La concejal de la UCR presentó un proyecto para endurecer los controles sobre vehículos con escapes ilegales. La iniciativa busca reducir la contaminación sonora, proteger a personas con sensibilidad auditiva y combatir las picadas callejeras.

La problemática de los escapes libres volvió a instalarse en la agenda del Concejo Deliberante de Córdoba. Esta vez de la mano de la concejal Fabiana Gutiérrez, quien presentó en la Comisión de Servicios Públicos un proyecto de ordenanza que propone endurecer significativamente las sanciones para quienes circulen con vehículos que generen ruidos excesivos mediante modificaciones ilegales en sus sistemas de escape.

La iniciativa apunta a una demanda que, según la edil, se repite de manera constante en los barrios de la ciudad y que afecta directamente la calidad de vida de miles de vecinos.

«Este proyecto responde a lo que nos pide todo el mundo: poder controlar el ruido excesivo de autos y motos. Hoy la norma existe, pero es papel. No tiene dientes, no se cumple y no resuelve nada», sostuvo Gutiérrez durante la presentación.

La propuesta busca transformar una normativa que actualmente considera insuficiente en una herramienta efectiva para el control y la prevención, incorporando nuevas sanciones, mecanismos de decomiso y responsabilidades para quienes comercializan este tipo de dispositivos.

Qué propone el proyecto

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición expresa de circular con vehículos que carezcan de silenciador o que cuenten con escapes libres, resonadores, válvulas o dispositivos que permitan alterar deliberadamente los niveles de ruido.

En caso de detectarse una infracción, el proyecto establece multas que van de 6 a 12 Unidades Económicas Municipales (UEM), además del traslado inmediato del vehículo al depósito municipal.

Sin embargo, la medida más contundente es el decomiso definitivo del sistema de escape ilegal.

La propuesta prevé que estos escapes sean destruidos o inutilizados de manera permanente, impidiendo que vuelvan a ser instalados posteriormente.

«Se terminó eso de sacar el escape y volver a colocarlo a los pocos días. El decomiso es definitivo porque buscamos eliminar el incentivo para reincidir», explicó la concejal.

Un nuevo sistema para retirar los vehículos

Otro de los aspectos más relevantes del proyecto es la modificación del procedimiento para recuperar los vehículos retenidos.

Según explicó Gutiérrez, el esquema actual suele generar demoras, burocracia y situaciones poco claras para los propietarios.

La iniciativa establece que para retirar el vehículo será necesario:

• Abonar la multa correspondiente.
• Pagar la tasa de remoción.
• Cancelar los costos de estadía en el depósito municipal.
• Presentar el libre deuda municipal del vehículo.

Una vez cumplidos esos requisitos, el rodado podrá ser retirado exclusivamente mediante una grúa privada.

El proyecto prohíbe expresamente que el vehículo sea encendido o circule por sus propios medios mientras mantenga el sistema de escape ilegal.

Además, elimina la obligación de realizar la reparación dentro del depósito municipal.

«La persona podrá llevar su vehículo al taller que considere conveniente. Buscamos evitar demoras, costos innecesarios y cualquier situación que complique al vecino que quiere regularizar su situación», señaló.

Sanciones para talleres y comercios

La propuesta también incorpora un aspecto que hasta ahora no estaba contemplado: la responsabilidad de quienes venden e instalan estos dispositivos.

El proyecto prevé multas que van de 50 a 300 UEM para talleres mecánicos y comercios que comercialicen o instalen escapes que no cuenten con la homologación correspondiente.

En casos de reincidencia, la iniciativa contempla incluso la clausura preventiva de los establecimientos.

«Durante años se sancionó únicamente al conductor. Pero alguien fabrica, vende e instala estos sistemas. Si queremos resolver el problema de fondo tenemos que actuar también sobre quienes alimentan ese circuito», argumentó la concejal.

Gutiérrez aclaró que la medida no apunta contra los talleres en general, sino contra la comercialización de elementos que ya son ilegales.

«Quien trabaja dentro de la ley no tiene nada que temer. Lo que buscamos es terminar con la venta de dispositivos que generan perjuicios para toda la comunidad», indicó.

Un plazo para adecuarse

La iniciativa contempla además una cláusula transitoria que otorga un plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma para que los propietarios regularicen sus vehículos.

Durante ese período se prevé una fuerte campaña de difusión y concientización, sin aplicación de multas.

«Queremos que la norma se cumpla. No buscamos salir a recaudar ni castigar de entrada. Damos tiempo para que todos puedan adecuarse», sostuvo Gutiérrez.

Salud, seguridad y convivencia

La concejal fundamentó el proyecto en tres ejes principales: salud pública, seguridad vial y convivencia urbana.

En primer lugar, citó estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que identifican al ruido excesivo como un factor asociado al estrés crónico y otras afecciones.

También puso especial énfasis en el impacto que estos sonidos generan en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hipersensibilidad auditiva y diversas condiciones neurológicas.

«Para muchas personas no es una molestia menor. Un escape libre puede desencadenar crisis sensoriales severas. Tenemos la obligación de protegerlas», afirmó.

El segundo eje está relacionado con la seguridad vial.

Según explicó, los vehículos modificados suelen estar vinculados a picadas ilegales y conductas de riesgo en la vía pública.

«Si eliminamos la herramienta que utilizan para generar estas conductas, también contribuimos a reducir situaciones peligrosas que ponen vidas en riesgo», expresó.

Una tendencia que ya se aplica en otras ciudades

Gutiérrez destacó además que la iniciativa no surge de manera aislada, sino que sigue modelos que ya se aplican en distintos municipios del país.

Entre ellos mencionó experiencias desarrolladas en Santa Fe, Escobar, Río Cuarto, La Falda y otras ciudades que avanzaron en regulaciones similares.

Incluso recordó que actualmente se analizan modificaciones en el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba que van en la misma dirección.

«No estamos inventando nada. Estamos tomando herramientas que ya demostraron funcionar y adaptándolas a la realidad de Córdoba», concluyó.

Con esta iniciativa, Fabiana Gutiérrez vuelve a poner el foco en problemáticas cotidianas que afectan directamente a los vecinos y refuerza una agenda centrada en el orden urbano, la seguridad vial y la convivencia ciudadana, impulsando medidas concretas para enfrentar una situación que desde hace años genera reclamos en distintos sectores de la ciudad.