El pliego de Guillermo Arias, primero en el orden de méritos para reemplazar a Marta Vidal, llegará a la Legislatura en medio de una fuerte disputa política. El juecismo anticipó que votará en contra y en la UCR crece la posibilidad de un rechazo. El principal cuestionamiento no apunta al postulante, sino al método utilizado por el Consejo de la Magistratura, especialmente por la falta de transmisión pública de las entrevistas. El oficialismo reivindica la transparencia del concurso y la trayectoria del candidato.
La designación del próximo juez Electoral de Córdoba dejó de ser un trámite institucional para convertirse en un nuevo campo de batalla entre el oficialismo y la oposición provincial. El pliego de Guillermo Arias, quien obtuvo el primer lugar en el concurso destinado a reemplazar a Marta Vidal, llegará a la Legislatura atravesado por una discusión que excede ampliamente el nombre del candidato: qué nivel de transparencia debe tener el mecanismo de selección de los jueces y cuánto peso político puede tener el oficialismo en la conformación de un cargo estratégico para las elecciones de 2027.
El Frente Cívico ya decidió rechazar el pliego, mientras que en la Unión Cívica Radical todavía no existe una definición orgánica, aunque los sectores más duros ya dejaron trascender que se encaminan hacia la negativa. A esa posición se suman cuestionamientos provenientes de sectores libertarios y de otras expresiones opositoras.
El eje común de las críticas es la falta de publicidad de las entrevistas a los postulantes, una de las etapas del concurso en la que existe un mayor margen de valoración subjetiva. Para la oposición, que esas audiencias no hayan sido transmitidas públicamente debilitó la legitimidad de todo el proceso.
El oficialismo, en cambio, sostiene que el concurso fue realizado conforme a las reglas establecidas, reivindica el desempeño de Arias y rechaza cualquier intento de instalar sospechas sobre la actuación del Consejo de la Magistratura.
La discusión, así, quedó atrapada entre dos argumentos: el peronismo defiende el resultado; la oposición cuestiona el procedimiento.
El juecismo ya tiene decidido su voto
El rechazo más contundente provino del Frente Cívico. La bancada que conduce Walter Nostrala, referenciada políticamente en Luis Juez, anticipó que no acompañará el pliego.
El argumento elegido por el juecismo es particularmente significativo porque intenta correr el eje de la discusión desde Arias hacia el proceso de selección. Para Nostrala, si el método utilizado para definir al ganador no fue suficientemente transparente, tampoco corresponde convalidar posteriormente el resultado.
La lógica es sencilla: si se cuestiona la legitimidad del procedimiento, también queda bajo sospecha su resultado.
El legislador convirtió la falta de publicidad de las entrevistas en el principal argumento para justificar el rechazo y comparó el mecanismo provincial con los procesos que se desarrollan en el ámbito nacional, donde este tipo de instancias tienen mayor exposición pública.
Pero el juecismo agregó una segunda dimensión a su cuestionamiento: la trayectoria política de Arias.
El postulante es un histórico secretario legislativo, con más de dos décadas de desempeño en esa función y una reconocida extracción peronista. Para el sector más duro del Frente Cívico, esa pertenencia política genera dudas respecto de la independencia que debería exhibir quien ocupe el juzgado encargado de intervenir en los conflictos electorales.
La preocupación opositora adquiere mayor dimensión cuando se proyecta hacia 2027. El juez Electoral no será un actor secundario en el próximo proceso electoral: deberá intervenir eventualmente frente a conflictos entre partidos, oficialismo, oposiciones, candidaturas y estructuras electorales.
Por eso, para el juecismo, el cargo requiere un nivel de independencia superior al de otros puestos judiciales.
La UCR endurece su postura, pero todavía no define en bloque
En el radicalismo el escenario es algo más complejo.
La UCR todavía no adoptó una posición orgánica definitiva, pero el rechazo comienza a ganar terreno entre los sectores más críticos del oficialismo provincial. Los denominados halcones ya dejaron trascender su intención de votar negativamente.
Uno de los dirigentes que elevó el tono de la discusión fue Matías Gvozdenovich, quien apuntó directamente contra el gobernador Martín Llaryora y acusó al oficialismo de intentar “peronizar la Justicia”.
Sin embargo, el radicalismo intenta marcar una diferencia respecto del planteo juecista: sostiene que la discusión no está centrada en la idoneidad personal de Arias, sino en el mecanismo mediante el cual fue seleccionado.
Desde esa perspectiva, el problema no sería que Arias haya quedado primero, sino que el Gobierno provincial no haya aprovechado la oportunidad para construir una señal institucional diferente.
