Las diferencias entre los ministros de Economía e Infraestructura escalaron hasta obligar a una mediación política de Manuel Calvo. En paralelo, empresarios de la obra pública advierten un cambio de estilo en la administración provincial, con mayores controles y menos margen para los compromisos informales.
La pelea entre Guillermo Acosta y Fabián López no es solamente una disputa entre dos ministros que dejaron de ponerse de acuerdo.
En el gobierno de Martín Llaryora hay una discusión mucho más profunda en desarrollo: quién administra, quién decide y quién controla las principales herramientas económicas de la Provincia.
La tensión entre el ministro de Economía y el titular de Infraestructura y Servicios Públicos llegó semanas atrás a un nivel que obligó a intervenir al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Calvo. La situación había dejado de ser una diferencia de criterios sobre expedientes o proyectos de obra para convertirse en un problema político dentro del propio gabinete.
Según pudo reconstruir este medio, el conflicto comenzó a acumularse a partir de una serie de proyectos de infraestructura en los que López entendía que Economía había dado previamente su conformidad y sobre los cuales, posteriormente, aparecieron nuevas objeciones, revisiones o condiciones administrativas.
Para Infraestructura, el problema no era solamente la demora.
Era el cambio de las reglas de juego después de haber asumido compromisos.
Las diferencias se fueron acumulando hasta deteriorar el vínculo personal e institucional entre ambos ministros. La situación llegó al extremo de que, según distintas fuentes, López dejó de atender los llamados de Acosta.
En cualquier administración sería una señal de alarma.
En un gobierno donde ambos funcionarios manejan áreas estratégicas, es directamente un problema de funcionamiento.
La pelea dejó de ser administrativa cuando apareció la caja
El conflicto adquirió una dimensión diferente con la decisión de transferir a Economía funciones de control administrativo sobre Epec y Caminos de las Sierras.
Ahí está uno de los puntos más sensibles de la historia.
Porque detrás de los organigramas y las resoluciones administrativas existen recursos, inversiones, contratos y capacidad de decisión.
Epec no es una dependencia más de la administración provincial. Caminos de las Sierras tampoco.
Y a esas áreas se suma el manejo de los subsidios al transporte, otro territorio donde confluyen enormes volúmenes de recursos públicos, empresas, municipios y decisiones con fuerte impacto político.
La consecuencia inmediata fue un fortalecimiento de Acosta.
El ministro de Economía pasó a tener mayor incidencia sobre estructuras que históricamente estuvieron asociadas a otras áreas del Gobierno. La discusión, por lo tanto, dejó de ser quién firma un expediente para transformarse en una cuestión mucho más relevante: quién tiene la llave administrativa sobre sectores estratégicos de la economía provincial.
La respuesta, al menos en parte, comenzó a inclinarse hacia Economía.
Y eso no podía dejar indiferente a López.
Calvo apareció cuando la interna amenazó con hacerse visible
El conflicto alcanzó un punto en el que ya no podía resolverse entre los protagonistas.
Acosta recurrió a Manuel Calvo.
El jefe de Gabinete, que llevaba apenas dos semanas en su nuevo cargo, tuvo que intervenir para evitar que la disputa siguiera escalando.
La reunión fue reservada y se realizó fuera del Centro Cívico, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Participaron Calvo, Acosta y López.
No fue una reunión protocolar.
Fue una negociación política.
El objetivo fue recomponer un canal de diálogo y, sobre todo, establecer una convivencia posible entre dos funcionarios que necesariamente deben coordinarse.
Según quienes conocen los detalles del encuentro, la reunión permitió restablecer la comunicación.
Pero la solución tuvo un componente central: López no quedó completamente desplazado de las áreas que pasaron a tener mayor control administrativo desde Economía.
La fórmula fue sencilla: Acosta gana poder formal; López conserva capacidad de intervención.
Una solución política clásica.
Y también una solución provisoria.
Porque cuando dos funcionarios necesitan que un tercero les recuerde que deben hablarse, la relación ya dejó de ser normal.
La pax del gabinete: nadie ganó todo, nadie perdió todo
El acuerdo alcanzado puede ser definido como una pax.
