La nueva normativa de seguridad le otorga al ministro un rol protagónico y fortalece su perfil político. En el oficialismo admiten que la Capital sigue siendo el principal desafío electoral y el gobernador vuelve a apostar por una figura extrapartidaria para ampliar su base de sustentación

La aprobación de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos dejó una lectura que excede el plano estrictamente legislativo. Más allá de las herramientas que incorpora para intervenir inmuebles vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas, la iniciativa también se transformó en un movimiento de alto contenido político dentro de la estrategia del gobernador Martín Llaryora para reposicionar al oficialismo en la ciudad de Córdoba.

El principal beneficiario de esa construcción es el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien quedó ubicado en el centro de la escena durante todo el proceso de elaboración y sanción de la norma. Su creciente exposición alimentó las especulaciones sobre un eventual desembarco en la carrera por la intendencia capitalina cuando finalice el mandato de Daniel Passerini.

La seguridad como eje para disputar el voto urbano

Dentro del Centro Cívico consideran que la seguridad pública se convirtió en uno de los temas con mayor capacidad para influir sobre el electorado urbano, especialmente en los sectores medios de la ciudad de Córdoba, donde el oficialismo provincial enfrenta mayores dificultades para consolidar respaldo político.

Ese segmento electoral mostró en las últimas elecciones una marcada inclinación hacia La Libertad Avanza, fenómeno que el llaryorismo busca contrarrestar mediante una agenda enfocada en la prevención del delito, el combate al narcotráfico y una mayor presencia del Estado en los barrios.

En ese contexto, la Ley Antibúnker aparece como una herramienta con doble objetivo: ofrecer una respuesta institucional frente a los reclamos por seguridad y, al mismo tiempo, fortalecer la figura del funcionario encargado de ejecutar esa política.

Una ley con amplio alcance administrativo

La nueva normativa otorga al Ministerio de Seguridad facultades para intervenir frente a inmuebles presuntamente utilizados para la comercialización de drogas, el funcionamiento de aguantaderos o cualquier otra actividad delictiva que represente un riesgo para la seguridad pública.

Entre las atribuciones que incorpora se encuentran:

• iniciar actuaciones de oficio o a partir de denuncias;
• realizar inspecciones;
• intimar a propietarios;
• disponer clausuras preventivas;
• ordenar tapiados y cerramientos;
• bloquear accesos;
• establecer custodias perimetrales.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del texto aprobado es que el ministro no podrá ordenar demoliciones por decisión administrativa. Esa facultad continuará siendo competencia exclusiva del Poder Judicial, que deberá autorizar cualquier demolición mediante resolución de un juez.

Ese límite jurídico reduce el margen de acción del Ejecutivo, aunque no modifica el fuerte impacto simbólico que el Gobierno pretende imprimirle a la política de seguridad.

Un lanzamiento político cuidadosamente diseñado

La centralidad de Quinteros no fue casual.

Durante la presentación oficial del proyecto, Martín Llaryora decidió ubicar al ministro a su lado, enviando una señal interna y externa sobre la importancia que le asigna dentro del gabinete.

En aquella oportunidad, el gobernador sostuvo que los búnkeres representan mucho más que simples puntos de venta de drogas.

Según expresó, constituyen la manifestación territorial del poder narco y, por esa razón, el Estado debe intervenir para recuperar esos espacios y devolver tranquilidad a los vecinos.

La escena fue interpretada dentro del oficialismo como un gesto deliberado para fortalecer el perfil público del ministro, quien desde hace varios meses concentra buena parte de la agenda vinculada a la seguridad provincial.

Un dirigente ajeno al PJ tradicional

La eventual proyección electoral de Quinteros responde además a otra característica que Llaryora considera estratégica.

El ministro no pertenece al Partido Justicialista ni al denominado cordobesismo tradicional. Construyó su carrera política desde espacios opositores y desembarcó en el gabinete provincial como parte de una política de apertura impulsada por el gobernador.

Su apellido, además, mantiene una fuerte identificación con una de las familias tradicionales de la ciudad de Córdoba, un dato que algunos sectores del oficialismo consideran un activo para intentar ampliar la base electoral más allá del voto peronista histórico.

La incorporación de dirigentes extrapartidarios ya había sido una marca distintiva de la gestión de Llaryora tanto en la Municipalidad como en la Provincia. Ahora esa estrategia podría dar un paso adicional si finalmente alguno de esos referentes termina encabezando la oferta electoral del oficialismo en la Capital.

La sucesión de Passerini comienza a mover las piezas

Aunque todavía falta tiempo para la elección municipal, en el Panal admiten que la ciudad de Córdoba continúa siendo el distrito más complejo para el peronismo.

Después de casi tres décadas de administraciones justicialistas consecutivas, el oficialismo enfrenta el desafío de renovar liderazgos en un escenario marcado por el desgaste natural de la gestión y por una oposición que busca capitalizar el malestar de parte del electorado urbano.

Daniel Passerini aún transita la primera parte de su mandato, pero dentro del oficialismo ya comenzaron las conversaciones sobre quién podría representar la continuidad del proyecto político cuando llegue el momento de la sucesión.

Hasta ahora no aparece un heredero consolidado dentro del peronismo capitalino, situación que abre espacio para dirigentes provenientes de otros sectores políticos con buena imagen pública y capacidad de captar votos independientes.

Resistencias internas y una apuesta de riesgo

La posibilidad de que Quinteros se transforme en candidato no genera consenso dentro del peronismo capitalino.

Diversos sectores partidarios observan con cautela el crecimiento de un dirigente que llegó desde fuera del PJ y cuya proyección podría alterar el equilibrio interno de cara a la definición de candidaturas.

Sin embargo, cerca del gobernador sostienen que Llaryora privilegia la competitividad electoral por encima de las pertenencias partidarias y que está dispuesto a impulsar figuras capaces de ampliar la coalición oficialista, incluso si eso implica desafiar las estructuras tradicionales del justicialismo.

En ese marco, la Ley Antibúnker adquiere una dimensión que trasciende la política de seguridad. Mientras su aplicación práctica dependerá de la coordinación entre el Ejecutivo y la Justicia, su impacto político ya comenzó a sentirse dentro del oficialismo. La creciente exposición de Juan Pablo Quinteros alimenta las especulaciones sobre el futuro electoral del espacio y confirma que, en la estrategia de Llaryora, la construcción de liderazgo puede avanzar al mismo ritmo que la agenda de gestión.