En una democracia, la confianza ciudadana no se construye con discursos, sino con transparencia. Y cuando existen dudas sobre el uso de recursos públicos, la respuesta de un gobierno responsable no puede ser el silencio: debe ser la explicación.

Por eso, a partir de la información periodística que señala que el ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, viajó a China en una misión comercial conjunta con la Agencia Córdoba Conectividad, hemos presentado un pedido de informes en la Legislatura provincial para conocer todos los detalles de esa comitiva.

Quiero ser claro: nadie cuestiona la importancia de que Córdoba busque nuevos mercados, genere vínculos internacionales y promueva inversiones. Nuestra provincia tiene un enorme potencial productivo y necesita una política activa de inserción en el mundo.

Pero justamente porque se trata de una misión oficial, vinculada al Estado provincial, cada aspecto debe estar sujeto a la máxima transparencia.

La información difundida plantea un interrogante concreto: el ministro habría viajado acompañado por su esposa. Y frente a esa situación, corresponde preguntar: ¿en qué carácter participó de la misión? ¿Formó parte de la delegación oficial? ¿Tuvo alguna función institucional? ¿Quién pagó los gastos de traslado, alojamiento y estadía?

No son preguntas malintencionadas. Son preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a realizar cuando hablamos de funcionarios públicos y recursos del Estado.

El problema de fondo es que en Córdoba la falta de transparencia se ha convertido en una característica preocupante de la gestión de Martín Llaryora. Durante estos años hemos visto una resistencia permanente a brindar información clara sobre distintos aspectos de la administración provincial.

Y cuando un gobierno no establece límites precisos entre lo público y lo privado, la sociedad empieza a perder confianza.

La función pública implica responsabilidades especiales. Quien ocupa un cargo de gobierno debe entender que cada decisión, cada viaje y cada recurso utilizado están bajo la mirada de los ciudadanos. No porque exista una sospecha permanente, sino porque esa es la esencia del control democrático.

La comparación que planteamos con otros casos nacionales, como el de Manuel Adorni, no busca trasladar situaciones ni anticipar conclusiones. Lo que busca es poner sobre la mesa una discusión necesaria: los funcionarios deben ser extremadamente cuidadosos cuando se trata de diferenciar actividades oficiales de cuestiones personales.

Por eso hemos solicitado formalmente que el Gobierno provincial informe y aclare esta situación.

Queremos saber en qué condición viajó el familiar del ministro, qué actividades desarrolló y, principalmente, quién asumió los costos asociados a esa participación.

Porque cuando se administra dinero público, la transparencia no es una opción. Es una obligación.

Córdoba necesita recuperar una cultura de rendición de cuentas. Necesita un Estado abierto, donde los ciudadanos puedan conocer y controlar las decisiones de quienes gobiernan.

El mejor camino para despejar cualquier duda es brindar información.

Los gobiernos transparentes no temen responder. Al contrario: entienden que explicar es parte fundamental de gobernar.