El llaryorismo redobla la presión sobre la oposición y busca exponer a radicales y juecistas en la Legislatura

El oficialismo provincial abrirá este jueves un nuevo capítulo de confrontación política con el gobierno de Javier Milei por la quita de beneficios de la Ley de Zona Fría. En una sesión especial convocada para las 9 de la mañana, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba intentará que la Legislatura provincial inste a los senadores nacionales cordobeses a rechazar el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados y que implicaría un fuerte incremento en las tarifas de gas para más de 600 mil familias de la provincia.

La iniciativa no tiene asegurado el respaldo necesario. Al no contar con despacho previo, el tratamiento requiere una mayoría agravada de dos tercios, un número que el oficialismo no posee. Sin embargo, lejos de representar un problema, en el Centro Cívico consideran que el verdadero objetivo político pasa por dejar expuesta a la oposición cordobesa, particularmente a los sectores alineados con Milei dentro de la UCR y el Frente Cívico.

En el llaryorismo creen que la discusión por Zona Fría puede transformarse en una nueva bandera de “defensa de Córdoba”, justo en momentos en que el Gobierno nacional avanza sobre beneficios que impactan de lleno en la economía doméstica de miles de familias de clase media y sectores vulnerables.

Llaryora presiona a Juez y Alvarez Rivero

El fin de semana, el gobernador Martín Llaryora pidió públicamente a los senadores nacionales Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero que rechacen el proyecto impulsado por la administración libertaria. La postura ya fue anticipada por la senadora peronista Alejandra Vigo, quien confirmó que votará en contra de la reducción del régimen.

La estrategia oficialista apunta a instalar la idea de que el Gobierno nacional impulsa un ajuste que afectará directamente a los hogares cordobeses en pleno invierno, con temperaturas bajas y un consumo energético elevado.

Pero además, la discusión le permite al peronismo provincial tensar las contradicciones internas de la oposición local. Especialmente las de quienes hoy acompañan políticamente a Milei, aunque en el pasado defendieron la ampliación del régimen de subsidios.

Radicales y juecistas, bajo presión

Uno de los principales objetivos del oficialismo es incomodar políticamente al juecismo. En 2021, cuando se debatió la ampliación de las zonas frías impulsada por el kirchnerismo, Luis Juez votó en contra en Diputados argumentando que se trataba de una medida “populista”. En la misma línea se pronunciaron entonces la dirigente del PRO Laura Rodríguez Machado y el dirigente juecista Ernesto Martínez.

Ahora, sin representantes libertarios formales en la Unicameral, el llaryorismo buscará trasladar la presión hacia los bloques del Frente Cívico y de la UCR.

La situación también incomoda al ex diputado nacional Rodrigo de Loredo, que intenta mantener equilibrio entre su perfil opositor al peronismo provincial y su cercanía estratégica con el oficialismo nacional. Los diputados radicales cordobeses habían acompañado hace cinco años la ampliación del beneficio. Entre ellos figuraban dirigentes hoy cercanos al deloredismo, como Brenda Austin y Soledad Carrizo.

En declaraciones recientes durante una gira por Río Cuarto, De Loredo buscó cambiar el eje de la discusión y apuntó contra la administración provincial: sostuvo que Llaryora “cobra tarifas altísimas en EPEC” mientras “se rasga las vestiduras” por Zona Fría, y prometió elaborar “un plan para bajar tarifas sin demagogia”.

Passerini y el Concejo podrían sumarse

La ofensiva política podría extenderse también al Concejo Deliberante de Córdoba. En el entorno del intendente Daniel Passerini reconocen que existe coordinación plena con la Provincia en este tipo de debates y no descartan impulsar una iniciativa similar en el ámbito municipal.

La Capital cordobesa es uno de los trece departamentos que perderían el beneficio de Zona Fría si prospera la modificación impulsada desde la Casa Rosada. En el municipio sostienen que el impacto social del ajuste ya empieza a sentirse con crudeza.

En ese contexto, el secretario de Políticas Sociales, Raúl La Cava, informó recientemente que 52 personas están durmiendo actualmente en la Recova del Cabildo, una cifra récord que el oficialismo municipal utiliza para ejemplificar el deterioro social derivado del ajuste económico nacional.

Una nueva bandera política para el cordobesismo

La disputa por Zona Fría aparece además como una oportunidad política para el oficialismo provincial, que observa cómo Milei comenzó a ocupar algunas de las banderas históricas del peronismo cordobés, especialmente en materia productiva y agropecuaria.

La reciente rebaja de retenciones anunciada por el Presidente sobre trigo y centeno, y la expectativa de futuras reducciones en soja, obligaron al llaryorismo a reconfigurar su narrativa de confrontación con la Nación.

En ese escenario, el rechazo al recorte de subsidios energéticos se transformó en el nuevo eje discursivo de la administración provincial: una forma de recuperar centralidad bajo la consigna de la “defensa de Córdoba”.

En paralelo, el Panal evita profundizar cuestionamientos sobre otros temas sensibles para el oficialismo nacional, como las controversias que rodean al vocero presidencial Manuel Adorni. En el llaryorismo entienden que, después de tantos años de gestión, tampoco conviene “tirar la primera piedra”.

Una jornada legislativa cargada

El jueves tendrá doble actividad en la Legislatura provincial. La vicegobernadora Myrian Prunotto convocó a la sesión especial de las 9 para debatir el reclamo por Zona Fría.

Más tarde, a las 15, se realizará la sesión ordinaria en la que se abordará, entre otros temas, la denominada “Ley Joaquín”, un paquete de reformas al Código Procesal Penal inspirado en el crimen de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye.

La convocatoria a las comisiones de Seguridad y Legislación General para tratar esa reforma se conoció apenas horas después de que el oficialismo terminara de definir la avanzada política por Zona Fría, una señal de que el tema energético se convirtió en prioridad absoluta para el Gobierno provincial.

Aunque el oficialismo difícilmente consiga los dos tercios necesarios para avanzar con el tratamiento formal, en el Centro Cívico descuentan que el verdadero resultado se medirá en términos políticos: quién queda parado del lado de la defensa del bolsillo de los cordobeses y quién aparece alineado con el ajuste nacional.

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