El gobernador de Córdoba volvió a definir su vínculo con la Casa Rosada como “institucional” y ratificó su estrategia de acompañar las medidas que considera beneficiosas, pero marcar límites cuando entiende que están en juego los recursos de la Provincia. La deuda previsional aparece como el principal punto de conflicto. Detrás de ese reclamo se mueve, además, una pregunta política: ¿Llaryora empieza a construir una plataforma nacional de cara a 2027?
Martín Llaryora eligió en el Malba una fórmula que ya se convirtió en marca registrada de su relación con Javier Milei: “Es una relación institucional”.
La frase, pronunciada durante el ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por Clarín, sintetiza una estrategia que el gobernador cordobés viene sosteniendo desde el comienzo de la gestión libertaria: ni alineamiento automático con la Casa Rosada ni oposición frontal. Córdoba acompaña cuando encuentra oportunidades y confronta cuando considera que sus intereses son afectados.
El principal ejemplo volvió a ser la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Llaryora recordó que el reclamo continúa judicializado ante la Corte Suprema y admitió que existe un acuerdo en marcha, aunque todavía sin una resolución definitiva. “Estamos esperanzados en que algún día ese juicio se resuelva”, señaló.
El reclamo tiene una dimensión que excede lo estrictamente administrativo. Para el Gobierno provincial, los recursos previsionales pendientes representan una carga financiera que obliga a Córdoba a sostener medidas para cubrir el déficit de su sistema jubilatorio. Y esas medidas, a su vez, provocaron un fuerte costo político frente a los gremios estatales, jubilados y pensionados.
Acompañamiento con límites
La posición de Llaryora adquiere mayor relevancia porque se produce después de algunos gestos de acercamiento entre Córdoba y la Nación, entre ellos el adelanto de fondos de coparticipación por $400 millones, según la referencia planteada en el encuentro, y la autorización para que el intendente Daniel Passerini avance con un crédito por US$120 millones.
Pero esos acuerdos no significan, para el gobernador, un cambio de posición.
“En las cosas que están bien, nosotros acompañamos y las cosas que perjudiquen a la provincia o que nos parezcan que no le sirven a Córdoba, las rechazamos”, resumió.
Ahí aparece el verdadero eje de su estrategia: negociar sin subordinarse.
Córdoba acompaña instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) porque Llaryora entiende que pueden generar nuevas oportunidades de inversión. Pero, simultáneamente, reclama por las retenciones, cuestiona la presión impositiva y mantiene abierta la disputa por los fondos previsionales.
No es una contradicción. Es, precisamente, el modelo político que el gobernador intenta construir.
El “modelo Córdoba” como carta nacional
La exposición en el Malba también permitió observar otra cuestión: Llaryora ya no habla solamente de Córdoba. Empieza a presentar una determinada concepción de gestión como alternativa posible para discutir el rumbo nacional.
“Hace muchísimos años que venimos teniendo un superávit”, sostuvo. Pero inmediatamente introdujo una diferencia que considera sustancial: “Nuestro superávit se enfoca en generar más inversión, producción y talento”.
La definición funcionó como una crítica indirecta al Gobierno nacional.
Llaryora no cuestiona la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Lo que discute es qué debe hacerse después con ese equilibrio. Para el gobernador, el superávit no puede convertirse en un objetivo en sí mismo: debe servir para financiar infraestructura, generar empleo, ampliar la producción y crear condiciones para que el sector privado invierta.
En ese razonamiento aparecen las políticas que Córdoba intenta mostrar como parte de su identidad: infraestructura, parques industriales, energía, rutas, seguridad jurídica, educación y estímulos a la producción.
Es allí donde el gobernador intenta diferenciarse de Milei sin confrontar abiertamente con él.
La advertencia por la clase media
El tramo más político de la exposición estuvo relacionado con los sectores que pueden quedar afuera de la recuperación económica.
Llaryora reconoció el potencial argentino en minería, litio, petróleo, gas, agroindustria y tecnología. Pero advirtió que esos sectores no necesariamente generan empleo directo con la velocidad necesaria para absorber a quienes hoy sufren el deterioro de sus ingresos o la pérdida de sus puestos de trabajo.
La advertencia apuntó directamente a la clase media, las PyMEs, el comercio y las industrias.
“Si no le das cobertura a la clase media que se está empobreciendo, a los que están perdiendo su trabajo y a las industrias que cierran, se generan graves problemas”, planteó.
Ese diagnóstico le permite a Llaryora ocupar un espacio político que hoy aparece disputado: el de quienes aceptan la necesidad de estabilizar la economía, pero reclaman que el proceso tenga una dimensión productiva y social.
No cuestiona el cambio de rumbo. Cuestiona sus costos y, sobre todo, quiénes quedan incluidos y quiénes quedan afuera.
La foto del Malba y una pregunta electoral
El gobernador compartió panel con Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Jorge Macri, entre otros dirigentes que expresan distintas variantes del nuevo mapa político argentino.
Mientras en otros espacios del encuentro aparecieron posiciones más críticas, como las de Miguel Ángel Pichetto y Flavia Royón, dirigentes como Patricia Bullrich y Cristian Ritondo defendieron el rumbo general de la administración libertaria.
Llaryora eligió otro camino.
No buscó convertirse en opositor de Milei. Tampoco quiso aparecer como un aliado incondicional.
La estrategia tiene una explicación política evidente: Córdoba necesita de la Nación para avanzar en determinadas obras, financiamiento y acuerdos, pero Llaryora también necesita conservar autonomía para sostener su propio proyecto político.
Y allí aparece una pregunta que empieza a ganar volumen: ¿el gobernador está pensando solamente en terminar su mandato y buscar la reelección en Córdoba en 2027 o empieza a levantar la cabeza hacia el escenario nacional?
Todavía no existe una respuesta definitiva. Pero hay señales.
Llaryora intenta instalar un modelo provincial, mantiene vínculos con otros gobernadores, participa activamente de las discusiones nacionales y busca diferenciarse tanto de la oposición tradicional como del oficialismo libertario.
Su apuesta parece ser construir una tercera posición: fiscalmente ordenada, productivista, federal y con capacidad de negociación con la Casa Rosada.
La Caja como límite político
En esa construcción hay, sin embargo, un problema que no puede esquivarse.
La deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones se convirtió en mucho más que una disputa entre administraciones. Es el punto donde se cruzan las cuentas provinciales, el conflicto con los jubilados, la relación con los sindicatos y la negociación política con Milei.
Mientras ese conflicto permanezca abierto, Llaryora tendrá dificultades para mostrarse como un socio pleno de la Casa Rosada.
Por eso el reclamo previsional vuelve una y otra vez.
El gobernador necesita los recursos. Pero también necesita políticamente demostrar que acompañar a Milei no significa resignar los intereses de Córdoba.
En definitiva, la escena del Malba dejó una definición que puede ser más importante que la frase sobre su relación con el Presidente: Llaryora quiere que Córdoba acompañe el cambio económico nacional, pero bajo sus propias condiciones.
La pregunta ahora es cuánto espacio existe en la Argentina que viene para gobernadores capaces de negociar con Milei sin convertirse en parte de su estructura política.
Si ese espacio se consolida, el gobernador cordobés podría encontrar allí una plataforma de proyección nacional. Si no, deberá concentrar sus esfuerzos en consolidar el poder provincial y garantizar su continuidad en 2027.
Por ahora, Llaryora parece decidido a jugar ambas cartas. Y la deuda de la Caja de Jubilaciones es, al mismo tiempo, su principal reclamo ante Milei y el límite que le impide confundirse con él.