchada. Debe ser investigada y, cuando existe una persona en peligro, el Estado tiene la obligación de actuar con rapidez.

Pero escuchar una denuncia no significa convertirla automáticamente en una sentencia.

Y cuando en medio de un conflicto existen niños, la responsabilidad de la Justicia es todavía mayor: no alcanza con decidir rápidamente. Hay que decidir bien.

El caso de José Marcelo Andrada, exfuncionario policial detenido desde hace casi ocho meses en el establecimiento penitenciario de Bouwer, vuelve a poner esa discusión en el centro.

Andrada permanece privado de su libertad a partir de una denuncia realizada por su expareja, Natalia Mara Moyano. Desde entonces, según sostiene su familia, tampoco ha podido volver a ver a sus hijos, Lucía y Genaro.

Pero detrás de esa denuncia existiría una historia previa que, de acuerdo con los familiares de Andrada, se encuentra documentada en distintos organismos y expedientes judiciales.

Y es precisamente allí donde aparecen las preguntas que necesitan respuesta.

¿Qué se investigó antes de decidir sobre los niños?

Según la información y documentación referida por la familia, antes de la detención de Andrada habría existido una intervención del Juzgado de Familia N.º 3 de la ciudad de Córdoba, que habría dispuesto que los menores permanecieran bajo el cuidado de su padre.

Los familiares aseguran además que existen antecedentes vinculados con Moyano, intervenciones en materia de violencia familiar, historia clínica y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que habrían sido realizadas oportunamente y que resultarían relevantes para determinar quién se encontraba en mejores condiciones para asumir el cuidado de los niños.

La familia también sostiene que Moyano habría atravesado anteriormente una detención vinculada a un episodio grave que habría involucrado a Andrada y a los menores.

Todas estas afirmaciones, por supuesto, deben ser verificadas dentro del expediente y contrastadas con la versión de las demás partes.

Pero si esa documentación efectivamente existe, surge una pregunta inevitable:

¿fue analizada integralmente antes de resolver una situación que podía cambiar por completo la vida de dos niños?

La causa que mantiene detenido a Andrada se encuentra bajo intervención de la Fiscalía de Villa Carlos Paz, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez.

La familia asegura haber recurrido durante estos meses a distintos organismos: SENAF Córdoba Capital, SENAF Villa Carlos Paz, Punto Mujer, el Polo de la Mujer y diferentes unidades judiciales. Afirma que presentó denuncias y pedidos de intervención para conocer y resguardar la situación de los menores.

Después de casi ocho meses, dicen seguir esperando respuestas.

Los niños no pueden convertirse en el daño colateral de una disputa entre adultos

Este caso excede a Andrada.

Excede incluso la discusión acerca de si una denuncia determinada terminará siendo considerada verdadera o falsa por la Justicia.

El problema es mucho más profundo.

Cuando existe una denuncia por violencia, el Estado debe proteger inmediatamente a una posible víctima. Desoír una denuncia real puede terminar en una tragedia.

Pero existe otra obligación igualmente importante: investigar.

Investigar antecedentes. Escuchar a las partes. Examinar expedientes anteriores. Consultar informes médicos y psicológicos. Determinar si existen medidas previas de un juzgado de familia. Escuchar a los niños mediante los mecanismos profesionales correspondientes. Y revisar las decisiones cuando aparecen elementos nuevos.

Porque una medida de protección no puede transformarse, por inercia, en una condena anticipada.

Las falsas denuncias existen y deben ser investigadas y sancionadas cuando se comprueba que efectivamente fueron falsas. Del mismo modo, existen innumerables víctimas reales de violencia que necesitan que sus denuncias sean tomadas con absoluta seriedad.

Una realidad no anula la otra.

Plantear garantías para una persona denunciada no significa desacreditar a las mujeres que denuncian violencia. Y proteger a una víctima tampoco debería significar renunciar al debido proceso de quien es acusado.

La Justicia tiene precisamente la responsabilidad de distinguir una situación de la otra mediante pruebas y no mediante prejuicios.