La crítica radical apunta especialmente a la posibilidad de haber elegido un perfil con mayor distancia de los partidos políticos: un dirigente opositor, un magistrado de carrera o un profesional sin una trayectoria directamente vinculada al oficialismo.
La lectura política que circula dentro de la oposición es que el gobernador tuvo la oportunidad de enviar una señal de independencia y decidió no hacerlo.
“Se podría haber dado una señal institucional. Pero se hizo a lo Llaryora”, sintetiza uno de los cuestionamientos que atraviesan a la oposición.
El verdadero debate: cómo se eligen los jueces
Detrás del pliego de Arias aparece una discusión mucho más profunda: el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de Córdoba.
La UCR volvió a plantear la necesidad de modificar su composición para ampliar la participación opositora y reducir la percepción de que el oficialismo conserva una influencia determinante sobre el proceso de selección.
La propuesta impulsada por la legisladora Alejandra Ferrero, deloredista, plantea llevar de nueve a once los integrantes del organismo. El cambio contempla incorporar un segundo representante de la primera minoría legislativa y sumar al Defensor General de la Provincia como integrante permanente.
Un planteo similar fue presentado por Gregorio Hernández Maqueda, aunque permanece sin tratamiento.
La discusión sobre Arias, por lo tanto, podría terminar funcionando como catalizador de un debate que la oposición viene planteando desde hace tiempo: cuánto control político debe existir sobre el mecanismo de selección de quienes luego tendrán la responsabilidad de controlar institucionalmente a la política.
El dato no es menor. El Juzgado Electoral adquiere una relevancia especial cuando faltan pocos meses para que comiencen a definirse candidaturas, alianzas y estrategias con vistas a las elecciones de 2027.
Arias ganó el concurso por más de 85 puntos
Los números del concurso son el principal argumento del oficialismo.
Arias obtuvo 85,06 puntos y quedó primero en el orden de méritos. En segundo lugar terminó Diego Frossasco, vinculado a la UCR y al ámbito académico, con 82,33 puntos. Tercera quedó María Emilia Mimessi, proveniente del ámbito judicial, con 77,70 puntos.
La diferencia entre Arias y Frossasco fue de 2,73 puntos.
Para el peronismo, esos resultados respaldan la legitimidad de la selección y permiten sostener que el postulante no llegó al primer lugar por una decisión política discrecional, sino como consecuencia de un concurso.
Pero justamente allí aparece el principal punto de fricción: para la oposición, el problema no está necesariamente en la evaluación de antecedentes o conocimientos, sino en una instancia de entrevistas que consideran especialmente sensible por su componente subjetivo.
La ausencia de transmisión pública de esa etapa se transformó así en el principal flanco débil del proceso.
El oficialismo sale en defensa del concurso
El peronismo cerró filas detrás de Arias.
Facundo Torres, presidente del bloque oficialista e integrante del Consejo de la Magistratura, salió a defender tanto el mecanismo de selección como al postulante.
Torres calificó el concurso como un proceso “serio y transparente” y destacó la consideración que Arias mantiene dentro del arco político cordobés.
El argumento oficialista busca desmontar la idea de que el resultado fue direccionado desde el poder político. La defensa se apoya en dos elementos: la existencia de un orden de méritos y la trayectoria del postulante.
Pero Torres también decidió llevar la discusión al terreno político. Frente a los cuestionamientos opositores, habló de una “doble vara” para analizar los procedimientos institucionales provinciales y las designaciones que se producen en el ámbito nacional.
El planteo apunta directamente al juecismo y a sectores radicales: el oficialismo sostiene que quienes hoy exigen transparencia no siempre utilizaron el mismo criterio cuando las decisiones institucionales beneficiaban a sus propios espacios.
Spaccesi cuestiona al Gobierno y también a la UCR
Desde el espacio libertario, Agustín Spaccesi adoptó una posición intermedia.
El legislador cuestionó al Gobierno provincial por no haber transmitido las entrevistas y consideró esa decisión una “torpeza” o un “desatino”, especialmente porque hacer públicas las audiencias no habría significado un costo significativo para el Estado.
Pero al mismo tiempo apuntó contra la UCR y su reclamo de transparencia.
Spaccesi recordó el proceso mediante el cual Marta Vidal llegó al cargo en 1998, utilizando ese antecedente para cuestionar lo que considera una postura cambiante del radicalismo según su posición política coyuntural.
La acusación de “doble vara” empieza a convertirse, de este modo, en uno de los argumentos centrales del oficialismo y de algunos sectores libertarios.
