El Concejo aprobará una reforma del Estatuto que incorpora nuevos requisitos de ingreso, controles anuales y la obligación de informar imputaciones penales. La oposición acompañará el proyecto, cuya efectividad dependerá de los mecanismos de verificación que implemente el Ejecutivo. La discusión podría extenderse a la Provincia.

Después de cuatro meses y medio de debate, el Concejo Deliberante aprobará hoy una modificación del Estatuto del Empleado Municipal para endurecer los controles sobre quienes ingresan y permanecen en la administración. El oficialismo sostiene que la reforma busca «levantar la vara en cuanto a la integridad para el acceso y permanencia en la función pública».

El proyecto nació tras el crimen de Agostina Vega, cuyo principal sospechoso, Claudio Barrelier, trabajaba en el municipio y acababa de pasar de becario a contratado cuando se conoció el caso. En medio de los cuestionamientos a la gestión de Daniel Passerini, el peronismo impulsó cambios en los controles del personal para recuperar la iniciativa política.

La propuesta original contemplaba la presentación semestral de certificados de buena conducta y narcotest, además de sanciones más severas por incumplimiento. El texto consensuado en comisión amplió los requisitos, aunque dejó menos definidas las consecuencias ante determinadas faltas.

Más requisitos y controles anuales

Para ingresar a la Municipalidad se exigirán certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales, constancias de no inscripción en los registros de Deudores Alimentarios Morosos y de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, y un resultado negativo de narcotest.

Los agentes deberán renovar anualmente esa documentación y comunicar las imputaciones penales formalizadas en su contra. Las exigencias también alcanzarán al personal contratado, transitorio y de planta no permanente; según la interpretación oficialista, incluirán a los becarios.

La Dirección de Personal deberá verificar los antecedentes mediante consultas a registros oficiales. Sin embargo, la norma no prevé sanciones específicas para los funcionarios que incumplan esa obligación, una diferencia significativa frente a las nuevas exigencias impuestas a los trabajadores.

El texto también limitará las posibilidades de mantener suspensiones preventivas y sumará cláusulas transitorias para habilitar convenios con organismos nacionales y provinciales, exigir información sobre imputaciones anteriores a la ordenanza y extender los controles a la administración descentralizada. La aplicación concreta de estas disposiciones deberá comprobarse una vez que la reforma entre en vigencia.

El desafío será hacer cumplir la norma

El acompañamiento de la oposición le permitirá a Passerini exhibir un acuerdo político amplio en torno de una reforma que surgió de una de las crisis más incómodas de su gestión. Pero el consenso legislativo no garantiza, por sí solo, que el municipio pueda detectar situaciones como la que originó el debate.

La eficacia dependerá de la reglamentación, de la actualización de los registros y de la capacidad del Ejecutivo para verificar la documentación y actuar ante eventuales irregularidades. Sin esos mecanismos, los nuevos requisitos corren el riesgo de convertirse en una obligación formal con escaso impacto práctico.

La discusión, además, podría llegar al Centro Cívico. Martín Llaryora también enfrenta el costo político de episodios que ponen bajo cuestionamiento los controles dentro del Estado, como los que recientemente resonaron en la Legislatura.

Passerini dará hoy el primer paso. La pregunta es si la reforma logrará fortalecer los controles de manera efectiva y si la Provincia avanzará por el mismo camino, en un escenario donde la integridad de los agentes públicos comienza a ocupar un lugar cada vez más sensible en la agenda política.