En un contexto atravesado por rumores de judicialización interna y tensiones propias de la reconfiguración opositora, la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba buscó enviar una señal de orden y funcionamiento institucional. Este miércoles, el Comité Provincia llevó adelante su reunión mensual —tal como lo establece su carta orgánica— y avanzó en dos frentes clave: la activación del Tribunal de Conducta y el tratamiento de la situación de la exdiputada Soledad Carrizo, hoy funcionaria del gobierno nacional libertario.

El encuentro se desarrolló en medio de versiones que, a comienzos de marzo, advertían sobre una posible denuncia ante la Justicia Electoral por el incumplimiento de reuniones formales del partido. Sin embargo, desde el radicalismo cordobés buscaron desactivar esos cuestionamientos mostrando regularidad en su vida orgánica.

Carrizo y una señal política hacia el nuevo mapa opositor

Uno de los puntos más sensibles de la agenda giró en torno a la situación de Carrizo. La dirigente, que recientemente se incorporó a la estructura del gobierno de Javier Milei, presentó una nota formal solicitando autorización al partido para desempeñar su nueva función.

Este procedimiento está contemplado dentro de las normas internas de la UCR y forma parte del camino institucional previsto cuando un dirigente asume responsabilidades en otro espacio político. Según trascendió, el pedido habría ingresado sin objeciones de peso y contaría con los votos necesarios para ser aprobado en la próxima reunión del Comité.

Puertas adentro, la posible habilitación no es leída únicamente como un trámite administrativo. En un escenario de fragmentación opositora, representa una señal de flexibilidad y convivencia con sectores emergentes como La Libertad Avanza. “No podemos andar echando a todos del partido. Si tomamos esa postura, nos vamos a quedar sin gente”, sintetizó un dirigente radical, reflejando el dilema que atraviesa al centenario partido.

El Tribunal de Conducta vuelve a escena

En paralelo, el Comité avanzó en la reactivación del Tribunal de Conducta, un órgano que permanecía inactivo y cuya puesta en marcha aparece como una deuda pendiente en términos de institucionalidad interna.

Participaron de la reunión dos de sus integrantes, Pablo Minelli y Cugat, en lo que fue interpretado como un primer paso hacia la normalización del organismo. La necesidad de su activación tiene un caso concreto en agenda: el del intendente de Tanti, Emiliano Paredes.

Paredes quedó bajo la lupa luego de que un vecino impulsara un pedido formal de destitución dentro del partido, tras su participación en la lista del peronismo cordobés en 2025. El expediente aparece como una prueba de fuego para un tribunal que deberá definir criterios y mostrar capacidad de acción en un contexto político cada vez más volátil.

Sin embargo, el radicalismo también marcó límites. En relación a concejales que comenzaron a acercarse al espacio libertario, la conducción fue clara: sin un pedido formal sobre la mesa, no habrá tratamiento del tema. La postura revela una estrategia selectiva, que evita abrir múltiples frentes disciplinarios en simultáneo.

Reglas difusas y debate de fondo

Más allá de los nombres propios, el encuentro dejó expuesta una debilidad estructural: la falta de reglas claras para el funcionamiento del propio Tribunal de Conducta. Según admiten fuentes partidarias, aún no están del todo definidos los procedimientos disciplinarios ni los criterios concretos para eventuales sanciones o destituciones.

Si bien existe un marco histórico que regula estos procesos, dentro del partido crece la idea de que es necesario actualizarlo para adaptarlo a una realidad política en transformación, donde las fronteras entre espacios se vuelven cada vez más difusas.

Entre la resistencia y la adaptación

Con estos movimientos, la UCR cordobesa intenta recomponer su institucionalidad en un momento de transición. La discusión de fondo, sin embargo, excede lo reglamentario: se trata de definir hasta dónde resistir los cambios del sistema político y hasta qué punto adaptarse a nuevas alianzas y formas de construcción de poder.

En un escenario donde el crecimiento de La Libertad Avanza tensiona a las fuerzas tradicionales, el radicalismo parece ensayar una respuesta pragmática, aunque no exenta de contradicciones. La convivencia con dirigentes que cruzan de vereda, la reactivación de mecanismos disciplinarios y la falta de reglas claras configuran un equilibrio inestable que, por ahora, se sostiene más en la necesidad que en la convicción.

El desafío hacia adelante será ordenar ese esquema sin profundizar las fisuras internas. Porque, como reconocen en voz baja algunos dirigentes, el riesgo no es solo perder identidad, sino también quedarse sin estructura en un tablero político que ya no responde a las lógicas de antes.