Una vez más, el Gobierno de Martín Llaryora decide que sean los cordobeses quienes paguen las consecuencias de sus decisiones. La nueva suba del transporte interurbano no es solamente un aumento de tarifa: es otro golpe directo al bolsillo, especialmente de las familias que menos tienen y que dependen del transporte público para desarrollar su vida cotidiana.

Y por eso quiero decirlo con claridad: no podemos naturalizar que vivir en Córdoba sea cada vez más caro.

Cada aumento tiene detrás una historia concreta. Está el trabajador que todos los días debe trasladarse desde una localidad del interior. Está el estudiante que viaja para poder cursar. Está la familia que necesita llegar a un hospital o realizar un trámite. Para todos ellos, el transporte no es un lujo ni una elección. Es una necesidad.

Cuando aumenta el boleto, aumenta también el costo de trabajar, de estudiar y de vivir.

No se puede gobernar siempre ajustando al usuario

El Gobierno provincial podrá explicar los costos del sistema, hablar de estructuras tarifarias o justificar cada actualización con argumentos técnicos. Pero la política también consiste en establecer prioridades.

Y mi pregunta es sencilla: ¿por qué la respuesta siempre termina siendo que paguen más los cordobeses?

No alcanza con administrar aumentos. Gobernar también significa encontrar mecanismos para proteger a quienes tienen menos margen para soportarlos.

Córdoba necesita un Estado eficiente, que cuide sus recursos y que deje de trasladar permanentemente sobre los ciudadanos el costo de sus errores, sus gastos y sus decisiones.

No podemos aceptar como algo normal que cada problema termine resolviéndose de la misma manera: aumentando una tarifa, creando un nuevo costo o exigiéndole un esfuerzo adicional al contribuyente.

No hay política social si cada vez cuesta más trasladarse

El Gobierno provincial suele hablar de inclusión, acompañamiento y políticas sociales. Pero esas palabras pierden fuerza cuando una familia tiene que destinar cada vez una porción mayor de sus ingresos simplemente para poder moverse.

Por eso sostengo algo que para mí es elemental: no hay verdadera política social cuando el Estado hace cada vez más caro para las familias que menos tienen trasladarse.

El transporte público debería ser una herramienta de integración.

Debería acercar oportunidades, no alejarlas.

Debería permitir que una persona pueda aceptar un trabajo en otra localidad, que un joven pueda estudiar y que una familia pueda acceder a servicios esenciales sin tener que preguntarse antes si puede pagar el viaje.

Cuando el precio del boleto comienza a convertirse en una barrera, tenemos un problema que excede cualquier discusión técnica.

Córdoba no puede seguir siendo una provincia cara

El problema tampoco puede analizarse de manera aislada.

Los cordobeses vienen soportando aumentos en distintos servicios y una presión permanente sobre sus economías familiares. En ese contexto, cada nueva suba se siente todavía más.

Por eso creo que Córdoba necesita cambiar la lógica.

Necesitamos un Gobierno que entienda que gobernar no significa hacer caja a costa del bolsillo de la gente.

Necesitamos una administración más austera, más eficiente y capaz de establecer prioridades.

Antes de pedirle un nuevo esfuerzo a los ciudadanos, el Estado debe demostrar que hizo todos los esfuerzos posibles puertas adentro.

Esa debería ser la regla.

El bolsillo también marca un límite

Muchas veces la política habla de grandes obras, inversiones, estadísticas y proyectos. Todo eso puede ser importante.

Pero después está la realidad.

La realidad de quien espera el colectivo temprano a la mañana para ir a trabajar. La del estudiante que hace cuentas para llegar a fin de mes. La del jubilado o la familia del interior que necesita trasladarse.

Ahí es donde se mide verdaderamente una política pública.

Y cuando viajar se vuelve cada vez más caro, esa realidad no puede esconderse detrás de ninguna explicación técnica.

Por eso rechazo esta nueva suba.

No porque desconozca que existen costos en el sistema, sino porque estoy convencido de que el bolsillo de los cordobeses no puede seguir siendo la variable de ajuste permanente del Gobierno provincial.

Martín Llaryora debe entender que existe un límite.

Córdoba necesita un Gobierno que haga más eficiente al Estado y más accesible la vida de sus ciudadanos, no al revés.

Basta de aumentos a costa de quienes menos tienen. Basta de trasladar siempre el costo hacia el mismo lugar. Es momento de empezar a cuidar, de verdad, el bolsillo de los cordobeses.