En medio de un escenario sanitario cada vez más tensionado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió elevar el tono contra el Gobierno nacional y sus aliados en la provincia, al exigir a los dirigentes libertarios que “den la cara” frente al deterioro del sistema de atención para jubilados. La embestida no solo apunta a la administración de Javier Milei, sino también a sus socios locales, en particular Luis Juez y Rodrigo de Loredo, a quienes busca incomodar en su vínculo político con Gabriel Bornoroni.

Desde el Centro Cívico, el diagnóstico es contundente: “En los hechos, Milei nos tiró a las provincias el PAMI”. La frase, que circula en los despachos de mayor peso del oficialismo cordobés, sintetiza la preocupación por el creciente desfinanciamiento del sistema y sus consecuencias en la red sanitaria local.

Un déficit millonario que golpea al sistema de salud

Las cifras que manejan en El Panal revelan la magnitud del problema. Según estimaciones oficiales, el desfinanciamiento del PAMI le estaría costando a Córdoba alrededor de 30 mil millones de pesos.

El detalle expone un entramado de deudas cruzadas que impacta directamente en la prestación de servicios:

• Cerca de 9 mil millones de pesos adeudados a municipios por la atención en sistemas de salud locales.
• Una cifra similar correspondiente a prestaciones realizadas por hospitales provinciales.
• Alrededor de 15 mil millones de pesos vinculados a la deuda del PAMI con APROSS.

El cuadro se complejiza aún más al considerar que casi 60 mil jubilados cordobeses cuentan con doble cobertura (PAMI y Apross), lo que implica acuerdos de compensación entre ambas entidades. En ese marco, la Provincia asegura que el organismo nacional adeuda nueve meses de pagos, con una erogación mensual estimada en 1.700 millones de pesos.

“Hay un impacto directo en el sistema de salud”, remarcan desde el Gobierno provincial, donde ya advierten que la crisis del PAMI podría ser apenas “la punta del iceberg” de un problema estructural mayor si la Nación no corrige el rumbo.

Presión política y estrategia coordinada

La ofensiva no se limita al gobernador. En una jugada sincronizada, distintas figuras del arco político cordobés salieron a amplificar el reclamo. La senadora Alejandra Vigo calificó la situación como “gravísima” y exigió explicaciones, mientras que el defensor del Pueblo, Carlos Galoppo, fue más allá y pidió la renuncia de las autoridades del PAMI en la provincia.

Desde el radicalismo, también hubo movimientos que evidencian tensiones internas. El legislador Dante Rossi reclamó la remoción de la cúpula local del organismo, en sintonía con el exintendente Ramón Mestre, quien cuestionó con dureza el valor fijado para la atención médica de los jubilados: “$2.100 por mes. Eso es lo que el Gobierno nacional decidió que vale la atención médica de un jubilado”.

Ambos dirigentes, con peso dentro de la Unión Cívica Radical, trabajan además en un objetivo político más amplio: condicionar cualquier acercamiento entre Rodrigo de Loredo y La Libertad Avanza, en un escenario donde las alianzas aún están en disputa.

Llaryora y una agenda de confrontación

El endurecimiento del discurso del gobernador no parece casual. Forma parte de una estrategia que busca instalar tres ejes de conflicto con la Nación de cara al escenario electoral: la atención a los jubilados, el financiamiento universitario y los fondos destinados a discapacidad.

“Vamos a levantar la voz en tres aspectos innegociables”, adelantó un ministro clave del gabinete provincial, quien además trabaja en el armado de la campaña reeleccionista de Llaryora. Según esa visión, existe un “incumplimiento flagrante” de las leyes que garantizan estos recursos por parte del Gobierno nacional.

En ese marco, el conflicto por el PAMI se convierte en un frente particularmente sensible: combina impacto social directo, visibilidad pública y capacidad de interpelar tanto a oficialistas como a opositores. Para el Gobierno cordobés, la disputa no es solo sanitaria, sino también política. Y el mensaje es claro: nadie que tenga responsabilidades nacionales podrá mantenerse al margen.