Llaryora mide a Milei y los intendentes pagan el costo de la crisis financiera

La pulseada silenciosa entre el gobernador Martín Llaryora y el presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo, esta vez con los intendentes como protagonistas involuntarios de una crisis financiera que se agrava mes a mes. Mientras desde Buenos Aires se intentó sumar al intendente capitalino Daniel Passerini a una movida nacional para reclamar fondos y obras adeudadas por Nación, Córdoba eligió nuevamente el camino de la cautela política.

La decisión no fue casual. Ni Passerini ni el Panal quisieron quedar expuestos en una escena que pudiera interpretarse como alineamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, hoy uno de los principales opositores de la Casa Rosada. En tiempos donde nadie quiere ser catalogado como enemigo del poder central, el oficialismo cordobés opta por la moderación pública, aunque puertas adentro crece la preocupación.

La invitación que Córdoba rechazó

El martes pasado se realizó en Buenos Aires una protesta encabezada por intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), con reclamos por la paralización de obras públicas y la retención de fondos nacionales.

Entre quienes cursaron invitaciones estuvo Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense y dirigente cercano a Kicillof. Según trascendió, se comunicó con Daniel Passerini y con otros intendentes de peso como Pablo Javkin (Rosario) y Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), todos integrantes del Consejo Federal de Intendentes (Cofein).

La respuesta cordobesa fue negativa. Desde el entorno municipal consideraron que la protesta mostraba una impronta “demasiado metropolitana”, con fuerte centralidad bonaerense y una narrativa poco compatible con la identidad política que Córdoba busca sostener.

Llaryora evita romper con Milei

La segunda negativa llegó desde el Centro Cívico. En el Gobierno provincial entienden que hoy no conviene tensar de más la relación con la Nación. Llaryora necesita conservar canales abiertos con la administración libertaria, especialmente con el ministro de Economía Luis Caputo, con quien mantiene diálogo fluido por avales y financiamiento externo.

El cálculo político es evidente: mientras exista la posibilidad de que Milei no compita con fuerza en las provincias y concentre su estrategia en la reelección presidencial, Córdoba prefiere no convertirse en blanco directo de la Casa Rosada.

Aunque el gobernador ha cuestionado la situación del PAMI y la falta de recursos para discapacidad, evita transformarse en opositor frontal. Una posición pragmática que busca equilibrio, pero que también empieza a generar ruido entre dirigentes territoriales que necesitan respuestas urgentes.

Los municipios, al límite

Donde la paciencia se agota es en los municipios y comunas del interior. La caída de ingresos golpea con fuerza y ya comenzaron los ajustes.

Según datos que circulan entre intendentes oficialistas, la comparación interanual de la primera quincena de marzo mostró una baja del 27% en recursos. Traducido: millones de pesos menos para afrontar salarios, servicios esenciales y funcionamiento básico.

Desde el Ministerio de Gobierno provincial se habría trazado un panorama complejo para al menos los próximos seis meses. Ante ese escenario, varias administraciones locales empezaron a recortar gastos.

Ajustes en cadena: Río Cuarto y Capilla del Monte

Río Cuarto fue uno de los primeros en anunciar medidas de austeridad. Luego se sumó Capilla del Monte, donde el intendente interino Santiago Arenas dispuso:

  • Reducción del 15% en salarios de funcionarios.
  • Alcance del recorte a concejales y tribunos de cuentas.
  • Congelamiento de haberes políticos.
  • Disminución de horas extras.
  • Menor gasto en combustible y operatividad.

Para varios intendentes, sin embargo, el recorte de la planta política es más simbólico que estructural. El verdadero problema sigue siendo la caída sostenida de ingresos y la ausencia de asistencia extraordinaria.

El reclamo cordobés que asoma

En el chat interno que reúne a más de 220 dirigentes de Hacemos Unidos por Córdoba ya comenzaron a circular propuestas para impulsar una protesta propia en Buenos Aires. La idea sería una movida “cordobesista”: firme en el reclamo, pero sin romper puentes, al estilo discursivo que aplica Llaryora.

También apareció otra alternativa más ambiciosa: construir una convocatoria nacional transversal, sin banderías partidarias. Sin embargo, la fragmentación política y los intereses cruzados vuelven esa posibilidad difícil de concretar.

El Cofein se reactiva

Mientras la FAM aparece lejana para el peronismo cordobés, el Consejo Federal de Intendentes sí comienza a moverse. El espacio nació hace dos años por la discusión sobre subsidios al transporte y busca representar a ciudades del interior sin depender del esquema bonaerense.

En las últimas semanas sumó a la diputada schiarettista Carolina Basualdo, presidenta de la comisión de Asuntos Municipales en Diputados, y ya solicitó reuniones con autoridades nacionales.

La próxima cita formal será el 13 y 14 de mayo en Rosario, aunque antes habrá un encuentro en Tucumán donde oficialmente se debatirá cambio climático. Nadie duda de que el verdadero tema será otro: cómo presionar a Nación sin dinamitar relaciones políticas.

Córdoba entre la prudencia y la necesidad

El oficialismo provincial intenta sostener una estrategia de equilibrio: reclamar sin confrontar, negociar sin someterse, diferenciarse sin aislarse. Pero mientras en la cima se administra la diplomacia, abajo la crisis aprieta.

Los intendentes necesitan recursos más que gestos. Y si la caída de fondos continúa, el silencio táctico de Córdoba podría convertirse en un problema político interno mucho más difícil de contener que cualquier disputa con la Casa Rosada.

Deja un comentario