El empleado del área de Habilitaciones fue detenido por orden del fiscal Guillermo González. También fue imputada su pareja, señalada como presunta colaboradora en las maniobras. Durante el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y ocho armas de fuego. La investigación surgió como una línea derivada de la causa por las habilitaciones de Bomberos y podría sumar nuevas imputaciones.
La investigación sobre presuntas irregularidades en los procesos de habilitación comercial en Córdoba sumó un nuevo capítulo con la detención de un inspector municipal acusado de extorsionar a comerciantes.
Se trata de Félix César Escobar Rivarola, de 49 años, quien se desempeñaba como inspector del área de Habilitaciones de Negocios de la Municipalidad de Córdoba. El procedimiento fue ordenado por el fiscal de Instrucción del Distrito 3, Guillermo González, a partir de una pesquisa llevada adelante por la Unidad Judicial de Delitos Económicos y el Departamento Delitos Económicos de la Policía.
Según explicó Pablo Bazán, ayudante fiscal de Delitos Económicos, la investigación se desarrolla desde hace varios años y permitió reunir elementos que comprometerían al funcionario en perjuicio de dos comerciantes.
La sospecha: dinero a cambio de evitar clausuras
La principal hipótesis de la Fiscalía sostiene que Escobar Rivarola habría utilizado su posición dentro del municipio para exigir dinero a los propietarios de dos comercios, bajo la amenaza de obstaculizar los trámites de habilitación o disponer clausuras.
La maniobra investigada habría consistido en condicionar la finalización de los expedientes a cambio de pagos. De acuerdo con la acusación, el inspector habría advertido a los comerciantes que, si no entregaban determinadas sumas, sus establecimientos podían quedar expuestos a medidas de clausura.
Para la Justicia, no se trataría de simples irregularidades administrativas, sino de una conducta que podría configurar el delito de extorsión, debido a la presunta utilización de amenazas para obtener un beneficio económico ilegítimo.
Bazán explicó que existían evidencias que vinculaban al inspector con estos hechos y que, a partir de esos elementos, el fiscal González dispuso su detención.
También imputaron a su pareja
La causa no quedó limitada al inspector. La Fiscalía también imputó a Flavia Paola Freites, de 48 años, pareja de Escobar Rivarola.
La mujer permanece en libertad, aunque el fiscal considera que habría prestado una colaboración indispensable para concretar las maniobras extorsivas que se investigan.
Freites deberá presentarse a declarar en los próximos días, mientras los investigadores avanzan sobre la documentación y los dispositivos secuestrados durante el procedimiento.
Ocho armas secuestradas
Uno de los elementos que llamó la atención durante el allanamiento fue el hallazgo de ocho armas de fuego, entre ellas escopetas.
Además de las armas, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que podrían aportar información sobre la presunta operatoria y permitir determinar si existieron otros comerciantes afectados.
El hallazgo de las armas abre, además, una línea de investigación específica para establecer su procedencia y situación registral. Desde la Fiscalía no descartan que, a partir del análisis de todo el material incautado, puedan surgir nuevas imputaciones o incluso nuevas detenciones.
Una derivación de la causa Bomberos
La investigación tiene un antecedente de peso. Si bien desde la Fiscalía aclararon que no existe una relación directa con la denominada causa Bomberos, la pesquisa surgió a partir de una de las líneas derivadas de aquel expediente.
La causa que investigó las irregularidades en las habilitaciones vinculadas con Bomberos permitió abrir más de 40 líneas investigativas relacionadas con posibles maniobras delictivas en distintas áreas municipales y provinciales.
Entre ellas aparecen expedientes vinculados con habilitaciones de bares, boliches, clínicas y supermercados, además de posibles extorsiones a comerciantes y eventuales irregularidades en la emisión de licencias de conducir.
En ese contexto, la detención de Escobar Rivarola representa un nuevo avance en una investigación que comenzó enfocada en las habilitaciones y que, con el paso del tiempo, amplió considerablemente su alcance.
Una investigación que pone el foco en los controles municipales
El caso vuelve a colocar bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos de control y habilitación comercial. La sospecha de que un inspector pudiera utilizar su función para exigir dinero a comerciantes plantea, además de la eventual responsabilidad penal individual, interrogantes sobre los controles internos destinados a evitar este tipo de conductas.
Por ahora, la investigación se encuentra en pleno desarrollo. La Fiscalía deberá determinar el grado de participación de cada uno de los imputados, establecer si existieron más víctimas y definir si las maniobras denunciadas fueron hechos aislados o formaron parte de un esquema más amplio.
El análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados será clave para responder esas preguntas. La causa, lejos de estar cerrada, podría sumar nuevos capítulos en los próximos días.