La Legislatura de Córdoba no puede convertirse en una escribanía del Poder Ejecutivo ni en un espacio administrado según la conveniencia política del gobernador Martín Llaryora. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo.

La última sesión legislativa se realizó el 5 de mayo y la próxima recién fue convocada para el 28. Tres semanas sin actividad parlamentaria efectiva en una provincia atravesada por conflictos salariales, crisis en salud, reclamos previsionales, problemas de seguridad y un deterioro económico que golpea todos los días a miles de cordobeses.

La pregunta es inevitable: ¿qué Legislatura puede cumplir seriamente su función trabajando de esta manera?

El problema no es falta de trabajo legislativo. Muy por el contrario. Desde la oposición presentamos permanentemente proyectos, pedidos de informes e iniciativas vinculadas a salud, seguridad, transparencia, educación y control de gestión. El problema es otro: la decisión política del oficialismo de bloquear, demorar o directamente cajonear cualquier tema que incomode al Gobierno provincial.

Eso también es una forma de censura.

Porque cuando cientos de proyectos quedan atrapados en comisiones sin tratamiento, cuando los pedidos de informes no avanzan y cuando se evita deliberadamente abrir debates sobre temas sensibles, lo que se restringe no es el trabajo de la oposición: se limita el derecho de los cordobeses a conocer, debatir y controlar cómo se gobierna la provincia.

La dinámica actual deja en evidencia una lógica preocupante. Solo avanzan con rapidez los proyectos que le interesan políticamente al oficialismo: endeudamiento, creación de cargos, aumentos impositivos o modificaciones vinculadas a recursos del Estado. Para eso sí hay urgencia, sesiones especiales y tratamiento exprés.

En cambio, las iniciativas vinculadas a transparencia, control institucional o reclamos sociales quedan congeladas.

No es casualidad. Es una metodología.

Gobernador, gobernar con mayoría no significa gobernar sin límites. Y mucho menos silenciar el funcionamiento legislativo. La democracia no se fortalece concentrando decisiones ni reduciendo el debate parlamentario al mínimo indispensable.

Una Legislatura activa no debería ser vista como una molestia para el Ejecutivo, sino como una herramienta fundamental de equilibrio institucional. El problema es que cuando el oficialismo entiende al control como una amenaza, la calidad democrática empieza a deteriorarse.

Hoy la Legislatura provincial funciona por debajo de las necesidades reales de Córdoba. Sesiones espaciadas, expedientes atrasados y comisiones paralizadas no son detalles administrativos: son síntomas de una decisión política de reducir la discusión pública.

Y eso tiene consecuencias.

Porque mientras la Legislatura permanece semiparalizada, los problemas de la provincia siguen creciendo. La crisis sanitaria avanza, los conflictos salariales se profundizan, la inseguridad preocupa y los cordobeses esperan respuestas que nunca llegan al recinto.

Está claro que el Gobierno busca sostener un relato de normalidad. Una provincia ordenada, sin conflictos visibles y sin debates incómodos. Pero la realidad no se tapa suspendiendo la discusión legislativa.

La democracia necesita debate. Necesita control. Necesita oposición. Y necesita una Legislatura funcionando plenamente.

Lo contrario no es gobernabilidad. Lo contrario es concentración de poder.