La concejal radical Fabiana Gutiérrez viene reclamando desde hace años mayores controles sobre perros potencialmente peligrosos y ya había vuelto a advertir sobre el problema en agosto. Ahora, después de dos muertes de niños en menos de un mes, endureció su planteo: exige revisar urgentemente el sistema municipal de prevención, fiscalización y tenencia responsable. Con el respaldo del Bloque Radical, pidió que BioCórdoba y especialistas den explicaciones en el Concejo Deliberante.
Primero fueron las advertencias. Después llegaron los pedidos de informes. Más tarde, nuevos ataques y nuevos reclamos. Ahora, después de dos niños muertos en menos de un mes, la discusión sobre los controles de perros en la ciudad de Córdoba dejó de admitir respuestas superficiales.
La concejal radical Fabiana Gutiérrez volvió a apuntar sobre un problema que viene planteando desde hace años y reclamó una revisión urgente e integral del sistema de prevención y control municipal.
Esta vez, el cuestionamiento tiene un peso político diferente.
Porque Gutiérrez no comenzó a hablar del tema después de las últimas tragedias. Ya había advertido sobre la problemática, había preguntado qué controles realizaba la Municipalidad y había reclamado conocer el grado de cumplimiento efectivo de las normas.
Lo hizo en años anteriores.
Lo volvió a hacer en 2024.
Y nuevamente el 9 de agosto de este año, después de la muerte de un niño de tres años atacado por un pitbull en Villa La Lonja.
Menos de un mes después, otro episodio fatal volvió a sacudir a Córdoba.
Y la pregunta que ahora atraviesa el planteo opositor resulta inevitable: ¿qué pasó con los controles durante todo este tiempo?
“Dos niños muertos nos obligan a actuar”
Con el acompañamiento del Bloque Radical del Concejo Deliberante, Gutiérrez solicitó convocar de manera urgente a las autoridades de BioCórdoba, referentes veterinarios y especialistas en comportamiento animal para analizar el funcionamiento del sistema vigente y definir medidas concretas.
“Dos niños muertos en menos de un mes nos obligan a actuar. No podemos esperar una nueva tragedia para preguntarnos qué falló. Tenemos que revisar el sistema ahora”, sostuvo la edil.
El reclamo apunta directamente al corazón de la política municipal sobre la problemática.
Córdoba cuenta con normativa, registros y obligaciones vinculadas con la tenencia responsable. La discusión, sin embargo, pasa ahora por determinar si esas disposiciones se controlan realmente, con qué recursos y qué ocurre cuando aparecen señales concretas de peligro.
Para Gutiérrez, tener una ordenanza escrita no alcanza si después el Estado carece de capacidad para hacerla cumplir.
“No alcanza con tener un registro. Necesitamos saber quién controla, cómo se controla, con qué recursos y qué sucede cuando existe una denuncia, un antecedente de agresión o un indicador concreto de riesgo”, cuestionó.
La pregunta incómoda para el Municipio: ¿qué se controló?
El planteo de la concejal pone a la administración municipal ante una serie de interrogantes que vienen repitiéndose desde hace tiempo.
¿Cuántos perros alcanzados por la normativa están registrados?
¿Cuántos controles se hicieron?
¿Qué seguimiento realiza el Municipio sobre animales con antecedentes de agresividad?
¿Qué ocurre cuando un vecino presenta una denuncia?
¿Existe un protocolo de intervención?
¿Quién verifica posteriormente las condiciones en las que permanece el animal?
¿Cuenta BioCórdoba con personal y herramientas suficientes para realizar ese seguimiento?
Y, fundamentalmente, ¿se puede actuar antes de que ocurra un ataque o el Estado interviene cuando el daño ya está hecho?
Ese último interrogante comienza a convertirse en el eje de la ofensiva política de Gutiérrez.
La radical sostiene que el modelo debe dejar de funcionar solamente sobre la lógica del registro y avanzar hacia mecanismos concretos de prevención, detección de riesgos e intervención temprana.
Gutiérrez ya había advertido en 2024
Uno de los elementos que fortalece el cuestionamiento opositor es el archivo.
La actual discusión no nació con las tragedias de las últimas semanas.
En 2024, ante otro ataque grave registrado en Córdoba, Gutiérrez ya había planteado públicamente:
“¿Cuáles son los controles de la Municipalidad de Córdoba?”
La concejal advertía entonces que se repetían episodios protagonizados por perros potencialmente peligrosos mientras persistían las dudas respecto de la aplicación efectiva de las ordenanzas.
Su planteo era claramente preventivo.
No preguntaba únicamente qué debía hacerse después de un ataque, sino qué estaba haciendo el Municipio para impedir que esos episodios ocurrieran.
Incluso lanzó entonces una advertencia que hoy, después de las últimas tragedias, adquiere una fuerza todavía mayor:
“¿Qué espera el Municipio para reaccionar y salir a controlar estos animales y evitar dolorosas situaciones o posibles pérdidas humanas?”
