La reciente sesión especial convocada en la Legislatura provincial para debatir la modificación de la Ley Nacional de Zona Fría dejó una conclusión política evidente: el oficialismo prefiere discutir los costos que genera la Nación antes que hacerse cargo del enorme costo que el propio Gobierno provincial les impone a los cordobeses.

El gobierno de Martín Llaryora decidió instalar una posición pública en defensa de los subsidios energéticos vinculados a las zonas frías, pero evitó deliberadamente abrir un debate mucho más incómodo: el impacto del denominado “Costo Córdoba” sobre las familias, los trabajadores y el sector productivo.

Y ahí está el verdadero problema.

Porque nadie discute que el Estado debe asistir a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Es lógico y necesario. Pero también es cierto que no podemos sostener eternamente esquemas de subsidios masivos e indiscriminados sin discutir su sustentabilidad y su impacto sobre el conjunto de la sociedad.

Ahora bien, esa discusión debe darse con coherencia política. Y lo que hoy falta en Córdoba es precisamente coherencia.

Mientras el oficialismo exige sensibilidad social hacia afuera, hacia adentro aplica aumentos desmedidos en servicios esenciales. En la provincia, las tarifas de luz, agua, transporte y peajes tuvieron incrementos que en muchos casos superaron el 500%, en un contexto donde la inflación estuvo muy por debajo de esos niveles.

Es decir: se reclama alivio para los cordobeses frente a las decisiones nacionales, pero se los asfixia desde la propia estructura provincial.

Esa contradicción quedó aún más expuesta durante el tratamiento legislativo. Desde el bloque de la UCR acompañamos el reclamo vinculado a la situación energética, pero incorporamos un punto central: solicitar también al Gobierno provincial una revisión del esquema impositivo y tarifario local.

Ese artículo fue rechazado.

¿Por qué? Porque el oficialismo no quiere discutir el impacto de su propia política fiscal. No quiere hablar de la presión tributaria provincial, del costo de los servicios ni de cómo las familias cordobesas hacen equilibrio todos los meses para sostener gastos básicos.

La sesión terminó transformándose en un ejercicio de oportunismo político: reclamarle a la Nación lo que el Gobierno provincial no está dispuesto a revisar en Córdoba.

Y eso no es solidaridad. Es conveniencia.

Porque si realmente existiera una preocupación genuina por el bolsillo de los cordobeses, el debate no podría estar limitado únicamente a los subsidios nacionales. Debería incluir también los impuestos provinciales, las tarifas locales y el costo general de vivir en Córdoba.

Gobernador, no se puede pedir moderación afuera mientras se sostiene presión adentro.

No se puede construir un discurso de defensa ciudadana mientras se evita debatir los aumentos que golpean todos los días a trabajadores, jubilados, comerciantes y productores.

La sociedad ya no tolera dobles discursos. Necesita dirigentes que sean coherentes y gobiernos que se animen a revisar también sus propias decisiones.

Porque de nada sirve señalar los problemas nacionales si en Córdoba se profundizan otros iguales o peores.

Y cuando el oficialismo evita ese debate, lo que queda expuesto no es sensibilidad social. Lo que queda expuesto es hipocresía política.