El intendente de Córdoba logró autorización nacional para refinanciar pasivos por US$75 millones y acceder a un financiamiento de US$120 millones. La operación le da oxígeno financiero a su gestión, pero también abre una disputa política de fondo: Luis Juez sospecha que detrás del aval de la Casa Rosada existe un entendimiento cada vez más aceitado entre Javier Milei y Martín Llaryora.
La autorización que esperaba Daniel Passerini finalmente llegó. El Gobierno nacional habilitó al intendente de la ciudad de Córdoba a avanzar con una operación de financiamiento internacional por US$120 millones, una herramienta que le permitirá refinanciar una deuda existente de unos US$75 millones y atravesar con mayor margen financiero el tramo final de su gestión.
La decisión tiene una lectura económica evidente, pero en Córdoba adquiere una dimensión política mucho mayor. Passerini no sólo consigue aire para sus cuentas municipales: también obtiene capacidad de maniobra para sostener la gestión, acelerar obras y llegar a 2027 con una administración menos condicionada por los vencimientos de deuda.
Y allí aparece el verdadero conflicto.
Para Luis Juez, la operación constituye una nueva señal de un posible acercamiento entre la Casa Rosada y el cordobesismo que conduce Martín Llaryora. Una relación que, hasta hace pocos meses, parecía atravesada por fuertes enfrentamientos y que ahora muestra gestos de distensión cada vez más visibles.
Una operación que le da oxígeno a Passerini
El financiamiento fue estructurado por Deutsche Bank, junto con fondos e inversores institucionales, y contó con el aval de la Provincia de Córdoba. El Banco de Córdoba intervino como agente de contragarantía.
Según informó la Municipalidad, el dinero será destinado íntegramente al manejo de pasivos, es decir, no se trata de recursos para financiar gasto corriente sino de una herramienta para reordenar el perfil de vencimientos.
El acuerdo contempla un plazo de cuatro años, con 24 meses de gracia para el capital. Durante ese período, el municipio deberá afrontar únicamente el pago de intereses. Luego, el capital será cancelado en cinco cuotas semestrales iguales hasta mediados de 2030.
La tasa será variable y parte de un nivel superior al 9%.
La estructura financiera, en términos políticos, tiene una ventaja concreta para Passerini: le permite reducir la presión inmediata sobre las cuentas municipales y postergar el peso principal de la deuda hacia la próxima administración.
Ese dato no es menor.
El intendente no podrá buscar una nueva reelección porque llegó al Palacio 6 de Julio como viceintendente de Llaryora y luego asumió la conducción municipal. Por eso, el desafío del peronismo será encontrar un candidato capaz de conservar el poder en la ciudad.
Y una gestión con mayor capacidad financiera puede convertirse en una herramienta electoral.
Llaryora juega fuerte en la Capital
El movimiento financiero se produce, además, en paralelo con una decisión política del gobernador Martín Llaryora: poner a la ciudad de Córdoba en el centro de un ambicioso programa de obras.
La estrategia tiene una explicación electoral.
El gobernador sabe que cualquier proyecto de reelección provincial en 2027 estará condicionado, en buena medida, por la capacidad del peronismo de mejorar su desempeño en la Capital. La ciudad representa el principal territorio electoral de Córdoba y también uno de los espacios donde el oficialismo arrastra mayores dificultades de imagen.
La gestión de Passerini es, por lo tanto, una pieza central del tablero.
Llaryora necesita que su sucesor llegue a 2027 con mejores números, más obras visibles y una percepción de gestión que permita disputar una ciudad donde la oposición —radical, juecista y libertaria— buscará convertir el descontento municipal en una plataforma electoral.
El problema para el peronismo es que la Capital no ofrece un candidato natural.
Passerini no puede repetir. Y dentro del PJ aparecen distintas alternativas, entre ellas el exjuecista Juan Pablo Quinteros, actual funcionario de la administración municipal.
El oficialismo tiene, entonces, que administrar una transición política mientras intenta mostrar resultados concretos.
La deuda refinanciada puede contribuir a ese objetivo.
La alarma de Juez
La noticia cayó de manera muy diferente en el campamento de Luis Juez.
El senador analiza seriamente volver a competir por la intendencia de Córdoba y necesita que la elección municipal sea una oportunidad para construir una alternativa al peronismo. Pero observa con preocupación que el oficialismo provincial y el Gobierno nacional parecen haber reducido significativamente sus niveles de confrontación.
