La disputa política en Córdoba ya no se libra solamente en la Legislatura, en el Congreso o en las urnas. En paralelo, y lejos de las cámaras, comenzó otra batalla igual de estratégica: la pelea por el control e influencia dentro de la Justicia Federal. Allí, el gobernador Martín Llaryora intenta construir poder propio en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces federales.

Aunque todavía faltan pasos formales, en los pasillos judiciales ya se habla de una nueva tanda de designaciones que impactarán directamente en Córdoba. El proceso incluye dos cargos clave en la Cámara Federal de Apelaciones y un lugar en el Tribunal Oral Federal N°2, movimientos que anticipan una reconfiguración del tablero judicial cordobés.

Los nombres que ya circulan en la Justicia Federal

La dupla cercana al karinismo integrada por Santiago Viola y Juan Bautista Mahiques sería la encargada de enviar los pliegos al Senado en las próximas semanas. Según trascendió, los nombres que aparecen con mayor fuerza para Córdoba son:

• Facundo Cortés Olmedo para la Cámara Federal.
• German Gianotti también para la Cámara Federal.
• Soledad Mancini para integrar el TOF2.

Las vacantes en la Cámara Federal se originaron tras la muerte de Luis Rueda y la renuncia de Ignacio Vélez Funes.

Sin embargo, el proceso no está exento de polémicas. En el caso de Gianotti, algunos sectores judiciales deslizan cuestionamientos por una supuesta omisión ante el Consejo de la Magistratura respecto de una imputación de la que luego resultó sobreseído. Aunque jurídicamente el tema estaría cerrado, en el mundo de la rosca judicial esos antecedentes suelen convertirse en herramientas de presión política.

Por otro lado, la aparición de Cortés Olmedo tampoco pasa inadvertida. Radical ligado históricamente al mestrismo, además de haber sido vocal del Ersep, mantiene vínculos familiares con Gonzalo Roca, el dirigente cercano a Gabriel Bornoroni que logró ingresar al Consejo de la Magistratura tras derrotar políticamente al schiarettismo en la disputa parlamentaria del año pasado.

El verdadero objetivo: el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral

Aunque estas designaciones generan expectativa, en el Panal saben que la verdadera batalla todavía está por delante. El cargo más codiciado es el del futuro juez federal con competencia electoral, un puesto de enorme relevancia política porque tendrá injerencia directa en los procesos electorales nacionales en Córdoba.

Para el llaryorismo, controlar influencia en ese proceso significa mucho más que una cuestión institucional: implica asegurarse capacidad de interlocución en una estructura clave de cara a los próximos años electorales.

La selección de ese magistrado aún se encuentra verde y ni siquiera llegó a la etapa de oposición. Pero justamente esa demora le abre una ventana política a Martín Llaryora para intentar construir volumen dentro del Consejo de la Magistratura.

En simultáneo, el oficialismo provincial también sigue de cerca el concurso para cubrir el juzgado electoral provincial, otro espacio estratégico dentro de la arquitectura política cordobesa.

Vigo, Mahiques y los acuerdos cruzados

En esta ingeniería política también aparece Alejandra Vigo, quien habría enviado señales de acercamiento al poderoso entramado judicial vinculado a los Mahiques.

La senadora cordobesa acompañó la continuidad de Carlos Alberto Mahiques en la Cámara de Casación Penal, un gesto leído como una devolución política hacia el entorno de Juan Bautista Mahiques.

En la política argentina, especialmente en el universo judicial, los votos rara vez son gratuitos. Cada apoyo suele formar parte de una negociación más amplia donde confluyen intereses partidarios, judiciales y electorales.

La apuesta del cordobesismo dentro del Consejo

El cordobesismo también analiza cómo ganar presencia directa dentro del Consejo de la Magistratura a través del estamento de los abogados, que renovará representantes en octubre.

Uno de los nombres que aparece en análisis es el de Ignacio Segura, expresidente del Colegio de Abogados de Córdoba y actualmente vinculado a la consejera Fernanda Vázquez.

No obstante, el escenario no resulta sencillo para el Panal. El peso de los colegios porteños y bonaerenses dentro de la estructura electoral del organismo limita las posibilidades de que un dirigente plenamente identificado con Córdoba encabece una lista competitiva.

Angelici, Olmos y la red de alianzas subterráneas

En esta compleja arquitectura política también aparecen operadores históricos del poder judicial argentino. El nombre de Daniel Angelici vuelve a emerger como posible aliado indirecto del cordobesismo.

Angelici mantiene diálogo fluido con sectores del radicalismo cordobés, especialmente con Marcos Ferrer, lo que alimentó versiones sobre posibles acuerdos cruzados. Sin embargo, desde distintos sectores desmintieron que Alejandra Ferrero vaya a integrar una lista impulsada por el llaryorismo.

La otra vía que analiza el gobernador cordobés conduce hacia Juan Manuel Olmos, uno de los armadores más influyentes del peronismo capitalino. Aunque allí aparece una línea roja para el oficialismo cordobés: evitar que cualquier acuerdo implique una sociedad política con La Cámpora.

Una disputa que anticipa el Córdoba 2027

Detrás de cada movimiento judicial aparece el mismo objetivo político: construir poder de largo plazo. Córdoba ingresó en una etapa donde la discusión ya no pasa únicamente por quién gobierna, sino también por quién controla los resortes institucionales que condicionarán la política futura.

Mientras el oficialismo provincial endurece su perfil frente a la Nación y empieza a diseñar el escenario 2027, la avanzada sobre la Justicia Federal expone otra realidad: el cordobesismo entendió que el poder judicial dejó de ser un actor secundario para convertirse en una pieza central del tablero político argentino.

Y en esa partida, nadie quiere quedarse afuera.