En una de las sesiones más extensas y disputadas de las últimas semanas, el Senado de la Nación aprobó por un estrecho margen el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca reformular aspectos centrales del régimen de expropiaciones y desalojos judiciales. La propuesta obtuvo media sanción luego de más de diez horas de debate y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

La votación reflejó la fuerte división política que genera el proyecto. Con 37 votos afirmativos y 33 negativos, el oficialismo consiguió el respaldo suficiente para avanzar con una de las reformas que considera estratégicas dentro de su agenda legislativa, orientada a reforzar las garantías sobre el derecho de propiedad y limitar la intervención estatal sobre los bienes privados.

Córdoba volvió a exhibir diferencias políticas

La definición dejó en evidencia las distintas posiciones de los tres senadores que representan a Córdoba.

Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero respaldaron la iniciativa, acompañando la postura del Gobierno nacional y de La Libertad Avanza, al considerar que el proyecto fortalece la seguridad jurídica y brinda mayores garantías a los propietarios frente a ocupaciones ilegales o procesos expropiatorios.

Por el contrario, Alejandra Vigo, integrante del bloque Provincias Unidas, votó en contra de la iniciativa y se sumó al grupo de 33 legisladores que rechazó la media sanción, argumentando que algunos de los cambios propuestos pueden generar consecuencias negativas para la acción del Estado en materia de infraestructura y desarrollo.

La diferencia de criterios entre los representantes cordobeses volvió a reflejar la fragmentación política existente tanto a nivel provincial como nacional respecto de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El Gobierno cedió en dos puntos clave

Durante la discusión parlamentaria, el oficialismo decidió retirar dos de los artículos que habían generado mayores cuestionamientos tanto en la oposición como entre algunos aliados.

Finalmente quedaron excluidas las modificaciones previstas para la Ley de Tierras y también se descartó avanzar con cambios sobre la Ley de Manejo del Fuego, dos aspectos que habían despertado fuertes críticas por parte de organizaciones ambientalistas, sectores rurales y gobernadores.

La eliminación de esos capítulos permitió reducir resistencias y facilitar la aprobación del proyecto, aunque el núcleo de la iniciativa permaneció prácticamente sin modificaciones.

Desalojos más rápidos

Uno de los cambios más importantes apunta al procedimiento judicial para recuperar inmuebles ocupados.

El proyecto incorpora un mecanismo que busca agilizar los desalojos cuando el propietario logre acreditar de manera suficiente su derecho sobre el bien.

La principal novedad consiste en que el juez podrá ordenar la restitución del inmueble antes de que concluya el proceso judicial, siempre que considere reunidos los elementos necesarios para acreditar la titularidad del propietario.

Desde el oficialismo sostienen que este mecanismo permitirá evitar procesos que actualmente pueden extenderse durante años y que, según afirman, terminan perjudicando a quienes poseen legítimamente una propiedad.

Sin embargo, sectores opositores advierten que la reducción de los tiempos judiciales podría afectar las garantías procesales de quienes ocupan un inmueble y generar conflictos en situaciones donde existen disputas complejas sobre la posesión.

Cambios en las expropiaciones

Otro de los aspectos centrales de la reforma modifica el régimen vigente para las expropiaciones.

La iniciativa endurece las condiciones que deberá cumplir el Estado para avanzar sobre una propiedad privada y amplía significativamente los criterios para calcular la indemnización correspondiente.

Además del valor comercial del inmueble, el propietario podrá reclamar compensaciones por ganancias futuras, ingresos dejados de percibir u otros beneficios económicos que considere afectados como consecuencia de la expropiación.

Según el Gobierno, este esquema busca garantizar una reparación económica más completa y brindar mayor previsibilidad a quienes resulten alcanzados por una decisión estatal.

En cambio, la oposición sostiene que esta modificación podría elevar considerablemente el costo de las expropiaciones y dificultar el desarrollo de obras públicas de infraestructura, especialmente aquellas que requieren la adquisición de numerosos terrenos.

Seguridad jurídica versus capacidad de gestión del Estado

El debate parlamentario dejó planteadas dos visiones claramente contrapuestas.

Para el oficialismo, la reforma constituye un avance institucional destinado a consolidar el derecho de propiedad, considerado uno de los pilares para atraer inversiones, fortalecer la confianza de los mercados y brindar mayor seguridad jurídica.

Desde la oposición, en cambio, advierten que el proyecto podría restringir herramientas fundamentales del Estado para ejecutar políticas públicas, desarrollar infraestructura estratégica y responder con rapidez ante necesidades colectivas que requieran procesos expropiatorios.

La discusión promete continuar en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a construir consensos para convertir en ley una iniciativa que ya se perfila como uno de los debates jurídicos y políticos más relevantes del período legislativo.