Hay veces en que las matemáticas explican mejor la realidad que los discursos oficiales.

Si en un universo cualquiera se extraen al azar tres elementos consecutivos y los tres resultan defectuosos, la estadística deja de hablar de casualidad y empieza a hablar de patrón. No hace falta ser científico, ni juez, ni fiscal. Basta con conservar algo de lógica elemental.

Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en Córdoba.

Tres fiscales que tuvieron en sus manos una de las causas criminales más importantes y mediáticas de la historia argentina terminaron destituidos. No por un tecnicismo menor. No por una diferencia interpretativa. Sino por actuaciones gravísimas, escandalosas, incompatibles con el deber más básico de administrar justicia.

La pregunta ya no es qué pasó con el caso Nora Dalmasso.

La verdadera pregunta es otra:

¿Cuántas personas anónimas fueron destruidas por funcionarios así?

Porque Nora Dalmasso tuvo cámaras, periodistas, abogados caros, presión mediática y repercusión nacional.
Pero el resto de los ciudadanos no tiene nada de eso.

El hombre pobre acusado falsamente no tiene móviles de televisión esperándolo en la puerta de tribunales.
No tiene panelistas indignados.
No tiene recursos para contratar estudios jurídicos que frecuentan los canales de Córdoba.
Tiene apenas un defensor público saturado, indiferente o ausente, y una maquinaria judicial que muchas veces parece funcionar con una lógica burocrática antes que humana.

Y si el sistema tardó casi veinte años en reaccionar frente a semejante desastre institucional en el caso más visible de todos, entonces el problema no son únicamente tres fiscales.

El problema es el sistema entero.

Porque durante dos décadas nadie vio nada.
Nadie frenó nada.
Nadie corrigió nada.
Nadie protegió a nadie.

Mientras tanto, esos mismos funcionarios siguieron acusando, deteniendo, imputando y condicionando vidas ajenas como si nada hubiera ocurrido.

Y acá aparece lo más grave: el Poder Judicial pretende que la sociedad crea que esto fue una excepción.

No lo fue.

Fue apenas la excepción que tomó estado público.

Porque la Justicia cordobesa hace años viene construyendo una estructura donde la prisión preventiva se convirtió en castigo anticipado, donde la denuncia muchas veces vale más que la prueba, donde la presunción de inocencia dejó de ser un principio y pasó a ser una frase decorativa en los manuales de derecho.

Hay hombres inocentes que recuperan su libertad después de años destruidos psicológica, económica y socialmente, y el sistema actúa como si eso fuera un daño colateral aceptable.

No lo es.

Un Estado que encierra inocentes no puede llamarse justo solamente porque a veces también encierre culpables.

Y lo más obsceno es la hipocresía moral con la que funciona buena parte del aparato judicial: funcionarios que pronuncian discursos solemnes sobre derechos humanos mientras toleran hacinamiento, procesos eternos, defensas ineficaces y prisiones preventivas abusivas.

La Constitución dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo.

La realidad cordobesa muchas veces parece exactamente lo contrario.

Penales superpoblados.
Personas esperando años una resolución.
Detenidos que todavía ni siquiera fueron condenados.
Ancianos enfermos abandonados.
Procesos donde la condena social llega mucho antes que la judicial.

Y aun así, los responsables institucionales siguen hablando como si el problema fuera solamente edilicio, presupuestario o administrativo.

No.
El problema es moral.

Porque ninguna cárcel colapsa sola.
Se colapsa porque jueces y fiscales llenan esas cárceles.

Y el caso Dalmasso dejó algo brutalmente expuesto: el sistema puede equivocarse durante veinte años sin que nadie pague el costo real de ese desastre.

Por eso el jury contra los fiscales no alcanza.

Llega tarde.
Demasiado tarde.

No devuelve el tiempo perdido.
No repara familias destruidas.
No devuelve reputaciones.
No resucita muertos.
No sana el daño psicológico de quienes fueron triturados por un aparato estatal irresponsable.

Y tampoco devuelve la confianza pública.

Porque la verdadera inseguridad no es solamente la delincuencia.

La verdadera inseguridad aparece cuando el ciudadano siente que puede quedar atrapado dentro de un sistema arbitrario del que quizá nunca logre salir limpio, aunque sea inocente.

Eso es lo que hoy muchísima gente siente en Córdoba.

Y negarlo ya no es cinismo.

Es complicidad.

JM.