El debate por el futuro del sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Córdoba vuelve a poner en el centro de la escena a los cuidacoches, conocidos popularmente como “naranjitas”. Mientras el municipio avanza con una nueva ordenanza para reorganizar la actividad, un dato expone la complejidad del escenario: de las ocho cooperativas registradas oficialmente para nuclear trabajadores del sector, solo cuatro mantienen actualmente activa su matrícula.

La situación genera preocupación entre quienes integran estas organizaciones y también dentro del Ejecutivo municipal, ya que la nueva normativa prevé que únicamente podrán desempeñarse como “constatadores” aquellos cuidacoches que formen parte de cooperativas reconocidas por la Municipalidad.

La iniciativa, que esta semana será sometida a votación en el Concejo Deliberante, cuenta con despacho favorable impulsado por el oficialismo y acompañado por bloques opositores. El proyecto busca reformular el sistema de estacionamiento medido y endurecer los requisitos para quienes trabajen en la vía pública ofreciendo servicios vinculados al cuidado de vehículos.

Solo la mitad de las cooperativas está habilitada

Actualmente, la Municipalidad reconoce ocho cooperativas vinculadas a la actividad, con un total cercano a los 360 asociados registrados. Sin embargo, distintas fuentes del sector aseguran que la cantidad real de personas que hoy trabajan en las calles de la capital cordobesa supera ampliamente esa cifra y rondaría los 2.000 trabajadores entre cuidacoches y limpiavidrios.

Las cooperativas que continúan habilitadas son:

• Cooperativa Movimiento de Trabajadores Naranjitas (M.T.N.) Ltda.
• Cooperativa Aparcar Ltda.
• Cooperativa Tosco Vive Ltda.
• Cooperativa CVA Ltda.

En contraste, permanecen suspendidas:

• Cooperativa Bicentenario Social II Ltda.
• Cooperativa La Unión Ltda.
• Cooperativa El Progreso Ltda.
• Cooperativa La Victoriosa Ltda.

A ese listado se suma además Cooperativa El Parque, que prestaba servicios en el sector del Parque Sarmiento.

La suspensión implica que esas entidades no podrán ofrecer la posibilidad de que sus asociados ingresen al nuevo esquema previsto por el municipio, al menos hasta tanto regularicen su situación administrativa y legal.

Los requisitos y el peso de la formalización

Desde las cooperativas activas reconocen que sostener la regularidad institucional representa una dificultad importante para organizaciones atravesadas por la precariedad económica y la informalidad laboral.

“No es tan sencillo tener una cooperativa de servicios”, sostuvo Noe Quinteros, referente de la Cooperativa Tosco Vive. Según explicó, las entidades deben afrontar obligaciones fiscales y administrativas cada vez más complejas.

“Implica pagar Ingresos Brutos y cumplir con un montón de requisitos. Ahora, además, los asociados deben acreditar cuestiones vinculadas a cuota alimentaria, perspectiva de género, certificado de buena conducta y antecedentes”, señaló.

Entre las razones que derivaron en la suspensión de algunas cooperativas aparecen intimaciones previas, sumarios administrativos abiertos, CUIT suspendidos ante ARCA —el organismo que reemplazó a la ex AFIP—, además de incumplimientos en la presentación de balances y documentación obligatoria.

Desde el municipio aseguraron que las entidades “fueron debidamente intimadas por la Secretaría de Políticas Sociales” y afirmaron que existe un trabajo conjunto para intentar normalizar la situación de las organizaciones afectadas.

Una discusión social y política que excede el estacionamiento

El nuevo esquema vuelve a poner sobre la mesa una problemática histórica en la capital cordobesa: la convivencia entre el ordenamiento urbano, la economía informal y la ausencia de políticas sociales sostenidas.

La ordenanza vigente establece en su artículo 8° que los oferentes del sistema pueden ser organizaciones no gubernamentales inscriptas en registros habilitados por la ciudad, siempre que acrediten personería jurídica y cumplan las exigencias reglamentarias correspondientes.

Además, la normativa otorga prioridad a cooperativas de trabajo integradas por ex permisionarios del sistema de estacionamiento medido y a organizaciones vinculadas con personas con discapacidad, niñez o adultos mayores, siempre bajo habilitación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Sin embargo, para referentes sociales vinculados al sector, el debate no puede limitarse únicamente a controles o restricciones.

“Esto no se resuelve con un cambio de color de chaleco ni con la prohibición. Se resuelve con políticas públicas de un Estado municipal que ha estado ausente en los últimos seis años”, cuestionó Quinteros, en una crítica que apunta directamente a la falta de programas de contención e inserción laboral.

El desafío de controlar una actividad masiva

Uno de los principales interrogantes que enfrenta el municipio es cómo implementar efectivamente el nuevo esquema frente a una realidad que desborda los registros oficiales.

Aunque el Ejecutivo reconoce formalmente menos de 400 asociados en cooperativas habilitadas, en la práctica la presencia de cuidacoches en distintos puntos de la ciudad es muy superior y responde a dinámicas económicas y sociales difíciles de regular.

La futura ordenanza buscará diferenciar entre quienes estén incorporados formalmente al sistema y quienes permanezcan fuera de los registros municipales. No obstante, distintos sectores advierten que la regulación podría derivar en nuevos conflictos si no se acompaña de controles efectivos y alternativas laborales concretas para quienes hoy dependen de la actividad informal para subsistir.