Expreso mi más profundo rechazo a los hechos de violencia ocurridos durante la asamblea docente de la UEPC, donde trabajadores de la educación fueron reprimidos por la Policía de la Provincia de Córdoba mientras intentaban ejercer su derecho a participar de una instancia gremial y democrática.

Lo sucedido no puede minimizarse como un simple incidente operativo. Es una señal alarmante sobre la forma en que el Gobierno de Martín Llaryora viene administrando los conflictos sociales: con cerrojos, vallados y fuerzas de seguridad, en lugar de diálogo, consenso y respeto institucional.

Cuando docentes que reclaman por su salario, por sus condiciones laborales y por una oferta que consideran insuficiente terminan enfrentando gases lacrimógenos y empujones, el problema deja de ser sindical para transformarse en una cuestión profundamente política.

No estamos hablando de un sector privilegiado ni de demandas desmedidas. Estamos hablando de trabajadores esenciales, responsables de sostener el sistema educativo provincial, que hoy enfrentan salarios deteriorados, pérdida del poder adquisitivo y propuestas salariales que no ofrecen previsibilidad real.

Y frente a ese cuadro, la respuesta oficial parece ser siempre la misma: dilatar soluciones y endurecer posturas.

No le alcanza al Gobierno con pagar sueldos que en muchos casos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Tampoco le alcanza con imponer ofertas que generan rechazo en las bases docentes. Ahora además aparece una práctica aún más preocupante: responder con fuerza pública ante la protesta social.

Eso constituye una forma de violencia institucional que merece ser señalada con claridad.

Porque el derecho a reunirse, debatir y expresarse forma parte de la vida democrática. No puede condicionarse por simpatías políticas ni por conveniencias coyunturales. Mucho menos reprimirse.

También resulta grave el deterioro institucional que esto revela. Una asamblea gremial debería resolverse con mecanismos internos, participación plena y garantías para todas las representaciones. Si termina rodeada de policías y con incidentes, algo muy profundo está fallando.

Gobernador, los conflictos laborales no se resuelven con operativos de seguridad.

Se resuelven con negociación seria, con respeto a los trabajadores y con decisiones que reconozcan la realidad económica que atraviesan miles de familias cordobesas. Convertir una discusión salarial en un escenario de confrontación solo agrava el problema.

Córdoba necesita recuperar una lógica de diálogo social. Necesita que los docentes sean escuchados, no empujados. Necesita instituciones fuertes, no escenas de tensión que lastiman la convivencia democrática.

La educación pública merece otro trato. Y quienes la sostienen todos los días también.

Porque cuando el Estado responde con represión a quienes enseñan, el mensaje que se transmite es muy grave: que reclamar tiene costo, y que participar molesta.

Ese no puede ser el camino de una provincia que aspire al progreso y al respeto institucional.