La administración del intendente Daniel Passerini atraviesa uno de los momentos financieros más delicados desde el inicio de la gestión. Sin embargo, el escenario podría modificarse de manera sustancial en los próximos días si el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, firma la autorización que habilite a la Municipalidad de Córdoba a acceder a un nuevo financiamiento internacional por 100 millones de dólares.

La decisión no implica un desembolso de recursos nacionales, pero sí representa un paso administrativo y político indispensable para que el municipio pueda refinanciar la deuda en dólares heredada de la gestión de Ramón Mestre, posteriormente reestructurada durante la intendencia de Martín Llaryora.

Un préstamo para ganar tiempo

El esquema financiero diseñado por la Municipalidad contempla un préstamo internacional por 100 millones de dólares con dos años de gracia, cuya garantía estará respaldada por la coparticipación federal que reciben tanto la Municipalidad como la Provincia de Córdoba.

Precisamente por utilizar esos recursos como garantía, la operación requiere la aprobación de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía de la Nación.

En términos técnicos, el Estado nacional no deberá aportar fondos ni asumir riesgos financieros directos. La autorización simplemente habilita que los ingresos por coparticipación puedan actuar como respaldo del crédito internacional.

Sin embargo, detrás del expediente existe una fuerte carga política.

Desde distintos sectores reconocen que difícilmente existan objeciones técnicas para aprobar la operación, aunque la decisión final dependerá también de la relación política entre la Casa Rosada y el Centro Cívico.

La pesada herencia de la deuda en dólares

El origen del problema se remonta a la gestión del exintendente Ramón Mestre, quien tomó deuda por aproximadamente 150 millones de dólares mediante la emisión de bonos internacionales.

Con los intereses acumulados, el compromiso financiero terminó acercándose a los 180 millones de dólares.

Durante la administración de Martín Llaryora se realizó un primer «rolleo» de esa deuda, lo que permitió postergar vencimientos y aliviar momentáneamente la situación financiera del municipio.

Ahora, Passerini busca repetir esa estrategia.

Según estimaciones oficiales, desde el inicio de su mandato ya se cancelaron alrededor de 100 millones de dólares entre capital e intereses. Sin embargo, todavía quedan por afrontar tres importantes vencimientos consecutivos de aproximadamente 25 millones de dólares cada uno, previstos a partir de septiembre.

La nueva operación financiera permitiría cancelar esos compromisos y trasladar el grueso de la deuda hacia la próxima administración municipal.

Una decisión con impacto electoral

Más allá de los aspectos financieros, la refinanciación aparece como una pieza central dentro de la estrategia política del peronismo cordobés.

En el oficialismo consideran que la situación económica de la Municipalidad condiciona directamente la imagen de Daniel Passerini y, por extensión, la del gobernador Martín Llaryora.

El deterioro de los servicios urbanos, las dificultades presupuestarias y las limitaciones para ejecutar obras terminan repercutiendo sobre la evaluación del gobierno provincial, aun cuando muchas competencias correspondan exclusivamente al municipio.

La paradoja es evidente.

Cuando Llaryora era intendente consiguió refinanciar esta misma deuda, obteniendo un alivio financiero que le permitió llegar con mayor estabilidad a las elecciones de 2023, donde el respaldo obtenido en la ciudad de Córdoba resultó determinante para alcanzar la Gobernación.

Ahora la situación se invierte.

La carga financiera quedó en manos de Passerini y sus efectos comienzan a impactar también sobre el proyecto reeleccionista del gobernador para 2027.

En otras palabras, para fortalecer su propio futuro político, Llaryora necesita estabilizar las cuentas del municipio capitalino.

La Provincia ya salió al rescate

En ese contexto, el Gobierno provincial ya comenzó a desplegar un esquema de asistencia económica.

A través de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento se destinarán aproximadamente 130.000 millones de pesos para ejecutar obras de infraestructura urbana, incluyendo pavimentación, cordón cuneta, desagües y señalización.

El esquema de financiamiento contempla una distribución del costo bajo una fórmula 70/30: el 70% será afrontado por la Provincia y el 30% restante quedará a cargo de la Municipalidad.

Las licitaciones ya fueron adjudicadas y el inicio de las obras está previsto para agosto, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana durante el tramo final de la gestión y llegar con mayor capacidad de ejecución al calendario electoral de 2027.

No obstante, en el oficialismo reconocen que ninguna obra alcanzará para revertir el panorama si antes no se resuelve el problema estructural de la deuda en dólares.

Negociaciones de alto nivel

Las conversaciones con el Gobierno nacional son seguidas de cerca por los principales funcionarios de ambas administraciones.

Por el municipio participan el intendente Daniel Passerini y el secretario de Administración Pública, Sergio Lorenzetti.

Desde la Provincia intervienen el flamante jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, quienes mantienen contactos permanentes con funcionarios nacionales para destrabar la autorización.

En el entorno municipal sostienen que la operación cumple todos los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

«No hay recursos nacionales involucrados; solamente una caución sobre la coparticipación federal que recibe la Provincia y otra garantía aportada por la Municipalidad. Técnicamente no debería haber objeciones, aunque finalmente esto también es una decisión política», señalan fuentes cercanas a la negociación.

Los acreedores internacionales

El refinanciamiento permitirá cancelar los bonos emitidos durante la gestión de Mestre, actualmente en manos del fondo brasileño Patria Investments, que adquirió esos activos tras la compra del Grupo Moneda.

Este último había sido históricamente uno de los principales administradores de fondos de inversión en América Latina y mantuvo durante años la tenencia de buena parte de la deuda cordobesa.

Los próximos vencimientos —tres pagos consecutivos de aproximadamente 25 millones de dólares cada uno— constituyen el principal desafío financiero inmediato para la Municipalidad.

Una firma que puede redefinir el escenario

La resolución del expediente aparece hoy como uno de los movimientos administrativos con mayor impacto político para Córdoba.

Si Santilli otorga el aval, Passerini conseguirá despejar los principales vencimientos externos y recuperar margen para concentrarse en la gestión durante el último tramo de su mandato.

Si, en cambio, la autorización se demora o es rechazada, el municipio deberá afrontar pagos millonarios en dólares que podrían profundizar las restricciones presupuestarias y afectar aún más la prestación de servicios y la ejecución de obras.

En ese contexto, una decisión que formalmente consiste en autorizar una garantía financiera trasciende el plano administrativo y se convierte en una pieza clave del tablero político cordobés. El desenlace no solo condicionará el futuro de la Municipalidad, sino también la estrategia del peronismo provincial de cara al ciclo electoral de 2027.