La reciente aprobación de las ordenanzas que prohíben la actividad de limpiavidrios y cuidacoches en la ciudad de Córdoba sumó una nueva voz crítica en el debate público. Desde la Pastoral Social de la Iglesia local advirtieron que la medida, impulsada con el objetivo de ordenar el espacio urbano, podría tener un impacto directo sobre los sectores más vulnerables, en un contexto económico ya marcado por la fragilidad de los ingresos informales.

El pronunciamiento llegó a través del sacerdote Munir Bracco, referente del espacio eclesial, quien expresó preocupación por las consecuencias sociales de una decisión que, según planteó, corre el riesgo de enfocarse exclusivamente en la dimensión punitiva del problema. “Estamos absolutamente en contra de la prohibición total. No creemos que esta sea una solución beneficiosa para la sociedad”, sostuvo, al tiempo que remarcó que muchas personas dependen de estas actividades para garantizar su subsistencia diaria.

Desde la Iglesia subrayaron que no avalan situaciones de violencia ni prácticas ilegales asociadas a estas tareas, pero insistieron en la necesidad de evitar generalizaciones que terminen estigmatizando a todo el universo de trabajadores informales. En esa línea, Bracco planteó una diferenciación clara: por un lado, quienes recurren a estas actividades como estrategia de supervivencia; por otro, aquellos que cometen delitos, cuya responsabilidad —indicó— debe ser abordada por la Justicia y las fuerzas de seguridad.

“Hay delincuentes que se ponen un chaleco como hay delincuentes que se ponen saco y corbata. La corrupción es corrupción venga de donde venga”, afirmó el sacerdote, en una frase que buscó poner en evidencia lo que considera una mirada sesgada sobre la problemática.

La Pastoral Social propuso avanzar hacia un esquema alternativo que combine regulación, control estatal e inclusión social. Entre las medidas en estudio, anticiparon la creación de un registro oficial de trabajadores, la identificación de quienes desarrollan estas tareas, la delimitación de zonas habilitadas y la implementación de mecanismos de cobro regulados. Según explicaron, el objetivo no es sostener el statu quo, sino ordenar la actividad sin expulsar del sistema a quienes hoy dependen de ella.

“No queremos que siga todo igual, de ninguna manera. Por eso proponemos la regulación estatal, la seguridad y, junto con eso, la inclusión social”, insistió Bracco, al describir una propuesta que intenta equilibrar las demandas de orden urbano con la urgencia social.

El planteo será presentado formalmente ante el Concejo Deliberante en los próximos días, en un intento por reabrir la discusión y sumar una perspectiva social a una decisión que, para la Iglesia, no puede analizarse al margen del deterioro económico. En ese punto, el posicionamiento eclesial vuelve a poner sobre la mesa una tensión recurrente en la política local: cómo abordar fenómenos vinculados a la informalidad sin que la respuesta estatal termine profundizando las condiciones de exclusión que dice combatir.