El radicalismo define mucho más que una conducción partidaria: la disputa por el control político rumbo a 2027 entra en una etapa clave

El radicalismo cordobés vivirá este sábado una de las jornadas internas más trascendentes de los últimos años. El Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical deberá decidir si aprueba la prórroga de los mandatos de las actuales autoridades partidarias encabezadas por Marcos Ferrer, una iniciativa impulsada por el oficialismo que responde políticamente a Rodrigo de Loredo y que ya encuentra una fuerte resistencia de los sectores opositores.

Aunque formalmente la discusión gira en torno a una interpretación de la Carta Orgánica partidaria, el verdadero trasfondo es mucho más profundo: quién administrará la estructura política de la UCR y tendrá la potestad de definir las alianzas, candidaturas y estrategia electoral con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

La tensión es tal que, cualquiera sea el resultado de la votación, el conflicto parece lejos de concluir. La oposición ya anunció que, si prospera la extensión de mandatos, acudirá a la Justicia Electoral para exigir la convocatoria a elecciones internas.

Una mayoría especial que definirá el futuro inmediato

El oficialismo necesita reunir los dos tercios de los votos del Congreso para aprobar la prórroga. No se trata de una mayoría sencilla.

Con un plenario cercano al centenar de congresales, los sectores opositores aseguran contar con alrededor de 36 representantes, un número que, de confirmarse, alcanzaría para impedir la mayoría especial requerida.

Por ese motivo, cada ausencia, abstención o cambio de postura podría resultar determinante.

En el entorno de De Loredo prevalece la cautela. Nadie garantiza públicamente que los votos estén asegurados, aunque confían en que el respaldo de la mayoría de los núcleos internos terminará inclinando la balanza.

Mientras tanto, la oposición sostiene exactamente lo contrario: asegura tener los números necesarios para bloquear la iniciativa y obligar a una salida distinta.

Mucho más que una discusión reglamentaria

El debate jurídico aparece como la cara visible de una disputa eminentemente política.

Si el Congreso aprueba la prórroga, la actual conducción conservará durante los próximos meses el control institucional del partido.

Eso implica administrar el Comité Provincia, conducir las negociaciones con otras fuerzas políticas, definir la política de alianzas y llegar con una posición de fortaleza a la construcción electoral de 2027.

Precisamente ese punto es el que cuestionan los sectores críticos.

Desde la oposición sostienen que una conducción con semejante nivel de incidencia debería surgir del voto directo de los afiliados y no mediante una extensión de mandatos aprobada por el Congreso.

En otras palabras, detrás del debate reglamentario aparece la disputa por «la lapicera»: quién tendrá la facultad de definir el futuro político del radicalismo cordobés.

Una oposición cada vez más amplia

El rechazo a la iniciativa reúne a varios espacios internos que, pese a sus diferencias, coinciden en un mismo objetivo: exigir elecciones partidarias.

Entre ellos se encuentran:

• Confluencia, el espacio referenciado en Ramón Mestre.
• Identidad y Conducta Radical (IyCR).
• Córdoba Abierta, liderada por Fernando Montoya.
• La denominada Tercera Vía.

Estos sectores sostienen que la renovación de autoridades debe realizarse mediante elecciones internas abiertas a los afiliados y consideran que la prórroga vulnera el espíritu democrático del partido.

Desde Identidad y Conducta Radical, Martín Lucas fue categórico al anticipar que, cualquiera sea el resultado del Congreso, recurrirán a la Justicia Electoral.

Según argumentan, la Carta Orgánica no habilita al Congreso a extender los mandatos y existen antecedentes recientes que respaldarían esa interpretación, entre ellos resoluciones vinculadas al PRO Córdoba y un fallo de la Cámara Nacional Electoral sobre la UCR de Tucumán que reafirmó el principio de que las autoridades partidarias deben surgir del voto de los afiliados.

La Tercera Vía endurece su posición

El sector denominado Tercera Vía elevó el tono político durante una reunión realizada en Mina Clavero.

El encuentro fue encabezado por el intendente de Capilla del Monte, Luis Quiroga, junto al legislador Dante Rossi y contó además con la presencia del exintendente de Bell Ville, Carlos Briner, cuya participación fue interpretada como una señal de distanciamiento respecto de la actual conducción.