La oposición, por su parte, intenta separar ambas cuestiones: admite que pueden existir antecedentes cuestionables en procesos anteriores, pero sostiene que eso no invalida el reclamo actual por mayor publicidad y transparencia.
El FIT plantea una impugnación de fondo
La posición de Noelia Agüero, de FIT-Unidad, es todavía más estructural.
La legisladora ratificó que su espacio mantiene como principio no acompañar pliegos de designaciones judiciales que deban pasar por la Legislatura.
Su cuestionamiento no está dirigido específicamente contra Arias ni contra ningún otro candidato, sino contra el sistema de designación.
Desde esa perspectiva, Agüero considera que existe una Justicia excesivamente dependiente del poder político y reclama un cambio integral del mecanismo de selección.
Su propuesta incluye que jueces, fiscales y funcionarios judiciales sean elegidos mediante voto popular, con mecanismos de revocabilidad, y que el ingreso se produzca mediante concursos de oposición y antecedentes con carácter público y transparente.
Se trata de una posición que excede el conflicto puntual por el Juzgado Electoral y coloca en discusión el diseño institucional completo del Poder Judicial cordobés.
Agost Carreño: el desafío será demostrar independencia
En el PRO, Oscar Agost Carreño introdujo un matiz diferente.
El dirigente reconoció la trayectoria de Arias y evitó cuestionar sus condiciones personales o profesionales. Sin embargo, planteó que el verdadero desafío comenzará después de su eventual designación.
El futuro juez deberá demostrar, en los hechos, que su llegada al cargo no representa una extensión del poder político sobre la Justicia.
La advertencia tiene una particular relevancia porque coloca la discusión en el terreno de la conducta futura del magistrado.
Arias podrá obtener el acuerdo legislativo y asumir el cargo, pero desde ese momento deberá construir una legitimidad propia, particularmente en un escenario electoral en el que cualquier resolución del Juzgado Electoral podrá ser interpretada en clave política.
Agosto será el mes decisivo
El cronograma institucional todavía tiene varios pasos por delante.
Primero deberá publicarse el acuerdo correspondiente con el orden de méritos. Luego se desarrollará la audiencia pública del postulante que obtuvo el primer lugar, instancia en la que podrán formularse avales e impugnaciones.
Posteriormente, el gobernador Llaryora deberá emitir el decreto correspondiente y enviar el pliego a la Legislatura.
Será allí donde la discusión política llegará a su punto máximo.
El oficialismo deberá reunir los votos necesarios para otorgar el acuerdo, mientras que la oposición intentará convertir el debate en una discusión sobre la transparencia del sistema de selección y la independencia del Poder Judicial.
El objetivo del Gobierno provincial es que Arias asuma el 1 de septiembre como nuevo titular del Juzgado Electoral.
Pero antes deberá atravesar una Legislatura en la que el escenario político comienza a estar condicionado por 2027.
Una designación que anticipa la pelea electoral
La verdadera dimensión política del caso aparece al observar el cargo que está en juego.
El juez Electoral será quien intervenga en buena parte de las controversias que inevitablemente surgirán durante el proceso electoral de 2027. Reglamentos, candidaturas, alianzas, oficialización de listas, impugnaciones y conflictos entre fuerzas políticas pueden terminar bajo su jurisdicción.
Por eso, la oposición no quiere que la discusión quede reducida a la idoneidad de Arias. El objetivo es instalar una pregunta mucho más incómoda para el Gobierno: ¿puede un juez electoral con una extensa trayectoria vinculada al peronismo garantizar una independencia plena frente al oficialismo provincial?
El peronismo responde con otra pregunta: ¿por qué debería descalificarse a un postulante que ganó un concurso y cuenta con reconocimiento transversal dentro de la política cordobesa?
Entre ambas posiciones queda atrapado el verdadero problema: la confianza institucional.
El caso Arias expone una dificultad que Córdoba arrastra desde hace años: cada vez que el poder político participa en la selección de un magistrado con funciones sensibles, la discusión sobre la independencia judicial vuelve a aparecer.
Esta vez, además, la designación ocurre a las puertas de un proceso electoral que promete ser particularmente competitivo.
El reemplazo de Marta Vidal, por lo tanto, no es simplemente la cobertura de una vacante judicial. Es una designación que empieza a leerse como parte del tablero político de 2027.
Y en ese tablero, la discusión sobre quién ocupará el Juzgado Electoral puede terminar siendo tan importante como la discusión sobre quiénes competirán en las urnas.