La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba vive su peor crisis institucional en décadas. Lo que hasta hace pocos meses era una silenciosa disputa entre magistrados hoy se convirtió en una investigación penal que amenaza con llevarse puesta a la conducción del tribunal. Pero mientras los fiscales avanzan sobre el patrimonio y las decisiones judiciales de Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, el poder político ya empezó a jugar otra partida: ocupar las vacantes y cambiar definitivamente el equilibrio interno de la Justicia Federal cordobesa.
No es casualidad que, en medio del escándalo, el Senado de la Nación haya puesto fecha para las audiencias públicas de los futuros camaristas. El próximo 18 de agosto comenzará el último tramo del proceso para incorporar a Facundo Cortés Olmedo y Soledad Mancini, dos nombres que llegan con respaldos políticos precisos y que modificarán la relación de fuerzas dentro del tribunal.
La publicación del cronograma en el Boletín Oficial no fue un trámite administrativo más. Fue una señal política.
El fin de una mayoría que gobernó la Cámara
Durante años, la Cámara Federal de Córdoba funcionó bajo un esquema de poder que dentro de los propios Tribunales muchos describían como inamovible. La sociedad entre Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi no sólo era matrimonial: también era judicial.
Cada fallo sensible, cada expediente de peso y cada decisión administrativa terminaban atravesados por una mayoría que numerosos jueces y funcionarios cuestionaban en privado, pero pocos se animaban a discutir públicamente.
Hasta que apareció José Fabián Asís.
El vocal del Tribunal Oral Federal Nº 2 rompió el pacto de silencio cuando denunció formalmente que la pareja actuaba como una «mayoría automática», capaz de condicionar tanto las cuestiones jurisdiccionales como el manejo institucional de la Cámara.
Aquella advertencia fue tomada en su momento como una interna más entre magistrados. Hoy, con Sánchez Torres y Montesi bajo investigación penal, aquella denuncia adquiere un peso completamente distinto.
Una investigación que golpea el corazón del tribunal
Los fiscales federales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian ya no investigan únicamente decisiones judiciales.
La pesquisa avanza sobre un terreno mucho más incómodo: el patrimonio de la pareja.
El Ministerio Público intenta determinar si existieron maniobras para reorganizar la integración de las salas con el objetivo de garantizar determinadas mayorías en causas de enorme impacto económico, especialmente vinculadas a empresas investigadas por delitos tributarios.
Pero la investigación fue todavía más lejos.
En los últimos días, un viaje de Sánchez Torres y Montesi a Punta del Este quedó incorporado a las medidas de prueba. El episodio volvió a encender las alarmas sobre la evolución patrimonial de ambos magistrados y alimentó las sospechas de un posible enriquecimiento incompatible con los ingresos declarados.
En los pasillos de Tribunales ya nadie habla solamente de una interna judicial. Se habla directamente de una crisis de legitimidad.
Los Menem también juegan en Córdoba
Mientras la Cámara cruje, la política no permanece inmóvil.
La designación de los nuevos camaristas exhibe la impronta de la nueva arquitectura judicial que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aparece como el principal operador institucional de los nombramientos. Sin embargo, detrás de las negociaciones emergen con fuerza los nombres de Martín Menem y de Eduardo «Lule» Menem, dos dirigentes que concentran buena parte del armado político del oficialismo nacional y mantienen línea directa con Karina Milei.
En la Justicia federal cordobesa pocos creen que los pliegos hayan avanzado únicamente por méritos académicos.
Las relaciones políticas también pesaron.
Cortés Olmedo, del radicalismo al nuevo esquema libertario
El caso de Facundo Cortés Olmedo sintetiza esa nueva lógica.
Su recorrido comenzó en el radicalismo cordobés. Fue funcionario durante la gestión de Ramón Mestre, presidió el Congreso Provincial de la UCR y desarrolló una extensa carrera como abogado particular.
Pero el dato que hoy cobra mayor relevancia está fuera de su currículum.
Es primo hermano del diputado libertario Gonzalo Roca, uno de los hombres de mayor confianza de Gabriel Bornoroni dentro de La Libertad Avanza y con acceso permanente al círculo político de los Menem.
En la Justicia nadie interpreta ese parentesco como un dato menor.
Mancini y la revancha de Asís
La llegada de Soledad Mancini, actual secretaria del Juzgado Federal Nº 2, también tiene una fuerte carga política.
Su principal respaldo provino de José Fabián Asís, precisamente el magistrado que desde hace tiempo mantiene el enfrentamiento más duro con Sánchez Torres y Montesi.
Su desembarco representa mucho más que una incorporación técnica.
Es, para muchos dentro de Tribunales, la confirmación de que el viejo esquema de poder comenzó a desmoronarse.
La Justicia cambia antes de que llegue la sentencia
La investigación judicial continúa. Nadie sabe todavía cuál será su desenlace.
Pero la política parece haber tomado una decisión anticipada.
Antes incluso de que existan definiciones procesales, el Gobierno nacional comenzó a modificar la composición del tribunal más importante de la Justicia Federal cordobesa.
La llegada de Cortés Olmedo y Mancini no sólo cubrirá dos vacantes históricas. También terminará de romper un equilibrio que durante años permitió a un reducido grupo concentrar buena parte del poder dentro de la Cámara Federal.
En Córdoba, los cambios de poder casi nunca esperan las sentencias. Primero se mueve la política. Después, muchas veces, llega la Justicia.