El radical ordenó a los legisladores de su bloque avanzar con el pedido por “mal desempeño e indignidad”. El caso Ramón Flores, la desaparición de una declaración jurada patrimonial y otras controversias de la Legislatura forman parte de la ofensiva. La pelea política escala y pone bajo presión a la conducción de la Unicameral.
Rodrigo de Loredo decidió llevar la pelea con el oficialismo provincial a un nuevo límite. El dirigente radical ordenó a los legisladores de su bloque impulsar un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Myrian Prunotto, a quien acusa de “mal desempeño e indignidad” en el ejercicio de sus funciones.
La ofensiva opositora se apoya en el artículo 112 de la Constitución de Córdoba y coloca nuevamente a la Legislatura en el centro de la disputa política provincial. Esta vez, el objetivo no es solamente cuestionar una decisión puntual del oficialismo, sino poner bajo la lupa la conducción de la Unicameral.
De Loredo comunicó la decisión a través de una publicación en X, donde sostuvo que había instruido a los legisladores radicales para avanzar con la presentación. El planteo llega en un momento particularmente delicado para el oficialismo, luego de semanas de controversias alrededor del caso Ramón “Cañito” Flores y de las condiciones bajo las cuales se designan y controlan los asesores de los legisladores.
El caso Flores, en el centro de la ofensiva
El expediente político que más peso tiene dentro de la argumentación radical es el caso de Flores, el legislador peronista de Río Seco que quedó bajo fuerte cuestionamiento luego de que trascendiera que cuatro de sus asesores tenían antecedentes penales graves.
Para De Loredo, el episodio constituye “el límite” y compromete directamente a Prunotto por su responsabilidad institucional al frente de la Legislatura.
La discusión ya había generado un fuerte enfrentamiento entre oficialismo y oposición. El peronismo consiguió aprobar la licencia de Flores, mientras que los bloques opositores reclamaron su salida definitiva de la banca.
Ahora, el radicalismo intenta trasladar esa discusión a la máxima autoridad de la Unicameral.
La acusación apunta a que Prunotto habría dado conformidad a las designaciones cuestionadas y, desde la mirada de la oposición, eso demostraría fallas en los mecanismos de control sobre el personal legislativo.
Una declaración jurada que vuelve a abrir interrogantes
A ese episodio De Loredo sumó otro elemento que busca darle mayor peso político a su denuncia: la supuesta desaparición de la primera declaración jurada patrimonial de Flores, presentada en 2007.
Según el dirigente radical, la ausencia de ese documento dificulta reconstruir y controlar la evolución patrimonial del legislador.
El planteo introduce una nueva dimensión en el conflicto. Ya no se trata solamente de los controles sobre los asesores, sino también de la preservación y disponibilidad de documentación vinculada con las obligaciones patrimoniales de los funcionarios y legisladores.
Para la oposición, el episodio forma parte de un cuadro más amplio de desorden institucional dentro de la Legislatura.
Empleados fantasma, información y el “autoexilio”
De Loredo también incorporó otros cuestionamientos que exceden el caso Flores.
Entre los argumentos mencionó las denuncias vinculadas con empleados fantasma, las críticas por la negativa de la Legislatura a entregar determinada información requerida por periodistas y el viaje temporal de Prunotto a Estados Unidos.
El radical calificó esa salida del país como un “autoexilio”, interpretando que la vicegobernadora buscó evitar quedar expuesta frente a los cuestionamientos que atravesaban a la Unicameral.
A esto agregó el caso de una integrante de la custodia de Prunotto, a quien atribuyó antecedentes vinculados con situaciones de maltrato.
La acumulación de episodios es parte de la estrategia política del radicalismo: presentar los distintos conflictos no como hechos aislados, sino como componentes de un supuesto patrón de funcionamiento de la conducción legislativa.
La pelea cambia de escenario
La ofensiva de De Loredo representa un salto cualitativo en la relación entre la UCR y el oficialismo provincial.
Hasta ahora, la disputa había estado concentrada en pedidos de informes, cuestionamientos públicos y cruces durante las sesiones. El pedido de juicio político modifica la naturaleza del enfrentamiento y coloca a la vicegobernadora frente a un proceso institucional de mayor gravedad.
Prunotto, además, ocupa una posición estratégica: no sólo es la vicegobernadora de Córdoba, sino también la presidenta de la Legislatura. Por eso, cualquier cuestionamiento sobre el funcionamiento de la Unicameral impacta directamente sobre su gestión.
De Loredo sintetizó su diagnóstico con una frase que anticipa el tono que tendrá la nueva etapa del conflicto: desde la llegada de Prunotto a la conducción de la Legislatura, “el descontrol es total y las sospechas se multiplican”.
La clave estará en los votos
Más allá del impacto político de la denuncia, el desafío para la oposición será transformar la acusación en un proceso con posibilidades concretas de avanzar.
El pedido deberá ser presentado formalmente por los legisladores radicales y atravesar las distintas instancias previstas por la Constitución provincial. Allí aparecerá el principal obstáculo: la correlación de fuerzas dentro de la Unicameral.
El oficialismo conserva una posición determinante y será necesario observar qué actitud adoptan los bloques opositores y aquellos sectores que puedan funcionar como árbitros frente a una acusación de semejante magnitud.
Por eso, el anuncio de De Loredo tiene dos dimensiones. Una es estrictamente institucional: intentar abrir un juicio político contra la vicegobernadora. La otra es eminentemente política: convertir la crisis generada por el caso Flores en una ofensiva contra la conducción del Poder Legislativo.
La discusión promete profundizarse en las próximas sesiones. El caso Flores, que ya había puesto en jaque los mecanismos de control de la Legislatura, ahora amenaza con convertirse en el punto de partida de una pelea mucho mayor: la oposición busca que el costo político de la crisis alcance directamente a la segunda autoridad de la provincia.