Mientras el Gobierno provincial insiste en construir un discurso de autonomía política frente a la administración nacional, los hechos muestran una realidad difícil de ocultar: Córdoba terminó recurriendo a la asistencia financiera de la Nación para afrontar sus compromisos. El adelanto de 400 mil millones de pesos autorizado por el Gobierno nacional expone, a mi entender, una contradicción que merece ser señalada. Si la Provincia necesita recurrir a esos recursos extraordinarios, es porque la administración de Martín Llaryora evidencia serias dificultades para sostener el equilibrio de sus cuentas.

Desde mi responsabilidad como legislador provincial considero necesario dirigirme al gobernador Martín Llaryora para plantearle un pedido concreto y urgente. Esos fondos extraordinarios deberían destinarse, en primer lugar, a aliviar la crítica situación que atraviesa la Caja de Jubilaciones de la Provincia y, especialmente, a mejorar los ingresos de miles de jubilados cordobeses que, después de haber aportado durante toda su vida laboral, hoy perciben haberes que resultan insuficientes frente al costo de vida.

No se trata simplemente de una discusión presupuestaria. Se trata de establecer prioridades. Cuando una administración recibe un auxilio financiero de semejante magnitud, la obligación política y moral es orientar esos recursos hacia quienes más lo necesitan y hacia los compromisos más sensibles del Estado provincial.

A mi juicio, la situación actual no es producto de una coyuntura aislada. Es la consecuencia de años de una administración que ha privilegiado gastos que considero superfluos por encima de las verdaderas necesidades de los cordobeses. Tanto la Provincia como la Municipalidad de Córdoba vienen mostrando un creciente desfasaje económico que termina impactando sobre las áreas más sensibles y obliga, finalmente, a solicitar asistencia al Gobierno nacional.

Esta dependencia financiera también deja al descubierto otra contradicción. Durante años el oficialismo provincial construyó gran parte de su identidad política sobre un discurso de autonomía frente al poder central. Sin embargo, cuando las cuentas no cierran, termina dependiendo de los recursos enviados desde la Casa Rosada para sostener su funcionamiento. La realidad económica termina imponiéndose sobre los discursos.

Por eso considero indispensable que el gobernador no utilice estos recursos para financiar estrategias de posicionamiento político en la ciudad de Córdoba. En un contexto donde la gestión provincial y la administración municipal encabezada por Daniel Passerini atraviesan un marcado desgaste en la opinión pública, destinar esos fondos a obras o acciones con finalidad electoral sería, desde mi perspectiva, una decisión equivocada.

Los cordobeses necesitan respuestas concretas y no campañas de imagen financiadas con recursos públicos. Cada peso que llega como asistencia extraordinaria debería administrarse con absoluta responsabilidad, transparencia y atendiendo las verdaderas urgencias de la Provincia.

Los jubilados provinciales esperan desde hace tiempo una respuesta que les permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Ellos sí representan una prioridad impostergable. Son hombres y mujeres que contribuyeron durante décadas al sostenimiento del Estado y que hoy merecen recibir una compensación acorde con ese esfuerzo.

Creo que este adelanto financiero ofrece una oportunidad para demostrar cuáles son las verdaderas prioridades de la gestión. El gobernador tiene la posibilidad de destinar esos recursos a fortalecer la Caja de Jubilaciones y brindar alivio a quienes más lo necesitan, o bien utilizarlos para objetivos de corto plazo vinculados al escenario electoral.

La decisión que adopte no solo tendrá consecuencias económicas. También enviará una señal política clara sobre cuál es el modelo de gestión que pretende consolidar para Córdoba y sobre quiénes ocupan realmente el primer lugar en su agenda de gobierno.