La contundente definición de Alejandra Vigo, quien reclamó la renuncia de Ramón “Cañito” Flores, abrió una nueva etapa en el escándalo que golpea a la Legislatura. El caso no sólo compromete al legislador de Río Seco: también expone las tensiones de una estructura territorial que durante años repartió poder más allá de las fronteras partidarias.

La crisis política desatada por el caso de Ramón “Cañito” Flores comienza a superar los límites de la Legislatura y amenaza con impactar de lleno en uno de los entramados territoriales más tradicionales del norte cordobés.

La senadora nacional Alejandra Vigo fue contundente: “Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”. La frase significó, en los hechos, un fuerte distanciamiento del peronismo provincial respecto de Flores, quien tenía entre sus asesores a un hombre detenido en una investigación por abusos sexuales a menores y a otro con una condena por peculado.

La definición de Vigo llegó apenas horas después de que el oficialismo legislativo evitara la expulsión de Flores. Con 34 votos contra 31, la Unicameral aprobó una licencia de seis meses para el legislador de Río Seco.

La oposición había reclamado su salida definitiva, pero no consiguió los dos tercios necesarios. El resultado, además, quedó atravesado por las ausencias de tres opositores: Alejandra Ferrero, Juan Pablo Peirone y Gregorio Hernández Maqueda. Un empate habría dejado a la vicegobernadora Myrian Prunotto en una situación especialmente incómoda, ya que habría tenido que intervenir para destrabar la votación.

Pero la cuestión política más profunda aparece ahora fuera del recinto.

El poder territorial en riesgo

La eventual caída de Flores pone bajo tensión al denominado “ejército del norte”, una estructura de poder territorial construida durante años alrededor de cinco dirigentes que concentran influencia política, económica y electoral en distintos departamentos.

Flores tiene su principal base en Río Seco. A su alrededor aparecen Gustavo “Tata” Palomeque e Isaac “Chachi” López, en Tulumba; Raúl Figueroa, en Ischilín; y Marcelo Eslava, en Sobremonte.

Son dirigentes que, con diferentes niveles de cercanía y pertenencia partidaria, construyeron un esquema de poder basado en el manejo territorial, los vínculos municipales y el acceso a recursos del Estado.

“La embestida es grande, hay que resistir”, escribió uno de ellos en un grupo de WhatsApp que comparten con otros dirigentes peronistas.

La frase refleja el clima interno: lo que está en discusión no es solamente el futuro político de Flores, sino la continuidad de una forma de hacer política en una región donde cada voto pesa y donde las estructuras estatales tienen una incidencia decisiva.

Un norte donde las fronteras partidarias se vuelven difusas

La particularidad del norte cordobés es que las alianzas políticas muchas veces trascienden las etiquetas partidarias.

Un ejemplo mencionado en la región es el vínculo entre el peronista Palomeque y el radical Lucas Lerda, intendente de Sebastián Elcano. A ambos se les atribuye una sociedad de hecho vinculada a “Costurero”, un reconocido caballo de carrera.

Lerda, además, abandonó recientemente el radicalismo para incorporarse al espacio político del gobernador Martín Llaryora. Su explicación fue directa: “Los partidos políticos no existen más”.

Otro caso señalado en Villa de María de Río Seco es el de Osvaldo “Cacho” Bustos, dirigente juecista y candidato a intendente por Juntos por el Cambio en 2023, a quien se ubica como socio de hecho de Flores en emprendimientos agropecuarios.

Más allá de la veracidad y alcance de esas vinculaciones, su circulación política sirve para describir una característica histórica de la región: las alianzas territoriales suelen ser más fuertes que las identidades partidarias.

Y allí radica parte de la fortaleza de estos caciques, pero también una de sus principales vulnerabilidades.

Las primeras señales de desgaste

El poder del “ejército del norte” ya había mostrado fisuras en las elecciones de 2023.

En Tulumba, la banca de legislador departamental quedó en manos del radical Sebastián Peralta, favorecido por la disputa interna entre Palomeque y López.

Peralta obtuvo 3.974 votos, alrededor de 600 más que la esposa de López, que encabezaba la boleta del PJ. En el territorio circuló entonces la versión de que sectores vinculados a “Tata” Palomeque habrían contribuido a la derrota de su adversaria peronista.

El episodio dejó expuesta una cuestión central: cuando el peronismo llega dividido a una elección en el norte, el aparato territorial puede dejar de ser una garantía de triunfo.

Los números explican mejor la dimensión del fenómeno.

Flores consiguió en 2023 3.598 votos y se impuso por casi 900 sufragios sobre el candidato de Juntos por el Cambio. Eslava, en Sobremonte, fue elegido con apenas 1.512 votos, mientras que su principal competidora quedó a sólo 105 sufragios.

En una región despoblada y con padrones pequeños, unos pocos cientos de votos pueden definir una elección. Por eso, el control territorial, la presencia estatal y la capacidad de movilización adquieren un valor extraordinario.

El antecedente de De la Sota

El conflicto tampoco es nuevo.

Durante su última gestión, José Manuel de la Sota intentó reducir el peso de los caudillos tradicionales del norte mediante un plan de desarrollo regional impulsado a través de la Fundación del Banco de Córdoba y conducido políticamente por Adriana Nazario.

La estrategia buscaba llevar recursos y programas directamente al territorio, evitando que todo el flujo político y económico quedara intermediado por los referentes locales.

Cuando Juan Schiaretti regresó a la Gobernación en 2015, el programa continuó, aunque progresivamente el manejo territorial volvió a quedar en manos de los dirigentes locales.

Ese antecedente explica por qué la situación actual adquiere una dimensión mayor.

Vigo y una señal hacia 2027

El reclamo de Vigo no puede leerse solamente como una opinión individual sobre Flores.

La senadora nacional ocupa un lugar central dentro del peronismo cordobés y su decisión de reclamar públicamente la renuncia de un legislador oficialista marca un límite político que hasta ahora el oficialismo legislativo no estuvo dispuesto a cruzar.

El contraste es evidente: la Legislatura le concedió a Flores seis meses de licencia; Vigo directamente habló de renuncia.

Esa diferencia deja abierta una pregunta incómoda para el peronismo provincial: ¿el caso Flores será contenido como un episodio individual o terminará provocando una revisión más profunda de los mecanismos de poder en el norte cordobés?

Para los caciques territoriales, el problema es mayor que la suerte personal de “Cañito”. Si Flores queda definitivamente fuera del juego, se abre una disputa por la sucesión política en Río Seco y, con ella, por el equilibrio interno de una estructura que durante años funcionó con acuerdos cruzados entre peronistas, radicales y otros espacios.

El escándalo de los asesores terminó así convirtiéndose en algo más que una crisis institucional de la Legislatura. Puede transformarse en el primer gran movimiento de piezas dentro del peronismo del norte cordobés, una región donde el poder se mide en pocos miles de votos, pero donde esos votos pueden valer una banca, una intendencia y, sobre todo, la llave de acceso al Estado.