El legislador de Río Seco presentó su renuncia indeclinable a la Unicameral en medio de la investigación por grooming y abuso infantil que involucra a uno de sus asesores y que derivó en operativos en un predio rural de su propiedad. En una carta de fuerte tono defensivo, negó las acusaciones, denunció una campaña en su contra y aseguró retirarse “con la conciencia tranquila”.

El escándalo judicial que sacudió al norte cordobés sumó este lunes un nuevo capítulo político: Ernesto Ramón “Cañito” Flores formalizó su renuncia indeclinable a la banca que ocupaba en la Legislatura de Córdoba en representación del departamento Río Seco.

La decisión se produjo después de semanas de creciente presión política alrededor de una investigación judicial por delitos de grooming y abuso infantil, expediente que derivó en múltiples detenciones y que colocó al dirigente peronista en el centro de una controversia que rápidamente trascendió los límites de su territorio.

Uno de los elementos que mayor impacto tuvo fue la detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor legislativo de Flores. A esto se sumó otro dato especialmente sensible para el dirigente: parte de los hechos investigados habría ocurrido en un predio rural de su propiedad.

Desde el ámbito judicial se había aclarado que Flores no estaba formalmente imputado y que, hasta ese momento, tampoco se había acreditado que tuviera conocimiento previo de los hechos bajo investigación. Sin embargo, esa precisión jurídica no logró contener el costo político que comenzó a acumular el legislador.

Una renuncia con tono de defensa

Lejos de presentar su salida como una aceptación de las acusaciones que comenzaron a circular, Flores eligió una estrategia discursiva claramente defensiva y confrontativa.

En la carta elevada a la Cámara, sostuvo que durante los últimos tiempos fue víctima de una “campaña de difamación y de descalificación personal” y atribuyó esas acciones a intereses de sectores políticos de su comunidad.

El legislador apuntó así directamente contra sus adversarios locales y cuestionó que quienes no pudieron resolver sus diferencias “en el ámbito democrático y mediante el voto popular” recurran ahora a mecanismos de difamación, agravios y acusaciones.

La definición revela una lectura política del episodio: Flores busca separar el expediente judicial de la disputa política que lo rodea y presentar su salida como una decisión personal destinada a preservar las instituciones, y no como consecuencia de una admisión de responsabilidad.

“Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario”, sostuvo en uno de los pasajes centrales de su renuncia.

El argumento de la “conciencia tranquila”

Flores también procuró dejar asentado que no considera que su renuncia implique una derrota política ni mucho menos un reconocimiento de culpabilidad.

Según planteó, dar un paso al costado constituye, en determinadas circunstancias, una forma de preservar “la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones”.

Con ese argumento, el dirigente decidió trasladar el eje de la discusión al ámbito judicial. En su interpretación, serán los tribunales los encargados de determinar responsabilidades y establecer qué acusaciones cuentan con sustento probatorio.

“Quien formule una acusación deberá asumir la responsabilidad de sostenerla y demostrarla con pruebas”, sostuvo, reivindicando su derecho a defenderse en el marco de la Justicia.

El cierre de su carta fue igualmente contundente: aseguró retirarse “con la conciencia absolutamente tranquila” y agradeció a quienes lo acompañaron durante su paso por la Legislatura.

El costo político de un caso que excedió a Flores

Aunque jurídicamente la situación de Flores no sea equivalente a la de los acusados y detenidos en la causa, el impacto político del caso terminó alcanzando directamente al legislador y, por extensión, al oficialismo provincial.

La detención de un integrante de su equipo y los procedimientos realizados en un inmueble de su propiedad generaron una presión difícil de administrar para Hacemos Unidos por Córdoba. El caso ya había obligado a la Legislatura a revisar y endurecer los mecanismos de control sobre el personal contratado, en un intento por evitar que situaciones similares vuelvan a comprometer institucionalmente a la Unicameral.

La renuncia de Flores aparece, en ese contexto, como una salida política destinada a cerrar uno de los frentes más incómodos que atravesó el oficialismo durante las últimas semanas.

Pero la dimisión no termina con el problema. La investigación judicial continuará su curso y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes. En paralelo, la discusión política deja abierta otra pregunta: hasta dónde llegan las responsabilidades políticas de un dirigente por las personas que integran su estructura de asesores y por los espacios vinculados a su actividad pública o privada.

Un capítulo que no cierra el escándalo

Flores deja la banca, pero el episodio difícilmente termine con su salida de la Legislatura.

El caso ya produjo consecuencias institucionales, profundizó el debate sobre los controles a los asesores legislativos y expuso las dificultades del oficialismo para administrar políticamente una causa de enorme sensibilidad social.

La renuncia puede quitar a Flores del centro de la escena parlamentaria, pero no modifica el expediente judicial ni despeja las preguntas que surgieron alrededor del caso.

El dirigente, por ahora, eligió resistir desde una posición clara: niega las acusaciones, denuncia una maniobra política y confía en que sea la Justicia la que determine la verdad de los hechos.

Su salida de la Unicameral marca así un nuevo punto de inflexión en una crisis que comenzó en el norte provincial y terminó impactando de lleno en el corazón político del oficialismo cordobés.