El Gobierno provincial busca que más de un centenar de municipios peronistas unifiquen sus elecciones con la convocatoria provincial. El objetivo es llegar a noviembre con el territorio ordenado y convertir la estructura de intendentes en uno de los principales activos para la reelección de Martín Llaryora. Del otro lado, radicales, libertarios y juecistas todavía discuten candidaturas, conducción y formato de una eventual alianza opositora.

La carrera electoral de Córdoba para 2027 comenzó mucho antes de que exista una fecha oficial para votar. Mientras marzo y abril aparecen entre los meses que con mayor insistencia circulan para una eventual elección provincial, el Gobierno de Martín Llaryora decidió avanzar sobre una variable que considera fundamental: alinear a los intendentes propios detrás de un mismo calendario electoral.

La estrategia del Panal apunta a que la mayor cantidad posible de municipios gobernados por el peronismo lleven sus elecciones locales a la misma fecha que la Provincia. La lógica es política y territorial: fortalecer la candidatura a la reelección de Llaryora con cientos de estructuras municipales movilizadas al mismo tiempo y evitar que cada intendente juegue su propia elección en soledad.

En el oficialismo lo resumen con una definición terminante: “los nuestros pegan”.

La decisión, que venía madurando desde hace meses, comenzó a acelerarse durante las últimas semanas con una sucesión de reuniones entre referentes provinciales y jefes municipales del interior. El objetivo que manejan en el Gobierno es ambicioso: llegar al último tramo del año con más de un centenar de intendentes comprometidos con la convocatoria provincial.

Brandan y el armado territorial

Uno de los dirigentes que tomó protagonismo en este operativo es el secretario general de Gobierno, Gustavo Brandan, quien concentra buena parte de la interlocución política con los municipios del interior.

El exintendente de Colonia Caroya viene coordinando encuentros y fotografías políticas en distintos departamentos, buscando ordenar anticipadamente el escenario electoral.

Colón y Calamuchita ya dejaron señales concretas en esa dirección, con intendentes del oficialismo manifestando su decisión de acompañar la futura convocatoria provincial.

En los últimos días se sumó una nueva postal desde el departamento General Roca, en el extremo sur cordobés. Allí, intendentes peronistas de la región avanzaron en el mismo sentido junto a Brandan.

La fotografía tuvo también otro componente político. Semanas atrás, el exintendente de Italó Ariel Vidoret se incorporó al gabinete provincial para trabajar sobre políticas destinadas al denominado “sur-sur” cordobés, reforzando la presencia territorial del Gobierno en una zona que adquirirá peso creciente durante la campaña.

El territorio antes que la fecha

Para el Panal, el objetivo no es simplemente definir cuándo se votará. La prioridad es llegar a esa decisión con buena parte de la estructura territorial previamente asegurada.

En el oficialismo entienden que una elección provincial durante los primeros meses de 2027 permitiría explotar una ventaja fundamental: mientras la oposición todavía intenta resolver cómo competir, el peronismo podría ingresar a la campaña con sus intendentes, legisladores, funcionarios y dirigentes locales trabajando bajo una misma hoja de ruta.

La acumulación de municipios adheridos a la fecha provincial permitiría además construir una imagen de cohesión política.

Cada intendente que unifique su elección con la Provincia deberá movilizar su aparato territorial, defender su gestión local y, al mismo tiempo, empujar la candidatura provincial.

En términos políticos, se trata de transformar centenares de elecciones municipales en una sola maquinaria electoral.

La oposición, todavía en construcción

El contraste que intenta instalar el oficialismo encuentra terreno fértil en las dificultades que atraviesa la oposición.

La UCR mantiene abierta una discusión interna sobre su estrategia para 2027 y, especialmente, sobre el lugar que debería ocupar dentro de una eventual alianza con La Libertad Avanza y el Frente Cívico.

Entre los libertarios tampoco hay todavía una arquitectura electoral definitiva.

Gabriel Bornoroni y Luis Juez mantienen una relación política que busca proyectarse hacia la elección provincial, pero ambos conservan aspiraciones propias y ninguno ha dado señales concretas de resignar protagonismo.

A esa disputa se suma el interrogante radical.