Pero una pax armada.
Acosta consiguió consolidar una ampliación de su territorio dentro del gabinete. López logró conservar influencia sobre áreas que considera propias o estratégicas.
Ninguno puede declararse vencedor.
Y precisamente por eso el conflicto sigue abierto.
La verdadera incógnita es qué ocurrirá ante la próxima diferencia de criterio.
Porque mientras la estructura formal del Gobierno concentra mayores facultades en Economía, la operación política de determinadas áreas continúa necesitando de Infraestructura.
Ese doble comando puede funcionar mientras exista voluntad de coordinación.
También puede convertirse en una fuente permanente de conflictos.
La foto que dice más que los comunicados
La tregua fue puesta a prueba pocos días después.
López encabezó un acto para anunciar una millonaria inversión vinculada con la licitación del sistema de agua potable de Córdoba capital.
A su lado estuvo Miguel Siciliano, ministro de Vinculación.
Acosta no apareció.
Desde el Panal explican que su presencia no estaba prevista.
En otros sectores del Gobierno interpretaron la ausencia como algo más.
La fotografía no demuestra una ruptura.
Pero en política, las fotografías también construyen poder.
Y cuando una relación acaba de atravesar una crisis que requirió la intervención del jefe de Gabinete, la ausencia de uno de los protagonistas de una actividad estratégica inevitablemente alimenta las especulaciones.
La tregua, en consecuencia, puede haber restablecido el diálogo.
Todavía no consiguió reconstruir la confianza.
El verdadero malestar: Acosta cambió las reglas
La otra cara de la disputa aparece fuera del Gobierno.
Empresarios vinculados a la obra pública comenzaron a advertir modificaciones en el funcionamiento administrativo de la Provincia.
La palabra que más se repite es “control”.
No necesariamente porque los pagos se hayan interrumpido.
De hecho, quienes conocen el circuito reconocen que la Provincia continúa cumpliendo con sus obligaciones.
El cambio estaría en otro lugar: la cantidad de filtros, revisiones y autorizaciones que deben atravesar determinadas decisiones antes de transformarse en una orden concreta.
Y eso, en el mundo de la construcción, tiene consecuencias.
Cada demora administrativa puede impactar sobre costos financieros, cronogramas, proveedores, redeterminaciones y planificación de las empresas.
La comparación con el pasado aparece inevitablemente.
Empresarios del sector recuerdan la etapa de Juan Schiaretti y, especialmente, la impronta de Ricardo Sosa en materia de obra pública.
Era un esquema caracterizado por una fuerte decisión política de sostener el ritmo de infraestructura y cumplir con los compromisos asumidos.
Incluso existía una lógica de adelantar pagos cuando los recursos estaban disponibles.
“Si la plata está, que la tengan los contratistas”, recuerdan que sostenía Sosa.
Hoy, según describen empresarios consultados, la lógica es diferente.
No necesariamente se trata de que no haya dinero.
El problema es que el dinero ya no alcanza para justificar por sí solo una decisión.
Ahora aparecen controles, revisiones y condiciones adicionales.
Para los empresarios, eso es un cambio de época.
Para quienes defienden a Acosta, es simplemente la consecuencia de una realidad fiscal mucho más dura.
La explicación de Economía: no hay caja para todos
Cerca de Acosta rechazan que exista una política deliberada para frenar la infraestructura.
La explicación es económica.
La Provincia enfrenta una menor recaudación y menores recursos provenientes de la Nación. En ese contexto, dicen, no resulta posible administrar como si Córdoba continuara atravesando el período de abundancia fiscal de años anteriores.
El razonamiento es simple: si los recursos son menores, el nivel de control necesariamente debe aumentar.
Pero ese argumento también tiene una consecuencia política.
Acosta pasa a convertirse en el funcionario que dice que no.
El que revisa.
El que pregunta cuánto cuesta.
El que demora una autorización.
El que exige una instancia adicional.
Y en cualquier gabinete, el ministro que controla el dinero suele acumular poder y, al mismo tiempo, enemigos.
