La crisis del transporte urbano de Córdoba sumó un nuevo capítulo y volvió a poner bajo presión al municipio capitalino. La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) anunció que no aplicará la nueva escala salarial acordada entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), además de informar que pretende liquidar el medio aguinaldo de los trabajadores en seis cuotas.

La decisión empresaria abrió un nuevo frente de conflicto con el gremio, que respondió con una advertencia directa: si los trabajadores no reciben el adelanto salarial correspondiente según la escala vigente, la organización sindical podría avanzar con una medida de fuerza que paralice nuevamente el servicio de colectivos en la ciudad.

En medio de la disputa, la Municipalidad de Córdoba observa el escenario con preocupación y sospecha que detrás del conflicto existe una estrategia coordinada para trasladar nuevamente el costo político y económico a la administración municipal, con el objetivo final de habilitar una nueva actualización tarifaria.

Empresas y sindicato vuelven a tensar la cuerda

El conflicto comenzó cuando FETAP comunicó a la Secretaría de Trabajo de la Provincia que no aplicaría la nueva escala salarial acordada por la UTA y FATAP. El planteo empresario apunta específicamente al adelanto salarial del 40% que, según el convenio colectivo, debería depositarse en los próximos días.

Además, la cámara empresaria anticipó que el medio aguinaldo no sería abonado de manera completa, sino dividido en seis cuotas, una medida que impactaría directamente sobre los trabajadores del sistema.

La respuesta sindical no tardó en llegar. Desde la UTA señalaron que esperan que el próximo lunes los empleados tengan depositado el monto correspondiente de acuerdo con la escala salarial vigente y dejaron abierta la posibilidad de iniciar un paro si las empresas incumplen.

La amenaza gremial vuelve a poner en escena un mecanismo conocido en el transporte argentino: la disputa entre empresas y trabajadores termina trasladándose al funcionamiento del servicio y, finalmente, al usuario.

La Municipalidad sospecha de una maniobra de presión

En el Palacio 6 de Julio interpretan que la jugada empresaria puede formar parte de una estrategia para volver a instalar la discusión tarifaria.

La lectura oficial —aunque por ahora no expresada públicamente— es que existe una suerte de “movimiento de pinzas” entre las empresas y el sindicato que busca generar un escenario de crisis para obligar al municipio a aumentar nuevamente el boleto o ampliar los subsidios destinados al sistema.

Los sectores más críticos agregan un elemento adicional: sostienen que, detrás de la disputa formal entre empresarios y trabajadores, el principal afectado terminaría siendo el usuario del transporte público, quien podría enfrentar un nuevo incremento del costo del viaje.

El antecedente de marzo y una presión que vuelve a repetirse

El argumento utilizado ahora por FETAP no es nuevo. Las empresas ya habían recurrido al acuerdo firmado entre UTA y FATAP el pasado 12 de marzo para justificar el pedido de mayores ingresos.

En aquel momento, la Municipalidad autorizó un aumento del costo del sistema que no fue trasladado completamente al usuario. Actualmente, el pasajero paga un boleto de $1.720, mientras que el municipio aporta una compensación adicional de $309 por cada viaje para cubrir parte de la diferencia.

De esa manera, el costo real del boleto asciende aproximadamente a $2.029, una cifra que refleja la brecha entre lo que paga el usuario y lo que cuesta sostener el servicio.

La pregunta que surge dentro de la administración municipal es por qué las empresas vuelven a utilizar el mismo argumento apenas unos meses después.

La explicación que manejan algunos funcionarios es que las compañías buscan anticiparse al próximo escenario salarial.

Un nuevo acuerdo salarial en puerta

Mientras FETAP endurece su postura, la UTA comenzó conversaciones con FATAP para avanzar en una nueva negociación salarial que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido frente a la inflación durante el segundo cuatrimestre del año.

El encuentro realizado en Buenos Aires representa una señal de alerta para las empresas, que anticipan que cualquier actualización salarial significará un incremento en sus costos operativos.

Por eso, según la interpretación municipal, las compañías estarían intentando adelantarse al resultado de esa negociación y plantear desde ahora la necesidad de mayores recursos.

La cuenta que mira el municipio: un boleto cerca de los $2.200

La Municipalidad intenta mantener la cautela y evitar una nueva discusión tarifaria inmediata, pero los números del sistema empiezan a ejercer presión.

La inflación acumulada durante el trimestre marzo-abril-mayo alcanzó aproximadamente el 8,3%. Si ese porcentaje se aplicara sobre el costo actual del boleto técnico, cercano a los $2.029, el valor del viaje se ubicaría alrededor de los $2.200.

Desde el municipio aclaran que la actualización del costo del transporte no se realiza mediante una cuenta lineal, sino a través de fórmulas polinómicas que contemplan diferentes variables como salarios, combustible, mantenimiento e insumos.

Sin embargo, la estimación sirve para anticipar cuál podría ser el reclamo empresario en las próximas semanas.

Un municipio condicionado por sus propias cuentas

El problema de fondo para la gestión municipal es que el margen financiero aparece cada vez más reducido.

Además del costo creciente del sistema de transporte, la administración enfrenta compromisos económicos heredados, entre ellos el pago de deuda en dólares de gestiones anteriores, que limita la posibilidad de seguir absorbiendo aumentos mediante recursos generales.

En ese contexto, la posibilidad de que el municipio vuelva a cubrir una parte mayor del costo del boleto aparece como una alternativa cada vez más difícil de sostener.

La negociación que comienza en los próximos días será clave. La Municipalidad deberá intentar evitar un paro que afecte a miles de usuarios, contener el reclamo empresario y, al mismo tiempo, impedir que el conflicto derive en un nuevo aumento tarifario.

Mientras tanto, la disputa entre empresas y sindicato vuelve a colocar al transporte cordobés en un escenario de tensión donde, una vez más, el equilibrio del sistema parece depender de quién termine absorbiendo los costos: las compañías, el Estado o los usuarios.