Durante esa reunión se lanzó una advertencia dirigida directamente a los congresales oficialistas.

Los dirigentes cuestionaron posibles irregularidades en la integración del Congreso y advirtieron que cualquier decisión que exceda las facultades del cuerpo podría terminar siendo revisada por la Justicia Electoral.

Además, denunciaron que detrás del intento de prorrogar los mandatos existe una estrategia para concentrar el control partidario de cara al armado electoral de 2027.

El oficialismo busca bajar la tensión

Desde el sector que conduce Marcos Ferrer procuran presentar la discusión como una cuestión institucional y minimizar el nivel del conflicto.

La legisladora provincial Alejandra Ferrero sostuvo que el Congreso constituye el máximo órgano de conducción partidaria y que posee legitimidad para resolver la continuidad de las autoridades.

También argumentó que la sociedad no reclama una elección interna sino que espera que el radicalismo concentre sus esfuerzos en los problemas que afectan a los cordobeses.

Además, recordó que numerosos intendentes, legisladores, concejales y dirigentes del interior respaldaron formalmente la continuidad de la actual conducción.

En paralelo, el oficialismo insiste en que la utilización de prórrogas no constituye una novedad dentro de la historia reciente del radicalismo cordobés.

«Siempre se hicieron. ¿Por qué ahora no?», sintetizan dirigentes cercanos a De Loredo.

El liderazgo de De Loredo, eje de la estrategia

Dentro del oficialismo existe una idea que resume buena parte de la lógica política con la que enfrentan esta disputa.

«El sello por sí solo no vale nada. Lo que vale son los dirigentes y la construcción política. Hoy esa construcción tiene un liderazgo claro», sostienen dirigentes alineados con Rodrigo de Loredo.

Esa frase refleja la convicción del núcleo de conducción de que el verdadero activo del radicalismo no reside únicamente en la estructura partidaria sino en el liderazgo político construido durante los últimos años y en el proyecto que busca posicionar a De Loredo como candidato a gobernador en 2027.

Desde esa perspectiva, consideran que la judicialización promovida por algunos sectores minoritarios busca trasladar a los tribunales una disputa que debería resolverse dentro de los órganos partidarios.

Gvozdenovich salió al cruce de la oposición

Uno de los dirigentes que más firmemente defendió la posición oficialista fue el presidente del bloque de legisladores radicales, Matías Gvozdenovich.

El exintendente de Arias cuestionó especialmente a los referentes de la Tercera Vía.

«Briner, Rossi y Quiroga no tienen congresales y quieren ir a la Justicia porque no aceptan el resultado de la elección del sábado», afirmó.

Además, planteó que el Congreso representa la máxima autoridad institucional del partido y cuestionó que algunos sectores anticipen una impugnación antes incluso de conocerse el resultado de la votación.

Un conflicto que probablemente no termine el sábado

Más allá de lo que ocurra durante la sesión del Congreso Provincial, todo indica que la disputa interna continuará.

Si el oficialismo consigue los dos tercios necesarios, la oposición ya tiene decidido acudir a la Justicia Electoral para intentar revertir la decisión.

Si, por el contrario, la mayoría especial no se alcanza, la UCR deberá abrir otra etapa de negociaciones para definir cómo renovar sus autoridades, ya sea mediante una lista de consenso o convocando finalmente a elecciones internas.

Un partido que discute su conducción mientras define su futuro electoral

La discusión que atraviesa hoy al radicalismo cordobés expone una realidad que excede el debate reglamentario. En un contexto de reconfiguración del mapa político provincial y con el horizonte de 2027 cada vez más presente, la conducción partidaria adquiere un valor estratégico para cualquier proyecto de poder.

La resolución del Congreso no solo determinará si Marcos Ferrer continúa al frente del Comité Provincia. También marcará el equilibrio de fuerzas dentro del espacio que lidera Rodrigo de Loredo y pondrá a prueba la capacidad del partido para administrar sus diferencias sin profundizar una fractura interna. Sea en el recinto del Congreso o en los tribunales electorales, la disputa por el futuro de la UCR cordobesa parece haber ingresado en una nueva etapa cuyos efectos probablemente trasciendan la elección de autoridades y condicionen el armado político de los próximos años.