Especialmente cuando otros funcionarios consideran que ese control invade su territorio.
El problema de Acosta es que no juega como un político
Hay otro elemento que explica parte de la tensión.
Acosta no pertenece al núcleo tradicional de dirigentes del peronismo cordobés.
Es economista.
Su trayectoria está vinculada al mundo financiero y empresarial, y su identidad política dentro del gabinete es diferente a la de muchos de sus pares.
Sus defensores consideran que esa condición constituye precisamente su principal fortaleza.
No participa de las internas tradicionales.
No necesita construir una estructura territorial.
No se mueve, según sus allegados, dentro de la lógica habitual de la rosca política.
“Es incapaz de caer en una ‘rosca’ para socavar a alguien”, describen cerca suyo.
Pero esa misma característica puede convertirse en una debilidad.
Porque una cosa es administrar una planilla de gastos.
Otra es administrar intereses.
Y en la política cordobesa, los intereses rara vez se resuelven exclusivamente con números.
La Bolsa, Caputo y un respaldo que puede tener lectura política
Acosta encuentra parte de su respaldo fuera del circuito estrictamente partidario.
La Bolsa de Comercio de Córdoba es uno de sus territorios naturales y allí mantiene vínculos construidos durante años.
Por eso tampoco es casual que utilice ese espacio como argumento de defensa cuando aparecen cuestionamientos sobre su gestión o sus viajes al exterior.
Su razonamiento, transmitido a través de sus allegados, es contundente: si existiera algo irregular detrás de su actividad, no podría presentarse públicamente en los ámbitos empresariales donde construyó su trayectoria.
El próximo miércoles tendrá, además, una fotografía políticamente significativa.
Acosta acompañará a Luis Caputo.
El vínculo entre ambos es conocido y el ministro cordobés mantiene con su par nacional un canal de diálogo privilegiado.
La eventual presencia conjunta de ambos puede convertirse en algo más que una actividad institucional.
Puede funcionar como una señal.
En momentos en que Acosta enfrenta cuestionamientos dentro del gabinete provincial, un respaldo visible de Caputo tendría peso político y económico.
No necesariamente porque el Gobierno nacional vaya a intervenir en una interna cordobesa.
Sino porque mostraría que Acosta no está aislado.
Y que su modelo de administración encuentra interlocutores de peso fuera de Córdoba.
La verdadera disputa recién comienza
La intervención de Manuel Calvo logró evitar una crisis mayor.
Pero también dejó expuesto algo que hasta ahora permanecía debajo de la superficie.
El gabinete de Llaryora está atravesando una redistribución de poder.
Acosta está ganando espacio.
López intenta conservar el suyo.
Y en el medio aparecen Epec, Caminos de las Sierras, los subsidios al transporte y una obra pública que ya no puede ejecutarse bajo las mismas condiciones financieras de los años de mayor expansión.
Por eso reducir el episodio a una pelea entre dos ministros sería quedarse con la superficie.
Lo que está en juego es mucho más importante.
Es el control sobre la caja y sobre las decisiones que determinan cómo se utiliza.
Llaryora necesita administrar un escenario económico más restrictivo y, al mismo tiempo, sostener un programa de infraestructura que resulta central para su construcción política.
Eso obliga a concentrar recursos, revisar compromisos y establecer prioridades.
Pero cada peso que se concentra en Economía es un margen de maniobra que pierde otra área.
Cada control que incorpora Acosta es una facultad que deja de tener otro ministro.
Cada demora administrativa es interpretada por unos como responsabilidad fiscal y por otros como pérdida de capacidad de gestión.
Ahí está el núcleo de la disputa.
Calvo consiguió una tregua.
Pero no resolvió la cuestión de fondo.
Porque Acosta y López pueden volver a hablarse, compartir reuniones y hasta aparecer juntos en una fotografía.
Lo que todavía no está definido es quién tendrá la última palabra cuando la política de infraestructura choque nuevamente con el límite de la caja.
Y esa respuesta puede terminar definiendo mucho más que la relación entre dos ministros.
Puede definir el nuevo esquema de poder económico del gobierno de Martín Llaryora.