Ignacio Segura quedó primero en el concurso para el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, con competencia electoral, mientras Federico Robledo es impulsado para ocupar una vacante en San Francisco. Detrás de ambas jugadas aparece la sociedad política entre el gobernador y Diego Molea, en una disputa que también involucra al Gobierno nacional.

El gobernador Martín Llaryora busca ganar terreno en la Justicia Federal de Córdoba. A través de una alianza con Diego Molea, integrante del Consejo de la Magistratura, el oficialismo provincial mueve sus fichas en dos designaciones estratégicas: el Juzgado Federal N° 1 de la Capital y una vacante en San Francisco, ciudad natal del mandatario.

En ese tablero aparecen dos nombres cercanos al llaryorismo. Ignacio Segura, funcionario de la consejera Fernanda Vázquez, quedó primero en el concurso para el juzgado de Córdoba capital. Federico Robledo, secretario de Coordinación del Ministerio de Justicia provincial, es la apuesta para ocupar el tribunal de San Francisco, aunque también fue incluido en la discusión por una vacante en Villa María.

Las últimas semanas dejaron señales concretas de esa estrategia. Los consejeros alineados con Molea consiguieron llevar al plenario del Consejo de la Magistratura dos despachos por la minoría que impulsan a Robledo, en una decisión que se aparta de la terna promovida por el Gobierno nacional. La prioridad, según interpretan en los Tribunales Federales, sería ubicarlo en San Francisco.

La disputa por ese juzgado tiene dos propuestas. Las ternas comparten a Santiago Díaz Cafferata y Agustina Felizia, pero difieren en el tercer candidato: la mayoría impulsa a Carolina Ludueña, mientras que el sector que responde a Molea y mantiene vínculos con Llaryora propone a Robledo. Una maniobra similar se registró en Villa María, donde el funcionario provincial también consiguió respaldo para entrar en la consideración.

Un lugar clave en Córdoba capital

La otra jugada tiene como protagonista a Ignacio Segura. En el concurso para el Juzgado Federal N° 1 obtuvo 90 puntos en la prueba de oposición y alcanzó un total de 173,4 al computarse sus antecedentes profesionales. Ese resultado lo ubicó en el primer puesto provisorio.

La vacante tiene un valor político particular: el tribunal cuenta con competencia electoral, un área especialmente sensible en cualquier provincia. La tradición indica que los gobernadores buscan tener influencia en la designación del juez que tendrá a su cargo esa jurisdicción.

Segura mantiene vínculos políticos visibles con Llaryora y ocupa un cargo en el Consejo de la Magistratura como funcionario de Fernanda Vázquez, dirigente alineada con Molea. La relación entre el gobernador y el consejero tampoco quedó limitada a gestos reservados: ambos compartieron una fotografía pública días atrás y Llaryora incorporó a su secretario de Seguridad, Juan Manuel Aráoz, en la lista de Molea para las elecciones de representantes de la abogacía.

Esa apuesta, sin embargo, terminó con una derrota contundente frente a la nómina encabezada por el sector de Daniel “Tano” Angelici y Ricardo Gil Lavedra. Pese a ese resultado, el entendimiento político entre Llaryora y Molea sigue teniendo incidencia en las discusiones por las vacantes judiciales.

La definición todavía está abierta

El primer puesto de Segura no significa que tenga asegurado el juzgado. Todavía deben resolverse las impugnaciones y realizarse las entrevistas personales. Además, la definición quedará en manos del próximo Consejo de la Magistratura, que deberá elevar una terna al Poder Ejecutivo nacional. El presidente podrá elegir a cualquiera de los candidatos para enviar su pliego al Senado.

El caso de Robledo se encuentra en una instancia más inmediata. Su postulación ya forma parte de la negociación que deberá resolver el plenario del Consejo en las próximas semanas. La discusión se inscribe, además, en el esquema de acuerdos entre Javier Milei y los gobernadores, donde las designaciones judiciales también funcionan como parte del toma y daca político.

Así, Llaryora busca sostener presencia en dos jurisdicciones de peso para Córdoba: la Capital, por su competencia electoral, y San Francisco, por su importancia territorial y su vínculo directo con el gobernador. Con Segura bien posicionado en el concurso y Robledo impulsado desde una minoría del Consejo, el oficialismo provincial intenta convertir su relación con Molea en influencia concreta sobre el mapa judicial cordobés.