La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, lanzó una dura advertencia sobre la situación salarial de los docentes universitarios y aseguró que el deterioro de los ingresos durante la gestión de Javier Milei ya provocó una pérdida acumulada cercana al 40%, configurando —según sostuvo— “el salario más bajo desde fines de los años 90”.

En un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, Medina describió un escenario de “desfinanciamiento progresivo”, ausencia de negociación paritaria y creciente éxodo de docentes e investigadores del sistema universitario y científico argentino.

“La pérdida salarial acumulada ronda el 40%. El golpe más fuerte ocurrió entre diciembre de 2023 y enero de 2024 y nunca logramos recuperarlo porque desde que asumió este gobierno no volvimos a tener paritarias”, explicó la dirigente gremial.

Según denunció, el Ejecutivo nacional mantiene suspendida la mesa formal de negociación salarial prevista por ley, situación que, a criterio del gremio, profundiza el deterioro de las condiciones laborales en las universidades nacionales.

“Tenemos una ley específica de paritaria que hoy el Gobierno directamente incumple. Eso nos deja sin siquiera un espacio institucional para discutir salarios y condiciones laborales”, remarcó.

Salarios por debajo de la canasta básica

Medina sostuvo que los incrementos otorgados por el Gobierno fueron definidos “de manera unilateral” y siempre quedaron por debajo de la inflación. El resultado, afirmó, es una pérdida sostenida del poder adquisitivo que impacta especialmente sobre las categorías más bajas del sistema universitario.

“La única categoría que hoy está por encima de la canasta básica es la de profesor titular con semidedicación, que es el resultado de décadas de carrera académica. La enorme mayoría de los docentes no llega nunca a esa situación”, explicó.

En ese sentido, describió el funcionamiento de la estructura universitaria como una “pirámide jerárquica” en la que miles de trabajadores quedan atrapados en categorías intermedias o iniciales durante años.

La situación más crítica, aseguró, corresponde a los docentes simples, cuyos salarios rondan entre 230 mil y 240 mil pesos mensuales.

“Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que sostienen la universidad pública y que hoy cobran salarios que desalientan absolutamente la continuidad de la tarea”, afirmó.

“Se van de la universidad, del sistema científico y del país”

La titular de ADIUC advirtió que el deterioro salarial ya comenzó a tener consecuencias estructurales sobre el sistema universitario argentino. Según explicó, cada vez más docentes buscan otros empleos, abandonan la actividad académica o incluso emigran.

“Hay docentes que se van de la universidad, del sistema científico y también del país”, señaló.

Pero además, sostuvo que el impacto excede lo individual y termina afectando áreas enteras de investigación y formación académica.

“Cuando se va un docente formado, que dirige equipos y tiene trayectoria, no se pierde solamente esa persona. Se desarma un equipo de investigación, una cátedra, un proyecto académico completo”, explicó.

Para Medina, el problema ya no puede analizarse únicamente desde lo salarial, sino desde las consecuencias futuras sobre el desarrollo científico y tecnológico del país.

“El daño es acumulativo y tiene una gravedad enorme para el futuro del sistema científico argentino”, alertó.

Críticas al Gobierno y tensión con las universidades

La dirigente sindical también cuestionó el vínculo político entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, denunciando una actitud “hostil” por parte de funcionarios nacionales.

En ese marco, recordó que el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario que incluía la obligación de convocar a negociaciones salariales, aunque aseguró que el Ejecutivo continúa sin cumplirla.

“Después de más de 200 días de aprobada una ley ratificada por la Justicia, el Gobierno sigue decidido a incumplirla”, sostuvo.

Además, denunció nuevos recortes presupuestarios y una estrategia discursiva orientada —según afirmó— a “desprestigiar” a las universidades públicas.

“Todos los días aparecen declaraciones de funcionarios atacando a la universidad pública, cuando deberían estar pensando cómo fortalecerla”, cuestionó.

Y concluyó con una definición de fuerte contenido político:

“No es solamente un problema salarial. Hay una actitud permanente de revancha del Gobierno contra las universidades públicas”.