Juez interpreta que la autorización financiera a Passerini no puede analizarse de manera aislada.
La señal se suma a otros movimientos que, según su lectura, conforman un patrón.
El diálogo entre la Nación y Córdoba se habría profundizado con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, dirigente con una relación política de larga data con Llaryora. A partir de entonces, los legisladores nacionales que responden al gobernador comenzaron a moderar sus críticas a la Casa Rosada y mostraron mayor disposición para acompañar iniciativas impulsadas por Milei.
Entre ellas aparece la suspensión de las PASO.
A esto se suma el anticipo de $400.000 millones otorgado a Córdoba y otros gestos políticos que alimentaron las sospechas de Juez sobre un eventual entendimiento.
El interrogante que empieza a recorrer el escenario cordobés es incómodo para todos: ¿se está construyendo un nuevo acuerdo entre Milei y Llaryora?
El fantasma del pacto con Macri
En el peronismo cordobés no descartan esa posibilidad. Por el contrario, algunos dirigentes observan un antecedente que podría resultar atractivo: los acuerdos que el PJ cordobés mantuvo con Mauricio Macri durante los procesos electorales de 2015 y 2019.
La lógica sería sencilla: Córdoba podría convertirse en un territorio donde la Nación y el cordobesismo eviten una confrontación directa y prioricen determinados acuerdos políticos y electorales.
Para Juez, ese escenario sería particularmente peligroso.
El senador necesita que La Libertad Avanza y el arco opositor compitan con fuerza contra el PJ. Si el Gobierno nacional decide moderar su ofensiva sobre Llaryora o, peor aún para el juecismo, establece algún tipo de entendimiento con el gobernador, la ecuación electoral de Córdoba cambia completamente.
Por eso Juez y Gabriel Bornoroni salieron a rechazar públicamente cualquier posibilidad de pacto.
Ambos sostienen que el objetivo de Milei es ganar Córdoba.
Pero el problema está precisamente en lo que ocurre por debajo de los discursos públicos.
Bornoroni, Juez y una oposición que mira hacia 2027
Gabriel Bornoroni aparece como una de las principales cartas libertarias para la pelea provincial. Su eventual candidatura a gobernador ya forma parte de las conversaciones políticas, aunque existe un dato que genera ruido: el propio dirigente dejó abierta la posibilidad de volver a competir por una banca en el Senado si la elección provincial no resulta favorable.
La estrategia plantea un escenario de doble candidatura política: primero disputar la Gobernación y, en caso de derrota, buscar refugio en la boleta nacional de Milei.
Esa posibilidad es observada con atención por Juez, que también conserva una alternativa abierta.
Aunque afirma que quiere volver a ser intendente de Córdoba, el senador no descarta aceptar nuevamente una candidatura a senador nacional.
En otras palabras, ninguno de los dos parece dispuesto a cerrar completamente sus opciones.
Una disputa que recién empieza
La operación de US$120 millones excede, entonces, la discusión financiera.
Para Passerini significa oxígeno. Para Llaryora, una herramienta más para fortalecer la gestión de la Capital. Para el peronismo, una oportunidad para llegar a 2027 con una estructura municipal más ordenada.
Para Juez, en cambio, es una señal de alerta.
Porque si la Casa Rosada habilita el financiamiento municipal, entrega fondos a la Provincia, reduce la confrontación con Llaryora y aparecen movimientos políticos coincidentes, resulta inevitable que la oposición empiece a preguntarse si detrás de cada decisión existe una negociación más amplia.
Todavía no hay un acuerdo electoral públicamente reconocido.
Pero la política cordobesa ya empezó a leer señales.
Y la pregunta que empieza a instalarse no es solamente quién será el próximo intendente de Córdoba. Es qué oposición quiere construir Milei en Córdoba y, sobre todo, hasta dónde está dispuesto a confrontar con Llaryora para conseguirla.
Porque si el peronismo consigue llegar a 2027 con las cuentas más ordenadas, obras visibles y una Nación que dejó de atacarlo para comenzar a negociar, el escenario electoral será muy diferente al que imaginaban Juez y los libertarios algunos meses atrás.
La deuda de Passerini, en ese contexto, puede terminar siendo mucho más que una operación financiera.
Puede convertirse en una de las primeras piezas visibles del tablero político que definirá Córdoba en 2027.