El tiempo pasó.
Los ataques continuaron.
Y finalmente hubo pérdidas humanas.
El reclamo volvió el 9 de agosto
La muerte de un niño de tres años atacado por un pitbull en Villa La Lonja volvió a poner el tema en el centro de la agenda pública el pasado 9 de agosto.
Gutiérrez retomó entonces sus anteriores reclamos y volvió a reclamar respuestas respecto de la fiscalización municipal.
Su planteo tenía una definición central: el Estado no puede aparecer solamente después de una tragedia.
La concejal reclamaba conocer cuántos animales estaban registrados, qué controles se efectuaban, cómo funcionaba el seguimiento y si existían herramientas suficientes para actuar preventivamente.
Ahora, menos de un mes después, una segunda muerte vuelve todavía más difícil que esos interrogantes puedan quedar sin contestar.
“No queremos otra norma que quede escrita”
La nueva propuesta de Gutiérrez introduce además un cambio respecto de los reclamos anteriores.
La discusión ya no se limita a exigir información.
Ahora pide revisar el sistema completo.
“No queremos otra norma que quede solamente escrita. Queremos herramientas reales para que el Estado pueda actuar antes del primer ataque. La prevención tiene que comenzar cuando aparecen las primeras señales de riesgo, no después de una tragedia”, remarcó la concejal.
La afirmación apunta a una debilidad que el radicalismo busca poner bajo la lupa: la distancia entre la existencia formal de una normativa y su capacidad real para prevenir hechos graves.
La iniciativa pretende analizar mecanismos que permitan detectar situaciones de riesgo y evaluar condiciones más exigentes para aquellos animales que, por sus antecedentes, comportamiento o determinadas características, puedan constituir un peligro grave para terceros.
También busca revisar los protocolos ante denuncias y antecedentes de agresividad.
BioCórdoba, al Concejo
El pedido para convocar a BioCórdoba coloca además la discusión institucional dentro del Concejo Deliberante.
Gutiérrez pretende que las autoridades expliquen cómo funciona actualmente el esquema de control y cuáles son sus posibilidades concretas de intervención.
La convocatoria incluiría también a veterinarios y especialistas en comportamiento animal, buscando que cualquier eventual modificación se apoye en criterios técnicos y no solamente políticos.
Pero detrás de esa discusión técnica aparece inevitablemente una evaluación de gestión.
Si la ciudad dispone desde hace años de regulaciones vinculadas a estos animales y una concejal viene reclamando controles desde antes de las últimas tragedias, el Municipio deberá explicar qué herramientas aplicó, qué resultados tuvieron y por qué el sistema necesita ahora una revisión urgente.
Ese es el punto que el radicalismo pretende llevar al recinto.
No es una discusión contra los perros
El planteo tampoco busca simplificar el problema como una ofensiva contra determinadas razas.
Para Gutiérrez, la discusión debe centrarse en la responsabilidad humana, la tenencia responsable, las condiciones en que se mantiene al animal, sus antecedentes y la capacidad estatal para detectar situaciones de riesgo.
La protección de las personas debe convivir, además, con criterios de bienestar animal.
El desafío consiste en construir un esquema que permita distinguir los riesgos concretos e intervenir de manera proporcionada antes de un episodio grave.
No alcanza con responsabilizar al animal después de un ataque.
La mirada debe alcanzar también a quien está a cargo de él y al Estado encargado de controlar el cumplimiento de las reglas.
Dos muertes y una discusión que ya no puede postergarse
Después de dos tragedias en pocas semanas, Gutiérrez considera que la Municipalidad debe dar respuestas concretas.
“Proteger a nuestros vecinos y especialmente a nuestros niños es una obligación institucional y moral. Dos tragedias en menos de un mes exigen respuestas concretas. El sistema debe ser revisado y fortalecido de manera urgente”, sostuvo.
La nueva ofensiva radical deja así expuesto un contraste político difícil de soslayar.
Gutiérrez advirtió antes.
Preguntó qué controles realizaba el Municipio.
Volvió a reclamar en 2024.
Insistió nuevamente después de la tragedia del 9 de agosto.
Y ahora, después de otra muerte, reclama revisar todo el esquema de prevención.
No corresponde adjudicar administrativamente al Municipio la responsabilidad por hechos individuales que deben ser investigados en cada caso. Pero sí existe una pregunta política que la Municipalidad tendrá que responder: qué hizo concretamente con las advertencias, los reclamos y las herramientas de control disponibles durante estos años.
Porque después de dos niños muertos en menos de un mes, ya no alcanza con volver a discutir el problema cada vez que ocurre una tragedia.
La cuestión de fondo es mucho más incómoda:
si las advertencias estaban hechas, ¿por qué Córdoba sigue llegando tarde a la prevención?
