Leonardo Limia pidió devolver a comisión el proyecto que buscaba apartar a la jefa del bloque radical. La decisión llegó después de que Bernardo Knipscheer anticipara su abstención y cuestionara una nueva escalada. La oposición atribuyó el repliegue a la falta de votos y responsabilizó al peronismo por la parálisis legislativa.

El peronismo decidió frenar, al menos por ahora, la ofensiva contra Alejandra Ferrero. Durante la sesión de este jueves, el legislador Leonardo Limia pidió que su proyecto para apartar a la presidenta del bloque radical volviera a comisión, pese a que ya contaba con despacho favorable y estaba incluido en el temario.

La decisión llegó después del áspero plenario de comisiones, donde el PJ y la UCR volvieron a cruzarse por los casos de Ramón «Cañito» Flores y Omar Manuel Ludueña, asesor de Ferrero. La disputa había paralizado la actividad efectiva del recinto durante más de un mes y amenazaba con profundizarse en la antesala de la visita del papa León XIV.

Pero el oficialismo no tenía todas las voluntades aseguradas. Bernardo Knipscheer, titular de Asuntos Constitucionales e integrante del sector delasotista, había cuestionado la conveniencia de insistir con el apartamiento y anticipado que se abstendría. «No va a haber un ganador», advirtió, al considerar que la confrontación estaba perjudicando a todos los espacios. Su postura expuso las diferencias internas en Hacemos Unidos por Córdoba.

Finalmente, Limia solicitó retirar la iniciativa del temario y devolverla a comisión. Aunque justificó el pedido en que los bloques ya habían podido expresar sus posiciones, volvió a cuestionar a Ferrero y le reclamó coherencia a la UCR. «Mantener la coherencia entre los criterios que se exigen a los demás y los que se sostienen frente a situaciones que involucran al propio espacio político es fundamental para preservar la credibilidad de las instituciones», sostuvo.

Una sesión con nuevos cruces

El repliegue no evitó que continuaran los enfrentamientos. Durante el tratamiento de un pedido de informes de Brenda Austin sobre la situación laboral de Mario Alejandro Giraudo y Ariel Alejandro Rodríguez, otros dos asesores vinculados a Flores con antecedentes penales y condenas, el radical Miguel Nicolás volvió a cargar contra Limia.

Calificó de «vergüenza» y «barbaridad» su propuesta de aconsejarle una licencia a Ferrero y denunció un intento de «patoterismo institucional para intentar callar a la oposición». También reclamó que la comisión de Asuntos Constitucionales no se transformara en «una unidad básica».

El peronista Abraham Galo respondió con una defensa del oficialismo y acusó a la UCR de aplicar una doble vara. «Patoteros fueron ellos, patoteros mediáticos», sostuvo, en referencia a los cuestionamientos contra Flores. También volvió sobre el caso Ludueña y lanzó una advertencia a los radicales: «No escupan para arriba».

Marcelo Eslava se sumó a las críticas contra Nicolás, a quien reprochó haber roto el entendimiento que permitía mantener una sesión ordenada. El intercambio volvió a mostrar que, aunque el PJ retiró su iniciativa, la tensión entre ambos espacios sigue lejos de resolverse.

La oposición atribuyó el repliegue a la falta de votos

Los bloques opositores difundieron un comunicado conjunto en el que calificaron la decisión como una «marcha atrás» del oficialismo. Según su interpretación, el PJ desistió de llevar el proyecto al recinto porque no contaba con los votos necesarios para aprobarlo, al no tener asegurado el acompañamiento de todos sus legisladores.

La oposición recordó que había planteado argumentos jurídicos y políticos contra el apartamiento y reclamó avanzar con iniciativas destinadas a fortalecer los controles institucionales, una postura que también viene sosteniendo Oscar Agost Carreño.

La UCR, el Frente Cívico, el PRO, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, el Partido Demócrata, Izquierda Socialista en el FIT-Unidad y Valores Republicanos responsabilizaron al peronismo por la parálisis legislativa.

«Su marcha atrás no recupera el tiempo perdido», advirtieron, al cuestionar que la disputa haya postergado el tratamiento de proyectos de interés para los cordobeses. «Gobernar también es hacerse cargo de lo que se impide hacer», concluyeron.

El PJ evitó una votación que podía exponer fisuras internas y la oposición capitalizó el movimiento como una señal de debilidad. El proyecto contra Ferrero seguirá en comisión, pero el conflicto por los asesores y la guerra de acusaciones entre peronistas y radicales permanece abierto. La sesión recuperó cierta normalidad, aunque la tregua política todavía parece frágil.