Cuando hay niños, equivocarse puede costar demasiado

Córdoba ya conoce historias dolorosas en las que distintos organismos estatales fueron cuestionados después de que un niño resultara gravemente lastimado o perdiera la vida.

Cada caso tiene circunstancias diferentes y sería irresponsable equipararlos sin conocer sus expedientes.

Pero todos dejan una enseñanza elemental: cuando aparecen señales de riesgo alrededor de un menor, el Estado no puede mirar solamente una parte de la historia.

No puede alcanzar con llenar formularios, derivar una presentación de una dependencia a otra o considerar terminado el problema porque existe una resolución previa.

Hay que investigar hasta saber dónde están seguros esos niños.

La familia de Andrada asegura contar incluso con registros audiovisuales en los que los propios menores pedirían ayuda y describirían situaciones preocupantes mientras se encontraban con su madre.

Si ese material fue incorporado formalmente a la causa, corresponde preguntarse qué evaluación hicieron de él los organismos competentes.

No se trata de juzgar públicamente a la madre de los niños.

Tampoco de declarar inocente a Andrada desde una nota periodística.

Se trata de exigir que alguien investigue todo.

Ocho meses también son parte de una infancia

Mientras los adultos discuten expedientes, competencias, denuncias y responsabilidades, hay algo que no puede recuperarse: el tiempo.

Casi ocho meses para un niño no son un trámite judicial.

Son cumpleaños, noches, escuela, preguntas, miedos y ausencia.

Andrada continúa detenido y será la Justicia, con las garantías correspondientes, la que deberá determinar su responsabilidad o inocencia frente a los hechos que se le atribuyen.

Pero paralelamente existe otra pregunta que no debería depender del resultado de esa causa:

¿quién está verificando, hoy, que sus hijos estén seguros?

Si había una resolución anterior que había confiado su cuidado al padre, ¿qué ocurrió para modificarla?

Si existían evaluaciones psicológicas o psiquiátricas respecto de la madre, ¿fueron consideradas?

Si existen denuncias posteriores realizadas por familiares preocupados por los menores, ¿qué respuesta recibieron?

Si hay videos en los que los niños manifiestan encontrarse en una situación de riesgo, ¿fueron evaluados profesionalmente?

Y, fundamentalmente, ¿alguien reunió todas las piezas de esta historia en un mismo lugar antes de tomar decisiones?

Estas preguntas no deberían incomodar a una Justicia que funciona.

Deberían ayudarla a funcionar mejor.

No es una guerra entre hombres y mujeres

El debate sobre las falsas denuncias suele caer rápidamente en una confrontación entre géneros. Ese camino es tan sencillo como peligroso.

Una mujer que denuncia violencia merece ser escuchada y protegida.

Un hombre denunciado conserva su derecho a defenderse y a ser considerado inocente mientras no exista una condena.

Un niño merece algo todavía más elemental: que ninguna disputa ideológica, familiar, judicial o política se coloque por encima de su seguridad.

El género de quien denuncia no puede determinar automáticamente la verdad.

El género de quien es denunciado tampoco puede determinar automáticamente su culpabilidad.

Para eso existen las pruebas.

Para eso existe la investigación.

Y para eso existe la Justicia.

La familia de José Marcelo Andrada reclama desde hace meses que se revise integralmente el caso y, especialmente, la situación de Lucía y Genaro.

No pide que una nota periodística dicte una sentencia.

Pide que las instituciones hagan aquello para lo que fueron creadas: investigar antes de que sea demasiado tarde.

Porque si la denuncia contra Andrada es cierta, deberá responder ante la Justicia.

Si se demuestra que fue falsa, también deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.

Pero mientras eso se resuelve, existe una obligación que no admite ocho meses de espera:

saber dónde están esos niños, en qué condiciones se encuentran y garantizar que estén verdaderamente protegidos.

No después de una tragedia.

No cuando aparezcan las explicaciones.

No cuando todos se pregunten qué organismo falló.

Ahora.