Rodrigo de Loredo acelera su estrategia de posicionamiento rumbo al ciclo electoral que desembocará en 2027 y empieza a exhibir, de manera gradual pero calculada, las banderas con las que buscará disputar el poder provincial. Con foco casi excluyente en la seguridad pública, el dirigente radical volvió a cargar contra una de las iniciativas más emblemáticas del oficialismo municipal: la Guardia Urbana.

La ofensiva no es casual. En el entorno del exdiputado entienden que la inseguridad constituye hoy uno de los puntos más sensibles para la gestión provincial y municipal, y por eso decidieron concentrar allí sus principales intervenciones públicas. Mientras el tándem opositor que integran Gabriel Bornoroni y Luis Juez gana volumen político, De Loredo necesita recuperar centralidad y diferenciarse dentro del mapa opositor cordobés.

En ese marco, el radical comenzó a desplegar una batería de propuestas que buscan instalarlo como alternativa de gestión. Primero fue la iniciativa para postergar la edad jubilatoria del personal policial con el objetivo de reincorporar y sostener en actividad a unos 4.000 agentes. Ahora, el blanco elegido es la Guardia Urbana, programa lanzado por la Municipalidad de Córdoba y presentado como uno de los ejes centrales de la campaña municipal de 2023.

Seguridad como eje de campaña anticipada

La lectura política de De Loredo es clara: la preocupación social por el delito y la percepción de falta de respuestas eficaces generan una ventana de oportunidad para cuestionar al oficialismo. Sobre esa base, impulsa propuestas de alto impacto mediático, aunque con escasas posibilidades de prosperar institucionalmente en el corto plazo.

Semanas atrás, sus legisladores avanzaron con un proyecto para modificar dos normas clave: la Ley 9.728 de Personal Policial y la Ley 8.024 del régimen jubilatorio. La idea consiste en extender a 30 años el tiempo de servicio del personal subalterno —hoy fijado en 25—, elevar en tres años la edad jubilatoria y acompañar la medida con una recomposición salarial del 20 por ciento para los efectivos.

El financiamiento, según explicaron desde el radicalismo, surgiría de una reducción del gasto político vinculado a organismos provinciales y de un alivio en la carga de la Caja de Jubilaciones. Aunque en la oposición admiten que difícilmente el oficialismo acompañe semejante reforma, el objetivo parece ser otro: instalar agenda y captar el malestar ciudadano con la crisis de seguridad.

Guardia Urbana, nuevo blanco opositor

Ahora el dirigente radical elevó el tono y fue directo contra la Guardia Urbana, al sostener que el programa “no sirve para nada y es un gastadero de plata”. La frase refleja también un cambio de estilo comunicacional: más directo, más confrontativo y en sintonía con los formatos políticos que ganaron terreno tras la irrupción libertaria.

Para De Loredo, el programa municipal fracasó en su meta original de colaborar con la prevención del delito. Según argumenta, quienes integran la Guardia Urbana no son policías, no cuentan con herramientas operativas, no portan armas y tampoco poseen facultades administrativas plenas para sancionar infracciones como sí lo hacen inspectores municipales.

Desde esa mirada, se trata de una estructura costosa y con resultados poco visibles. El radical respaldó su crítica con cifras del Tribunal de Cuentas: aseguró que sólo durante el primer semestre de 2026 la Municipalidad solicitó pagos por 1.960 millones de pesos y que, de mantenerse esa dinámica, el costo anual ascendería a 4.000 millones para sostener a 270 becarios del programa.

Proyecto en el Concejo Deliberante

Tras la embestida mediática, los concejales radicales presentaron formalmente una iniciativa en el Concejo Deliberante para eliminar la Guardia Urbana. La propuesta sumó además el acompañamiento de la edil del PRO Soher El Sukaria y buscaría incorporar nuevos respaldos opositores en las próximas semanas.

El movimiento tiene una doble lectura. Por un lado, obliga al oficialismo municipal a defender una política pública emblemática en medio de cuestionamientos crecientes. Por otro, le permite a De Loredo recuperar protagonismo en un escenario donde otros referentes opositores venían marcando el ritmo.

Una disputa que recién empieza

Más allá del destino legislativo de los proyectos, la discusión anticipa el tono de la política cordobesa hacia los próximos años. Seguridad, gasto público, eficiencia estatal y liderazgo opositor aparecen como los primeros capítulos de una contienda que, aunque formalmente lejana, ya comenzó.

De Loredo busca mostrarse como gestor en potencia antes que como simple crítico. El desafío será convertir los golpes de efecto en una propuesta integral y sostenida. Mientras tanto, el oficialismo enfrenta una señal de alerta: algunas de sus políticas más promocionadas empiezan a transformarse en blanco de desgaste político.