La posibilidad de construir un gran frente opositor aparece como una hipótesis cada vez más instalada, aunque quedan pendientes las cuestiones centrales: quién lo conduciría, mediante qué mecanismo se elegiría al candidato y cuál sería el reparto de lugares entre radicales, libertarios y juecistas.

Ese escenario es utilizado por el cordobesismo como parte de su propio relato electoral.

La idea que busca transmitir el Panal es sencilla: mientras la oposición discute quién será candidato, el oficialismo ya organiza cómo votará.

La presión sobre los intendentes

La estrategia de unificación también tiene una consecuencia hacia adentro del propio peronismo.

A medida que crece la cantidad de municipios dispuestos a acompañar la elección provincial, aumenta la presión sobre aquellos intendentes que todavía analizan separar sus comicios locales.

La decisión no es menor.

Desdoblar una elección puede permitirle a un jefe municipal preservar su identidad local o escapar de una coyuntura provincial adversa. Pero también puede ser interpretado como una falta de compromiso con la estrategia general del oficialismo.

Por eso, cada fotografía territorial cumple una doble función: suma intendentes al esquema y empuja a quienes todavía no definieron su calendario.

El sur gana peso en la estrategia

La aparición del departamento General Roca dentro del operativo oficialista tampoco resulta casual.

El Gobierno provincial comenzó a otorgarle mayor importancia política al sur cordobés, especialmente ante un escenario en el que otras regiones podrían convertirse en terrenos más competitivos.

El norte provincial constituye uno de esos casos.

En 2023 fue un territorio determinante para la victoria de Llaryora y dos años después volvió a demostrar su importancia política. Sin embargo, los recientes conflictos que alcanzaron a dirigentes de esa región generaron nuevas tensiones y despertaron el interés de sectores opositores.

El caso del exlegislador Ramón “Cañito” Flores colocó nuevamente al norte bajo la lupa y obligó al oficialismo a prestar especial atención a un territorio históricamente relevante dentro de su estructura política.

En ese contexto, consolidar el sur adquiere un valor adicional.

La preocupación por sostener esa región ya existía antes de las controversias del norte y explica parte del despliegue territorial que el Gobierno viene realizando durante los últimos meses.

Noviembre, el mes de las definiciones

En el Panal marcan noviembre como un punto decisivo.

Para entonces, el Gobierno espera contar con mayor claridad respecto del calendario electoral nacional y de las reglas que regirán la competencia de 2027. Una de las cuestiones observadas será la eventual continuidad o modificación del sistema de primarias nacionales.

Con ese panorama más definido, Llaryora podría terminar de resolver el cronograma provincial.

La hipótesis de una elección en marzo o abril de 2027 continúa circulando dentro de la dirigencia política, aunque todavía no existe una convocatoria formal.

Si finalmente esa alternativa prosperara, el oficialismo buscaría utilizar los últimos meses de 2026 para consolidar dos activos: gestión y territorio.

La administración provincial funcionaría como vidriera mientras los intendentes serían los encargados de garantizar capilaridad política en cada departamento.

Una demostración anticipada de poder

El movimiento del PJ cordobés excede, por lo tanto, la discusión estrictamente electoral.

No se trata solamente de elegir una fecha conveniente.

Lo que intenta construir el oficialismo es una demostración anticipada de capacidad territorial, en un momento en el que todavía no está definido quién será el principal adversario de Llaryora.

La apuesta es llegar al comienzo de 2027 con un escenario completamente diferente al de la oposición: candidaturas provinciales ordenadas, intendentes alineados y una extensa red municipal trabajando en simultáneo.

El riesgo para el PJ es que esa estructura no necesariamente garantiza por sí sola una victoria. La oposición conserva competitividad en los principales centros urbanos y una eventual unidad entre radicales, libertarios y juecistas podría modificar rápidamente la relación de fuerzas.

Pero el oficialismo parece haber decidido jugar primero.

Antes de conocer al rival, Llaryora busca asegurarse el territorio. Y mientras la oposición continúa debatiendo nombres, mecanismos y alianzas, el Panal quiere llegar a noviembre mostrando que su maquinaria electoral ya comenzó a moverse.