La renuncia de Ramón “Cañito” Flores no cerró la crisis: la profundizó. El radicalismo decidió avanzar contra la vicegobernadora por “mal desempeño e indignidad”, mientras el jefe del bloque oficialista acusó a De Loredo de “oportunismo, hipocresía y carancheo” y buscó trasladar la discusión hacia las causas que involucran a la Policía Federal y a la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

La relación entre el peronismo y la Unión Cívica Radical en la Legislatura de Córdoba atraviesa su momento de mayor tensión. El caso de Ramón “Cañito” Flores, que terminó con la renuncia del legislador de Río Seco, lejos de cerrar una etapa, abrió un nuevo capítulo de confrontación entre el oficialismo y la principal bancada opositora.

La decisión de Rodrigo de Loredo de instruir a los legisladores radicales para impulsar un pedido de juicio político contra Myrian Prunotto elevó el conflicto a otro nivel. La acusación apunta contra la vicegobernadora y presidenta de la Unicameral por presunto “mal desempeño e indignidad”, en los términos del artículo 112 de la Constitución provincial.

El movimiento radical coloca directamente en la mira a quien conduce la Legislatura y transforma el caso Flores en una disputa institucional de mayor alcance: ya no se trata solamente de determinar responsabilidades políticas por la permanencia del legislador cuestionado, sino de discutir la conducción del propio Parlamento cordobés.

Torres salió al contraataque

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. Facundo Torres, jefe del bloque peronista, salió a cruzar a De Loredo y buscó cambiar el eje de la discusión.

El legislador acusó a la oposición radical de actuar con “oportunismo, hipocresía y carancheo” y planteó que el radicalismo utiliza las investigaciones judiciales de acuerdo con el rédito político que puedan generar.

Para reforzar su argumento, Torres llevó la discusión al ámbito nacional y puso bajo la lupa a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a partir de las causas judiciales que involucran a efectivos de la Policía Federal en Córdoba.

“Si De Loredo y cierta oposición tuvieran coherencia y actuaran por principios, ya estarían pidiendo la renuncia de la ministra Alejandra Monteoliva por los graves hechos que involucran a efectivos de la Policía Federal en Córdoba”, lanzó.

La maniobra política es evidente: frente a una ofensiva radical que apunta directamente contra la máxima autoridad de la Legislatura, el oficialismo intenta correr el foco hacia el Gobierno nacional y, particularmente, hacia un área sensible como Seguridad.

Torres también cuestionó el despliegue que, según su lectura, realizó el radicalismo durante las denuncias que involucraron a efectivos de la Policía Caminera y al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

“Conferencia de prensa, la Legislatura convertida en estudio de televisión, cámaras, teléfono sin cable en mano, gestos graves y todo el repertorio que ya desplegó para caranchear con el caso de la Caminera y pegarle a Quinteros. Pero esta vez no”, ironizó.

Sin embargo, el jefe de la bancada oficialista buscó marcar una diferencia que considera central: sostuvo que las investigaciones judiciales no deberían utilizarse para reclamar renuncias de manera automática.

“Y hacen bien. No corresponde convertir una investigación judicial en un circo ni pedir cabezas al voleo”, sostuvo.

El argumento, sin embargo, deja abierta una pregunta política: si el principio es no transformar una investigación en un juicio político anticipado, ¿por qué el oficialismo considera legítimo cuestionar la reacción opositora y trasladar el debate hacia funcionarios nacionales?

De Loredo puso a Prunotto en el centro

Del otro lado, De Loredo decidió subir considerablemente la apuesta.

El dirigente radical considera que el caso Flores expuso problemas que exceden la conducta individual del ahora exlegislador y alcanzan directamente a la conducción de la Legislatura.

“Desde que Prunotto es presidenta de la Legislatura el descontrol es total y las sospechas se multiplican”, sostuvo.

Para el radicalismo, el caso Flores fue el límite.

