La Municipalidad de Córdoba reconoció un nuevo aumento en los costos del sistema de transporte urbano, pero decidió, al menos por ahora, no trasladarlo al precio que pagan los pasajeros. La tarifa continuará en $2.150, mientras que será el Palacio 6 de Julio el que deberá afrontar con recursos propios la diferencia generada por el incremento del costo por kilómetro.

La decisión abre un nuevo frente para la administración de Daniel Passerini, que viene advirtiendo sobre una caída sostenida de los ingresos municipales y que deberá sumar ahora mayores desembolsos para sostener uno de los servicios públicos más sensibles de la Capital.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Serie B N° 264, publicada esta semana. La normativa fijó el costo del sistema en $5.406,13 por kilómetro y estableció una tarifa plena masiva de $2.558,50. Sin embargo, para los usuarios de SUBE el boleto continuará en $2.150. La diferencia será cubierta con recursos municipales.

Un aumento que no llega al boleto, pero sí a la caja municipal

En términos prácticos, el pasajero no verá una modificación inmediata cuando suba al colectivo. El problema se desplaza hacia otro lugar: las cuentas públicas.

La Municipalidad deberá reconocerle a las prestatarias mayores costos operativos sin obtener, por el momento, mayores ingresos provenientes del boleto. El esquema transforma así al municipio en el amortiguador de una suba que igualmente existe dentro del sistema.

La resolución establece además valores plenos de $2.046,80 para la tarifa barrial, $2.942,27 para la tarifa anillo y nocturna, $10.234 para el servicio expreso y $11.769 para el expreso nocturno.

La decisión llega apenas algo más de dos meses después de la última actualización del boleto. En julio, la Municipalidad había llevado la tarifa masiva a $2.150 después de nueve meses sin modificaciones y había fundamentado aquella suba en el incremento del combustible, los salarios y los costos derivados del sistema de contingencia del transporte.

Esta vez, la estrategia fue diferente: reconocer el incremento hacia adentro del sistema, pero evitar que el usuario vuelva a enfrentarse con otro aumento.

Caffaratti puso el tema en la agenda

La resolución podría haber tenido un recorrido administrativo mucho más silencioso de no ser por la intervención de la presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante, Elisa Caffaratti.

La concejala cuestionó públicamente la actualización y puso el foco no en una supuesta suba del boleto —que no existe— sino en el mayor costo que deberá asumir el municipio.

Caffaratti reclamó mayor información sobre los recursos destinados al transporte y vinculó la actualización con el funcionamiento cotidiano del servicio, especialmente las frecuencias, el estado de las unidades y las prestaciones que reciben los pasajeros.

El planteo se suma a una discusión política de larga data entre el oficialismo y la oposición alrededor del transporte urbano.

Los bloques opositores vienen cuestionando la continuidad de la emergencia en el sector, las facultades del Ejecutivo para modificar tarifas, la falta de avances definitivos en una nueva licitación del servicio y la demora del nuevo marco regulatorio.

El oficialismo, por su parte, sostiene que el sistema atraviesa una situación extraordinaria desde la eliminación del Fondo Compensador al Transporte del Interior por parte del Gobierno nacional.

Passerini sostiene el boleto y apunta a la Nación

Desde la administración municipal remarcaron que el boleto seguirá costando $2.150.

Ese precio había sido fijado en julio, cuando el municipio también recordó que Córdoba continuaba financiando parte del transporte con fondos propios después de la eliminación de los subsidios nacionales al interior.

Passerini viene utilizando ese argumento como uno de los ejes centrales de su defensa del esquema actual: el transporte urbano del interior enfrenta costos crecientes mientras una parte importante de los mecanismos de compensación nacionales permanece concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

A ello se suman los aumentos salariales.

En septiembre, representantes de la UTA y del sector empresario alcanzaron un acuerdo que contempló, entre otros puntos, una recomposición del 10,5% sobre salarios y adicionales, además de sumas extraordinarias y nuevos valores de viáticos.

Cada nueva paritaria impacta directamente en la estructura de costos del transporte y obliga a redefinir cómo se distribuye la carga entre empresas, pasajeros y Estado municipal.

Una caja con menos margen

El verdadero problema para Passerini aparece cuando el nuevo gasto se cruza con la situación financiera del municipio.

Los ingresos propios de la Municipalidad cayeron alrededor de 24% en términos reales entre agosto de 2023 y agosto de 2026, de acuerdo con datos difundidos en los últimos días sobre la evolución de las cuentas municipales.

El propio intendente había reconocido además una disminución superior al 11% en la recaudación y aseguró que su administración respondió con una reducción superior al 10% en los gastos municipales.

Al mismo tiempo, el Palacio 6 de Julio viene atravesando un proceso de reestructuración de deuda. En agosto, la Municipalidad anunció una operación por US$120 millones, con respaldo provincial, destinada a reemplazar vencimientos anteriores por un esquema de mayor plazo. La propia administración explicó entonces que la operación se producía en un contexto de menor recaudación, baja actividad económica y mayor demanda sobre servicios públicos municipales.

En ese escenario, cada punto adicional en el costo del transporte adquiere otra dimensión.

El transporte vuelve a tensionar al Palacio 6 de Julio

La decisión de congelar el boleto puede contener, en el corto plazo, uno de los conflictos de mayor sensibilidad social para la gestión.

Pero el costo no desaparece.

Simplemente cambia de lugar.

En vez de trasladarse directamente al usuario, pasa a engrosar el volumen de recursos municipales necesarios para mantener funcionando el sistema.

Ese equilibrio será cada vez más difícil de sostener si continúan aumentando combustibles y salarios y, al mismo tiempo, la recaudación no logra recuperarse.

Para Passerini, el desafío será administrar esa brecha sin afectar el servicio, sin deteriorar aún más las cuentas municipales y sin recurrir inmediatamente a un nuevo aumento del boleto.

La oposición ya encontró allí un nuevo punto desde el cual presionar: cuánto cuesta realmente el transporte, cuánto aporta la Municipalidad y cuánto tiempo puede sostenerse un esquema en el que el pasajero paga $2.150 mientras el costo reconocido del sistema supera los $2.550.

Por ahora, el municipio eligió absorber la diferencia.

La incógnita es hasta cuándo podrá hacerlo sin que la presión sobre la caja termine obligando a revisar nuevamente el valor del boleto o a buscar recursos en otra parte.