La discusión por los ingresos volvió a encender una dinámica conocida en la política cordobesa: internas latentes, incomodidades públicas y negociaciones cruzadas entre el Gobierno provincial y el Municipio capitalino. En paralelo, desde la Casa Rosada se impulsa un discurso que tensiona aún más el escenario local, con el diputado Gabriel Bornoroni como principal vocero en la provincia.

En el Palacio 6 de Julio, sede de la Municipalidad de Córdoba, el malestar no se disimula. “Algún día van a comenzar a decir: alivio en el Palacio 6 de julio por lo hecho en el Panal”, ironizó un asesor cercano al intendente Daniel Passerini, en referencia a la persistente narrativa mediática que describe una relación de dependencia o “paternalismo” por parte de la Provincia.

La gota que rebalsó el vaso fue el acuerdo salarial con los docentes provinciales. El cierre cercano al 40% generó sorpresa —y enojo— en despachos municipales. “¿¡40%!?”, se preguntó, incrédulo, un funcionario que sigue de cerca la evolución de las cuentas públicas. La reacción no fue solo por el número, sino por el contraste con el reciente acuerdo firmado por el Municipio.

A fines de marzo, la gestión de Passerini había cerrado con el Suoem una paritaria del 26,5% en cuotas para 2026, tras una negociación calificada como una de las más duras de los últimos años. El titular del gremio, Rubén Daniele, defendió el acuerdo apoyado en una proyección optimista de la inflación: “No creemos que llegue al 19% en el año. Es un gran acuerdo”, sostuvo entonces.

Sin embargo, el entendimiento con los municipales terminó funcionando como piso —no como techo— para otros sectores. En el caso docente, la conducción de Roberto Cristalli debió recalcular. Tras un preacuerdo que rondaba el 30%, la presión de las bases y de la oposición interna empujó la negociación hacia un cierre cercano al 40%.

El contraste dejó expuesto al Municipio. “¿Y ahora qué van a decir?”, deslizan en el entorno de Passerini, en un intento de revertir la narrativa que los ubicaba en una posición de debilidad frente a la Provincia. Lo cierto es que, en términos generales, los empleados públicos cordobeses lograron acuerdos salariales muy por encima de las expectativas del sector privado, en un contexto económico todavía incierto.

Pese a los roces, tanto Passerini como el gobernador Martín Llaryora mantienen un canal de diálogo fluido y monitorean de cerca cada negociación. Pero la tensión ya no se limita al plano salarial.

En ese marco, Bornoroni volvió a subir el tono durante su participación en AmCham. Allí planteó que Córdoba, por su perfil productivo, “no debería depender de la Nación” y reivindicó un “verdadero federalismo” basado en la generación de riqueza propia. “Córdoba genera producción y no es para depender de la Nación”, insistió, alineado con el discurso del presidente Javier Milei.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Hasta ahora, Llaryora había evitado una confrontación directa con el oficialismo nacional, eligiendo como blancos a dirigentes opositores como Rodrigo de Loredo y Luis Juez. Sin embargo, el escenario empieza a cambiar y en el Panal se preguntan si se trata de un giro estratégico o de un movimiento táctico en un tablero político cada vez más volátil.

Puertas adentro del Gobierno provincial buscan bajar la intensidad del conflicto. Admiten tensiones, pero relativizan el frente económico: ya obtuvieron el aval del ministro Luis Caputo para acceder a créditos de libre disponibilidad, una herramienta clave para amortiguar la caída de la coparticipación.

Con cierto margen financiero asegurado, el foco se desplaza hacia lo político. Y allí comienza a perfilarse una negociación más delicada con la Nación. El próximo capítulo podría escribirse en el Congreso, con la reforma política que impulsa la Casa Rosada.

En ese punto emerge un dato sugestivo: el cordobesismo, históricamente crítico de las PASO, ahora no descarta sostenerlas. La jugada tiene lectura nacional. Milei necesita eliminarlas para desordenar a la oposición de cara a 2027, pero requiere mayorías agravadas en ambas cámaras.

La traducción es clara: se abre una etapa de rosca intensa, donde cada voto tendrá un valor estratégico superior al de cualquier declaración altisonante sobre federalismo. En ese juego, Córdoba vuelve a ocupar un lugar central, no solo por su peso electoral, sino por su capacidad de tensionar —y eventualmente condicionar— la agenda del poder nacional.