El Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia llevaron su preocupación al Tribunal Superior de Justicia. Su presidente, Eduardo Bittar, alertó que la paralización de la actividad ya provoca demoras en miles de causas, cuestionó las fallas del Sistema de Administración de Causas (SAC) y pidió que el Ejecutivo y el Poder Judicial profundicen las negociaciones para alcanzar una solución definitiva.

El conflicto que mantiene paralizada buena parte de la actividad judicial en Córdoba sumó un nuevo capítulo institucional. La Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (Fecacor) y el Colegio de Abogados de Córdoba mantuvieron una reunión con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde expresaron la creciente preocupación del sector por la prolongación de las medidas de fuerza de los empleados judiciales y el impacto que la situación ya genera sobre el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El encuentro tuvo como eje la necesidad de encontrar una salida a un conflicto que lleva varios meses y que, lejos de mostrar señales de resolución, continúa afectando el funcionamiento cotidiano de los tribunales provinciales.

Tras la reunión, el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, fue categórico al describir el escenario actual. Si bien reconoció que existen guardias mínimas en unidades judiciales y fiscalías que atienden cuestiones sensibles como violencia familiar y otros casos urgentes, sostuvo que el sistema judicial está lejos de prestar un servicio normal.

«La Justicia no está funcionando normalmente; las causas comienzan a atrasarse», advirtió el dirigente, quien remarcó que el impacto de la paralización ya se refleja en expedientes demorados, audiencias postergadas y mayores tiempos de respuesta para quienes esperan una resolución judicial.

Un servicio esencial sin alternativas

Bittar estableció una diferencia con otros conflictos laborales que afectan servicios públicos. Explicó que, mientras en otras actividades pueden existir mecanismos alternativos o sustitutos, en materia judicial el ciudadano depende exclusivamente del Estado.

«No existe una justicia alternativa que pueda reemplazar o agilizar un proceso», sostuvo, al remarcar que la demora en los expedientes implica una afectación directa al derecho constitucional de acceder a una tutela judicial efectiva.

Desde el Colegio de Abogados consideran que cada jornada de paro incrementa el atraso acumulado y genera consecuencias que no se resolverán inmediatamente una vez concluido el conflicto, ya que el volumen de causas pendientes continuará creciendo.

Las fallas del SAC agravan la crisis

A las dificultades derivadas de las medidas gremiales, la abogacía sumó otra preocupación: el funcionamiento del Sistema de Administración de Causas (SAC), la plataforma informática utilizada diariamente por abogados, jueces y funcionarios.

Según explicó Bittar, el sistema presenta interrupciones y deficiencias técnicas recurrentes que dificultan tanto la carga de documentación como el seguimiento de los expedientes.

«El SAC es nuestra vieja barandilla; si tiene deficiencias, se cuelga o no permite ingresar, contribuye a un funcionamiento deficitario del sistema», señaló.

Desde el Colegio manifestaron su disposición a colaborar con el Poder Judicial para determinar si los problemas obedecen a una insuficiente inversión tecnológica o si forman parte de las dificultades operativas derivadas del propio conflicto laboral.

Una negociación compleja entre dos poderes

El titular del Colegio de Abogados también analizó las dificultades que enfrenta la negociación salarial. Explicó que el reclamo de los trabajadores judiciales contempla pedidos de recomposición de entre el 40% y el 50%, impulsados por la pérdida del poder adquisitivo, la inflación y la desaparición de la denominada «cláusula de enganche» que históricamente vinculaba los salarios provinciales con los de la Justicia Federal.

Para Bittar, cualquier salida deberá contemplar especialmente la situación de los empleados con menores ingresos.

«Hay que lograr algún punto de equilibrio, especialmente en los escalones más bajos de la pirámide», sostuvo.

El dirigente agregó que el conflicto no se limita únicamente a los trabajadores judiciales. También señaló el malestar existente entre funcionarios y magistrados por el impacto de la Ley de Equidad Jubilatoria impulsada por el Gobierno provincial, un factor que complejiza aún más el escenario institucional.

El reclamo para acelerar un acuerdo

Desde la abogacía cordobesa remarcaron que la negociación presenta una particularidad: mientras el conflicto se desarrolla dentro del Poder Judicial, los recursos económicos necesarios para resolverlo dependen en gran medida del Poder Ejecutivo provincial.

Esa circunstancia, sostienen, obliga a una coordinación política e institucional más profunda entre ambos poderes para alcanzar una solución sostenible.

Luego del rechazo de la última propuesta salarial presentada a los empleados judiciales, Bittar instó a las partes a intensificar el diálogo y abandonar las posiciones de máxima.

«Lo que les pedimos es que realmente profundicen las negociaciones; métanse a negociar y no salgan de la sala hasta que salgan con un acuerdo», expresó.

Un conflicto que impacta sobre los ciudadanos

Más allá de la discusión salarial, el Colegio de Abogados insistió en que la principal consecuencia de la prolongación del conflicto la padecen los ciudadanos que necesitan respuestas de la Justicia.

Cada expediente demorado representa derechos que no pueden hacerse efectivos, conflictos que permanecen sin resolución y procesos que se extienden más allá de los plazos razonables.

Por ello, desde la institución reclamaron que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo provincial redoblen los esfuerzos para alcanzar un entendimiento que permita restablecer la normal prestación del servicio judicial y garantizar el acceso efectivo a la Justicia para todos los cordobeses.