Con el regreso de la actividad legislativa tras la feria administrativa del Concejo Deliberante, la Unión Cívica Radical volvió a colocar en el centro de la agenda dos de los principales servicios públicos de la ciudad: el transporte urbano y la recolección de residuos. El reciente aumento del boleto, dispuesto por el Ejecutivo municipal sin intervención del cuerpo legislativo, reactivó las críticas opositoras y abrió un nuevo frente político que promete extenderse durante los próximos meses.

Para el bloque radical, el incremento de la tarifa no sólo representa un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios, sino también una muestra de la forma en que el oficialismo continúa administrando áreas sensibles bajo el paraguas de las emergencias declaradas hace casi siete años.

Críticas por un aumento «a libro cerrado»

La reacción del radicalismo fue inmediata después de que la Municipalidad confirmara que el boleto del transporte urbano pasaría a costar 2.150 pesos desde el sábado.

Los concejales de la UCR cuestionaron que el aumento haya sido definido «a libro cerrado», sin que el Ejecutivo difundiera la estructura de costos que respalda la actualización tarifaria ni información considerada indispensable para evaluar la medida.

Entre los datos que reclaman se encuentran:

• La estructura completa de costos del sistema.
• La cantidad de kilómetros recorridos por las empresas.
• El número de pasajeros transportados.
• Los contratos vigentes del servicio.

A ese cuestionamiento sumaron una crítica al funcionamiento cotidiano del transporte urbano, señalando que los vecinos continúan padeciendo frecuencias insuficientes, recorridos reducidos y prolongados tiempos de espera, problemas que —afirman— no encuentran correlato con las sucesivas actualizaciones tarifarias.

El municipio defiende el ajuste

Desde el Palacio 6 de Julio sostienen que el incremento responde al fuerte aumento de los costos operativos registrados durante los últimos meses.

Según los argumentos oficiales, el principal factor de presión fue el precio del gasoil, que acumuló nueve aumentos entre octubre de 2025 y julio de 2026, con una suba total del 45,5%.

A ello se agregan los incrementos salariales acordados en las negociaciones paritarias de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que elevaron significativamente el costo laboral del sistema.

Mientras la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y junio de 2026 fue del 23,14%, el Ejecutivo sostiene que los costos del transporte crecieron por encima de ese porcentaje, motivo por el cual consideró necesario aplicar un aumento cercano al 25% para «sincerar» la tarifa.

Hasta ahora, los usuarios continuaban pagando 1.720 pesos gracias a un subsidio municipal que absorbía la diferencia con la tarifa técnica de 2.030 pesos establecida en marzo. Con el nuevo esquema, esa compensación dejó de aplicarse.

El debate sobre las emergencias

Uno de los ejes políticos que la oposición busca reinstalar es el mecanismo mediante el cual se autorizan estos incrementos.

El oficialismo no necesita enviar los aumentos del boleto al Concejo Deliberante porque todavía se encuentra vigente buena parte del paquete de emergencias aprobado en diciembre de 2019, durante el inicio de la gestión de Martín Llaryora como intendente.

Desde la UCR consideran que la continuidad de esas facultades extraordinarias resulta contradictoria.

Argumentan que, si el oficialismo sostiene que logró ordenar las cuentas municipales durante los últimos años, no existirían razones para seguir gobernando bajo un régimen excepcional que limita el control legislativo sobre decisiones de fuerte impacto económico.

La próxima batalla: la recolección de residuos

Pero el transporte no será el único frente de discusión.

El radicalismo ya anticipa que pondrá bajo la lupa la prórroga de los contratos del servicio de higiene urbana que el intendente Daniel Passerini adelantó que impulsará antes del vencimiento de las concesiones actuales.

De acuerdo con las condiciones contractuales vigentes, el municipio debe comunicar esa decisión a las empresas con al menos 90 días de anticipación al vencimiento, por lo que la notificación deberá concretarse antes del 31 de agosto.

Sin embargo, el Ejecutivo ya dejó trascender que pretende incorporar modificaciones a las condiciones originales de los contratos al momento de extender su vigencia.

Ese punto es precisamente el que despierta el interés de la oposición.

En la UCR consideran que, si la prórroga incluye cambios sustanciales respecto de las condiciones originalmente aprobadas, el asunto debería pasar por el Concejo Deliberante y requerir una mayoría agravada para su aprobación.

Por ese motivo, el bloque radical anticipa que buscará intervenir activamente cuando el expediente llegue al recinto.

El marco regulatorio del transporte sigue congelado

Otro de los cuestionamientos opositores apunta a una iniciativa que comenzó a discutirse meses atrás y que, según denuncian, quedó paralizada por decisión del propio oficialismo.

Se trata del nuevo marco regulatorio del transporte urbano, un proyecto considerado indispensable para avanzar posteriormente con una nueva licitación del servicio.

La iniciativa había comenzado su tratamiento legislativo, pero el debate quedó congelado sin mayores explicaciones y desde entonces no volvió a incorporarse a la agenda parlamentaria.

Para la UCR, esa demora evidencia que la administración municipal no logrará concretar durante la gestión de Daniel Passerini ninguna de las dos grandes licitaciones vinculadas a servicios públicos estratégicos: ni la del transporte urbano ni la de la recolección de residuos.

Una oposición que busca instalar agenda

Aunque el regreso de la actividad legislativa no anticipa grandes proyectos de impacto inmediato, el radicalismo intenta convertir los servicios públicos en uno de los principales ejes de confrontación política con el oficialismo.

La estrategia combina cuestionamientos a la transparencia en la fijación de tarifas, reclamos por mayores controles institucionales y advertencias sobre futuras decisiones administrativas que, según entienden, deberán debatirse dentro del Concejo Deliberante.

Con el transporte, la basura y el funcionamiento de los servicios esenciales como telón de fondo, la oposición busca instalar un debate que trascienda la discusión tarifaria y ponga el foco en la planificación de la ciudad, la calidad de las prestaciones y el rol del órgano legislativo en las decisiones de mayor impacto para los vecinos.