La oposición cuestionó que el legislador haya incorporado asesores con antecedentes penales y puso bajo la lupa distintos episodios vinculados con la administración de la Unicameral. Entre ellos aparecen el caso de una presunta empleada fantasma, la negativa a entregar determinada información y la desaparición de la primera declaración jurada patrimonial presentada por Flores en 2007.

Este último punto tiene especial peso político. La ausencia de esa documentación, según denunció De Loredo, dificulta reconstruir la evolución patrimonial del exlegislador y alimenta las sospechas alrededor de su trayectoria.

El radicalismo pretende convertir esos episodios en una acusación más amplia sobre el funcionamiento de la Legislatura bajo la conducción de Prunotto.

Flores renunció antes de quedar expuesto a una nueva votación

El conflicto tuvo además un desenlace inesperado en los tiempos políticos.

La UCR había anticipado que volvería a reclamar la exclusión de Flores por “indignidad” en la sesión del próximo miércoles. El oficialismo, en cambio, había conseguido aprobar previamente una licencia para el legislador, evitando su expulsión y conteniendo una votación que podía convertirse en un fuerte costo político para el peronismo.

En ese escenario, la renuncia terminó precipitándose este domingo.

Flores dejó su banca en medio de la presión política generada por la investigación judicial que involucró a uno de sus asesores y que derivó en una fuerte crisis institucional. Su salida desactivó, al menos parcialmente, la posibilidad de una nueva votación sobre su permanencia en la Unicameral.

Pero también dejó expuesto el conflicto de fondo.

En el oficialismo existía preocupación por no convertir la eventual expulsión de Flores en una victoria política de la oposición. La renuncia permitió cerrar el episodio desde el punto de vista institucional, aunque no evitó que la discusión se trasladara hacia la conducción de la Legislatura.

La escalada comenzó antes

La pelea entre el PJ y la UCR no nació con el pedido de juicio político.

En las últimas semanas, el radicalismo endureció progresivamente su postura frente al oficialismo. Brenda Austin y Matías Gvozdenovich encabezaron parte de la ofensiva para reclamar la expulsión de Flores.

Luego se sumó Miguel Nicolás, quien presentó una cuestión de privilegio contra Prunotto por la manera en que se desarrolló el tratamiento de la licencia del legislador durante la sesión anterior.

Ese episodio terminó de instalar una discusión que excede el caso Flores: la oposición comenzó a cuestionar directamente el modo en que Prunotto conduce la Legislatura.

La respuesta del oficialismo también se endureció. El Gobierno provincial dejó de enfrentar solamente críticas sobre un caso puntual y pasó a responder una ofensiva política que apunta a uno de los principales resortes institucionales del poder cordobés.

Una disputa que recién empieza

El cruce entre De Loredo y Torres anticipa que el caso Flores tendrá una larga vida política, incluso después de la renuncia del legislador.

El radicalismo busca aprovechar la crisis para instalar una acusación contra la conducción de la Unicameral y poner a Prunotto en el centro del debate institucional. El oficialismo, por su parte, intenta evitar que la oposición convierta el episodio en una bandera electoral y responde trasladando el conflicto hacia los dirigentes nacionales vinculados con la UCR y sus aliados.

La pelea también tiene una lectura hacia 2027.

De Loredo necesita mostrar capacidad de confrontación con el peronismo y, al mismo tiempo, consolidar liderazgo dentro de una UCR que atraviesa su propia disputa interna. Torres, en tanto, tiene la tarea de defender al oficialismo en una Legislatura donde cada conflicto con la oposición puede convertirse en una señal de desgaste para el Gobierno de Martín Llaryora.

Por eso, la renuncia de Flores no fue el punto final.

Fue, en todo caso, el detonante de una disputa más grande por el poder, la conducción institucional y el relato político de la Legislatura.

Y el pedido de juicio político contra Prunotto deja claro que la UCR ya no pretende limitar su ofensiva al caso del exlegislador de Río Seco. El peronismo, por su parte, parece decidido a responder golpe por golpe.

La relación entre las dos principales fuerzas de la Unicameral ingresó así en una etapa de máxima tensión, con una certeza: el conflicto todavía tiene varios capítulos por delante.