La crisis que atraviesan nuestros jubilados no admite especulaciones ni discursos oportunistas. Es urgente que el PAMI regularice el sistema de atención primaria en todo el país, actualice las cápitas y garantice pagos en tiempo y forma a los prestadores. No estamos hablando de números: estamos hablando de personas que dependen del sistema para acceder a lo más básico, que es la salud.

Ahora bien, en ese marco, resulta cuanto menos llamativo el posicionamiento del gobernador Martín Llaryora, quien pone el foco en las falencias del sistema nacional mientras omite —o elige omitir— los problemas estructurales que arrastra la provincia desde hace décadas.

Porque si de jubilados hablamos, Córdoba tiene cuentas pendientes. No se puede desconocer que durante años se han tomado decisiones que afectaron directamente sus ingresos y su calidad de vida: la quita del 82% móvil, los pagos diferidos, los mecanismos de “solidaridad” que en la práctica significaron recortes encubiertos. Medidas que no fueron excepcionales, sino parte de una lógica sostenida en el tiempo.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad se cuestiona hacia afuera lo que no se resuelve hacia adentro?

Si realmente existe preocupación por la situación de los jubilados, el primer paso debería ser ordenar el sistema provincial. Y en ese punto, el caso de APROSS es paradigmático.

Hoy, miles de familias cordobesas enfrentan dificultades concretas: demoras en turnos, prestaciones limitadas, conflictos con prestadores y un esquema de financiamiento que genera más tensiones que soluciones. A eso se suman reclamos constantes del sector de la salud por pagos insuficientes y fuera de término, lo que impacta directamente en la calidad del servicio.

No es un problema aislado. Es un síntoma de un sistema que no está funcionando como debería.

Por eso, antes de señalar las deficiencias del sistema nacional, sería razonable revisar lo que ocurre en la propia provincia. No como un gesto político, sino como una obligación de gestión.

La coherencia no es un valor menor en la función pública. Es lo que permite construir credibilidad y, sobre todo, confianza. Y sin confianza, cualquier política —por más bien intencionada que sea— pierde efectividad.

Nuestros jubilados no necesitan discursos cruzados entre Nación y Provincia. Necesitan respuestas concretas, articuladas y urgentes. Necesitan que se les garantice atención médica digna, sin burocracia ni demoras interminables.

Gobernador, mirar la paja en el ojo ajeno puede ser políticamente rentable en el corto plazo. Pero no resuelve los problemas de fondo.

La verdadera responsabilidad empieza por casa. Y hoy, en Córdoba, hay mucho por hacer.